Los tres responsables de mantenimiento del Puerto de Santander acusados de apropiarse de dinero procedente de la venta de material de desecho del recinto portuario han negado los hechos y han explicado que en su área de trabajo sólo se generaba chatarra de los recortes del taller, que supondría al año unos "500 o 600 euros" y que se gastaban en comidas de empleados y jubilaciones. Además, en el juicio con jurado que ha comenzado hoy lunes contra ellos en la Audiencia de Cantabria han defendido que no tenían "ninguna facultad" para administrar la chatarra más allá de "un encargo" que les hicieron sus superiores para el vaciado de la antigua nave de Solvay cuando se iba a derribar. En ese caso, los acusados han explicado que los empleados llevaron a la chatarrería los materiales que había en la nave y allí les entregaron unos vales de pesada para que el Puerto los facturara, por lo que no habrían estado en contacto con el dinero.
El abogado del Estado insiste en que se trata de un caso "de corrupción" y "muy relevante"
Sin embargo, según la Fiscalía, los empleados del Puerto subordinados a los acusados se encargaban de llevar a tres chatarrerías los materiales, y después les entregaban el dinero que les pagaban por ellos. De este modo, durante los casi tres años que duró esta práctica, de 2009 a 2011, habrían obtenido 25.738 euros, de los que solo se ingresaron en caja 3.800 euros. Así, en la sesión de hoy el fiscal ha dicho que cuando se habla de chatarra "parece que es poca cosa", pero "tiene un valor y un propietario", y ha destacado que aunque los casi 22.000 euros de los que se les acusa haberse apropiado no suponen una cantidad "abrumadora, ni para hacerse rico", se trata de dinero público. En la misma línea, el abogado del Estado que representa a la Autoridad Portuaria –que también ejerce la acusación particular– ha insistido en que se trata de un caso "de corrupción" y "muy relevante", ya que los acusados "tenían un sistema por el cual se embolsaban los beneficios de la venta de chatarra" y esas cantidades "nunca" se ingresaron en las arcas del Puerto. Así, ha hecho hincapié en que lo hicieron en su condición de empleados públicos y daban órdenes a los empleados para que les entregaran el dinero en metálico, aunque "para taparlo" sí que ingresaron "ciertas cantidades". Además, ha dicho que el dinero defraudado era "muy superior a lo gastado en comidas", aunque ha considerado que "también estaría mal hecho porque es dinero público". Por ello, tanto la Autoridad Portuaria como el Ministerio Fiscal consideran los hechos un delito de malversación de caudales públicos y solicitan una condena de cuatro años de prisión para cada uno de los acusados e inhabilitación para empleo público de diez años.
Por el contrario, los letrados de la defensa consideran que "no existe delito alguno" porque "no se cumplen los requisitos de malversación", como que los acusados sean funcionarios o que tengan facultades sobre el patrimonio supuestamente malversado. En este sentido, han indicado que no son funcionarios, sino personal contratado, y que no tenían "ninguna facultad" en el manejo de la chatarra excepto en esos meses en los que se encargaron del desmantelamiento de la nave de Solvay, además de que solo se ocupaban de "recuperar los vales de pesada". Además, han añadido que la Autoridad Portuaria facturó esos vales por unos 6.000 euros y se han preguntado "dónde está esa chatarra" restante hasta los 21.000 euros que indica la acusación, que "nadie se ha atrevido a decir su procedencia ni donde estaba", por lo que han considerado que "no existe". En cuanto a las comidas de empleados, tanto los acusados como sus abogados han aclarado que se hacían "una o dos veces al año" con el dinero procedente de la chatarra generada en el taller –unos 500 o 600 euros al año–, e incluso "a veces había que poner dinero". Asimismo, han insistido en que era una "práctica conocida y permitida" por sus superiores, a la que asistían entre 10 o 15 personas del área de mantenimiento –albañiles, fontaneros, mecánicos, etcétera–.
El juicio continuará mañana martes con la prueba testifical, en la que declararán testigos como los empleados subordinados de los acusados, los chatarreros o policías portuarios. A continuación, este miércoles, 26 de junio, se darán a conocer las conclusiones e informes finales y este jueves, 27 de junio, la deliberación y el veredicto del jurado.
