El exconcejal de Obras y Servicio en el Ayuntamiento de Reinosa condenado a dos años de cárcel por incorporar casi 23.400 euros del Ayuntamiento a su patrimonio recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
El que fuera edil en el Consistorio campurriano entre 2011 y 2012, cuando sucedieron los hechos, así lo ha avanzado a esta agencia tras conocerse el fallo, dictado por el presidente de la Sección Tercera de la AP que presidió también el tribunal del jurado que enjuició los hechos el pasado mes de julio.
De acuerdo con el veredicto, que consideró a García culpable de un delito continuado de malversación de caudales públicos pero no de falsificación -de facturas-, el magistrado ha impuesto al acusado dos años de prisión, seis meses menos que el tiempo que pedía el fiscal.
En el fallo, notificado este viernes y que no es firme, toda vez que cabe apelar ante la Sala de lo Penal TSJC como hará el procesado, también ha establecido cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho del sufragio pasivo -presentarse como candidato en procesos electorales-.
La mayoría de los jurados (siete de nueve) declararon a García culpable de efectuar diversas transferencias desde una cuenta bancaria en la que se había ingresado dinero del Consistorio a otras de su titularidad, hasta un total de 23.393 euros que incorporó a su patrimonio y que no han sido devueltos.
Tras la vista oral, celebrada durante semana y media y en la que el acusado ejerció su propia defensa -se licenció en Derecho a raíz de este pleito-, el tribunal concluyó que se concertó con dos personas -vecinos del municipio y luego denunciantes- para abrir la citada cuenta en la que se ingresó dinero que la administración local pagaba por obras que supuestamente ambos realizaron y después se transfería a su cuenta personal.
Al fijar la pena, el juez ha tenido en cuenta la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, interesada por la defensa y la acusación pública. Además, en concepto de responsabilidad civil, le condena al procesado al pago de una indemnización de 23.393 euros al Ayuntamiento reinosano.
Por otro lado, la resolución le absuelve del delito de falsedad en documento mercantil por el que estaba acusado por la Fiscalía, de acuerdo con el veredicto. Y es que el jurado concluyó que no había confeccionado facturas falsas a nombre de una empresa inventada para cobrar los trabajos encargados a los dos hermanos de la localidad que tiempo después denunciaron los hechos.
El procesado alegó en su defensa durante el plenario que las transferencias realizadas desde la cuenta de los hermanos a la suya respondían a la devolución del préstamo de 10.000 euros que les había realizado. Sin embargo, el dinero transferido por el Ayuntamiento a la cuenta asciende a 23.393 euros y el total de disposiciones de la misma a favor del acusado, a 42.627 euros.
Así, si el préstamo documentado ascendía a 10.000 euros "es evidente" que "existe una diferencia que no se explica", señala el magistrado, para quien "no cuadran las cuentas". "El acusado, en su condición de concejal de Obras y Servicios, articuló un medio para lucrarse con el dinero que, autorizado por él mismo, salió de las arcas del Ayuntamiento en dirección a una cuenta en la que él mismo estaba autorizado para disponer -con la anuencia de los titulares- y que, en virtud de tal autorización, terminó, en todo o en parte, en su propio patrimonio".
