viernes. 24.05.2024

El fiscal de la causa por el accidente mortal de la calle Castelar de Santander, en la que en febrero de 2023 murió un joven motorista, ha pedido este viernes a los miembros del jurado que tendrán que deliberar y determinar lo ocurrido que le ayuden a "hacer justicia", por la víctima "y, especialmente, por la seguridad vial de todos". Así lo ha reclamado en la penúltima jornada del juicio, que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, en la que el principal acusado, B.B., el conductor que colisionó con la motocicleta, ha pedido al tribunal que le condenen a una sentencia "justa", para expresar a continuación que "daría lo que fuera" porque el fallecido "estuviera vivo".

Ha sido durante el derecho a la última palabra, que el segundo implicado, A.B., ha declinado ejercer. Se enfrentan, respectivamente, a catorce y cuatro años de cárcel por homicidio y conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida -más otros delitos contra la seguridad vial- que pide para ellos el representante del ministerio público, que cree que la noche de los hechos ambos "se metieron en un tubo malo, maligno, que fue picarse uno con otro" y "la carrera que se echaron" a gran velocidad por la ciudad.

La carrera ilegal ha quedado demostrada por razones de "lógica y física"

El fiscal solo imputa homicidio -con dolo eventual- al primero porque cree que no hizo falta que el segundo le "achuchara" para salirse de la vía, toda vez que, por ejemplo, entró a 136 kilómetros en la calle donde finalmente se produjo el choque, momento en el que circulaba a 97 km/h (el motorista a 44 km/h).

Sin embargo, la acusación particular, que ejerce la familia de la víctima (tenía 19 años), discrepa de la pública en el sentido de que A.B fue cooperador necesario del siniestro y participó "de la misma manera" que B.B. en "el resultado final", de modo que si este último "no se pica", el anterior "no hubiera atropellado" al motorista. Por eso, les pide trece años y ocho meses y doce años y cinco meses de cárcel, por homicidio en concurso con un delito de conducción con manifiesto desprecio a la vida de los demás.

Mientras, las defensas entienden que lo ocurrido fue un homicidio por imprudencia grave, en el caso del principal encausado, cuyo abogado pide tres años de prisión, al considerar que no tuvo "intención" de matar a nadie y que para él no era un resultado "probable", sino "remoto". "Es muy fácil empatizar con la víctima" pero "empaticen también" con los procesados, ha pedido este letrado a los jurados, a los que ha expuesto calificaciones y peticiones de la Fiscalía por otros accidentes, como el de la rotonda de Corbán, el de Suesa, el de ciclista atropellado en Torrelavega o el accidente del Alvia en Galicia, considerados todos ellos homicidios por imprudencia y penados por tanto con menos años de cárcel.

"La vida de todo el mundo vale lo mismo", ha indicado, para reclamar "responsabilidad" al jurado y "no venganza", y que no "castiguen con una pena que no se corresponde" a B.B, que según la petición fiscal estaría más próxima a la condena del cráneo de Castro o del 'rey del cachopo'.

Y el representante legal de A.B. ha admitido que el 3 de febrero de 2023 sobre las 22:00 horas su circulación no era "reglamentaria" o "correcta", por lo que solicita seis meses de prisión por conducción temeraria, por exceso de velocidad y dar positivo en sustancias. "Pero de ahí a pretender involucrarle en un accidente mortal va un trecho muy grande", ha avisado este abogado, para quien está "fuera de lugar" la coautoría de su cliente, pues "no participó en modo alguno en el resultado fatal" ni tampoco en la "causación del accidente".

HACER JUSTICIA

En la quinta y penúltima sesión del juicio, que continuará el lunes a las 9.30 horas con la entrega del objeto del veredicto al jurado, el fiscal ha indicado a los integrantes del tribunal que él, una vez practicada toda la prueba, ha dejado de ser una parte "neutral" o imparcial y lo que busca es "hacer justicia", que no "venganza", por lo que les ha pedido ayuda, por la víctima y por "la seguridad vial de todos".

Según ha expuesto en sus informes finales el representante del ministerio público, que es delegado de Seguridad Vial de la Fiscalía de Cantabria, concurren en ambos procesados delitos comunes: la conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida, a una velocidad superior en 60 km/h a la permitida, y bajo la influencia de drogas, concurriendo en el principal acusado la agravante de reincidencia, por condenas anteriores de tráfico.

Cree que la temeridad está "bastante probada", atendiendo al exceso de velocidad con el que ambos circularon a lo largo de un kilómetro por el centro de Santander, según informes de la Policía Local y Guardia Civil, y que en su opinión es "impactante". "Se metieron en un tubo malo, maligno, que fue picarse uno con otro", ha lamentado esta parte, que ha enfatizado que "nadie" les obligó a conducir así esa noche.

Y cree que B.B. cometió además un homicidio porque puso "todos los medios y los mantuvo" para que se produjese el accidente y su resultado, fundamentalmente la velocidad, fruto de la cual perdió el control de su vehículo (un Audio negro). Así, entrando a 136 km/h en Castelar, "¿cómo no se iba a salir el coche? ¿En qué cabeza cabe que no se iba salir?", se ha preguntado el fiscal, para responder que en esas circunstancias "el milagro hubiera sido no salirse".

Sobre esto, considera que no hay prueba que acredite que A.B. (que iba en un Golf) "cerrara el paso" a B.B., y tampoco vestigios de golpe entre los coches. Punto en el que discrepa la acusación particular, que cree que el segundo encausado fue cooperador necesario, desde que de forma "consciente, deliberada y libre" decidió competir en base a una "especie de acuerdo" entre ambos. "No es un tercero ajeno. Dominaba la acción al principio y durante (la misma)" y hubiera podido evitar el final", ha sostenido esta parte.

A ojos de este legrado, la carrera ilegal ha quedado demostrada por razones de "lógica y física", como el que circularan en paralelo por algunos tramos, y por la "robustez" y "contundencia" de la prueba pericial de los agentes, a las que da "fiabilidad absoluta". Según ha añadido, de sus informes se desprende que los dos enjuiciados mantuvieron una conducta "prolongada en el tiempo y proyectada en el espacio", con la que pusieron "en gravísimo riesgo la seguridad de cualquier usuario de la vía".

Este letrado, que ha aludido a las "groseras contradicciones" de la novia de A.B., que iba de copiloto con él, ha incidido en la "frenada de emergencia" que realizó su coche "tres segundos antes" del accidente, cuando vio al otro turismo perder el control, y sin haber hecho en ningún otro momento alguna maniobra para "evitar" el siniestro.

Pero la defensa de este segundo implicado ha negado la coautoría de su patrocinado, que está "fuera de lugar" y no comparte además que B.B. haya cometido un homicidio doloso, sino por imprudencia. También ha discutido algunas velocidades y ha rechazado que estuvieran compitiendo, más si se tiene en cuenta que "todas las pruebas acreditan" que A.B. aminoró su marcha al entrar en la rotonda de Puertochico, anterior a Castelar. Y previamente, ha indicado, en el Paseo de Pereda, no adelantó a B.B., sino a otro vehículo, en tanto que "en ningún momento" perdió el control de su vehículo.

Finalmente, la defensa del principal procesado ha expuesto "dudas muy importantes" en diferentes aspectos tras la prueba practicada y ha recordado que el veredicto debe basarse en "certezas", siendo "la clave" la intencionalidad y, también, si era probable lo que pasó una posibilidad remota. Ha evidenciado que circular a una velocidad superior a la establecida "no es patente de corso para meter" todo lo demás, como el dolo eventual que achacan el fiscal y la acusación particular y "no lo piensan ni ellos", ha remachado.

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