Tras conocerse que el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cantabria) ha apreciado indicios de delito tras la instrucción de su querella contra su excompañero José Ramón Blanco –actualmente parlamentario autonómico del grupo mixto– y ha ordenado que la causa siga abierta, la parlamentaria autonómica de Podemos Cantabria Verónica Ordóñez se ha mostrado cautelosa porque la resolución no es firme, pero también ha reconocido que está "satisfecha" por el auto. En declaraciones a Europa Press, Ordóñez ha señalado que el auto le "da esperanzas", pues supone que tras la investigación judicial realizada se ha concluido que existen indicios de que, como denunció, ha sido “víctima de un trato degradante de forma continuada y premeditada por parte de una persona con la que trabajaba”, en referencia a Blanco. “En este caso un político, pero podía haber tenido cualquier otra profesión; espero que al menos, y hasta que esto se resuelva, se nos deje de cuestionar a las víctimas como se ha venido haciendo”, ha apuntado. La parlamentaria de Podemos Cantabria ha asegurado asimismo que el trato recibido por parte de Blanco le ha “menoscabado” su salud “hasta causarle lesiones psicológicas” que ahora se tiene que estar “tratando”.
Por su parte, Blanco no ha querido realizar valoraciones, al considerar que la transformación del auto en proceso abreviado es normal dentro del procedimiento.
La causa por la querella de Ordóñez contra Blanco está en el TSJC por la condición de aforado del querellado, que anunció su dimisión como parlamentario autonómico el pasado 8 de octubre –precisamente tras hacerse públicas las tres denuncias internas por acoso presentadas por otras tantas mujeres vinculadas a Podemos, denuncias que incluyen grabaciones y por las que la Dirección estatal del partido le abrió otros tantos expedientes–, pero que casi cinco meses después sigue sin dimitir. Fuentes de la causa han confirmado que si la causa se demora hasta la próxima legislatura, Blanco dejaría de tener esa condición de aforado al dejar de ser parlamentario autonómico, con lo que la querella podría pasar a ser llevada por un juzgado ordinario.
