Los dos exaltos cargos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) condenados a 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación en contratos menores en su etapa en el puesto recurrirán la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ante el Supremo.
Y es que tanto el subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del SCS durante la anterior legislatura, Francisco Javier González, como el entonces director de la Gerencia de Atención Primaria, Alejandro Rojo, han anunciado a través de sus representantes legales la interposición de recurso de casación ante el TS, según han informado a Europa Press fuentes próximas al caso.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJC confirmó en enero el fallo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, desestimando íntegramente los recursos de apelación interpuestos por ambos procesados, a los que el alto tribunal cántabro impuso además el pago de las costas procesales.
Los dos exaltos cargos fueron condenados por la Audiencia en marzo de 2021 -tras el juicio celebrado en febrero- por prevaricación en contratos menores, figura a la que acudieron de manera "deliberada" e incluso "reiterada" en su etapa en el cargo la pasada legislatura.
En el caso de González, se le considera autor de un delito de prevaricación administrativa continuado, y en el de Rojo de no continuado, ya que su actuación se limitó a un único hecho, por el fraccionamiento de contrataciones de obras y servicios en el organismo sanitario.
El primero solicitó al TSJC su absolución y, de forma subsidiaria, una pena menor; mientras que el segundo pidió su absolución y, subsidiariamente, la anulación del juicio.
Posteriormente González impugnó el recurso de Rojo y el Partido Popular, que ejerce la acusación particular y pedía 15 años de inhabilitación para cada uno, impugnó ambos recursos, interesando su desestimación íntegra y la condena a costas de los recurrentes. En sus recursos, los exaltos cargos argumentaban, entre otros motivos, error en la valoración de la prueba y vulneración del principio de presunción de inocencia, que el TSJC descartó, compartiendo en su totalidad las conclusiones de la sentencia de la Audiencia Provincial.
González, con experiencia en la gestión económica administrativa, y Rojo, médico de profesión, desempeñaron sus cargos bajo el mandato de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad desde 2015 y hasta 2018, año en el que dimitieron -junto al entonces gerente del SCS, Julián Pérez Gil- al salir a la luz las presuntas irregularidades.
Fueron denunciadas por la jefa del Servicio de Contratación en aquel momento, y apreciadas en contratos menores para el mantenimiento y pintado de centros de salud y las obras de ampliación del Hospital Virtual de Valdecilla, así como en la compra de 22 ecógrafos para otros tantos ambulatorios, y en las asistencias técnicas a un consultor externo, Álvaro Sáez de Viteli, ya fallecido y al que la jueza instructora imputaba el mismo delito.
Para el TSJC, la actuación de los exresponsables del SCS "supone una flagrante vulneración de los principios constitucionales que conforman la actuación de la administración en un Estado de Derecho".
"Dichos funcionarios públicos, de forma injusta y arbitraria, eludieron la incoación del procedimiento administrativo adecuado para la contratación de los servicios, obras y suministros que allí se describen, acudiendo de forma deliberada y, además, reiterada en el caso del subdirector de Gestión Económica, a un expediente inadecuado, como es el previsto para los contratos menores", señala la sentencia que van a recurrir ante el Supremo.
