Agentes de la Policía Nacional han detenido a 22 integrantes de la organización ecologista Futuro Vegetal por conformar una estructura criminal y causar daños al patrimonio por valor de más de medio millón de euros, ha informado este viernes la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.
Los arrestos se realizaron de forma coordinada el mes de diciembre en las ciudades de Madrid (7 de ellos), Barcelona, Cádiz, Murcia, Elda (Alicante), Zaragoza, Granada, Valencia, Soria, Santander y San Sebastián. Entre los detenidos de la llamada operación Spora de momento -no se descartan nuevos arrestos- se encuentran sus tres máximos responsables, quienes coordinaban y dirigían el colectivo como una organización criminal.
Dos de ellos, una pareja formada por un hombre de 31 años y una mujer de 26, fueron arrestados el 1 de diciembre en una caravana en la que vivían en el Pirineo francés. En ella, tras la correspondiente orden judicial, los agentes requisaron mucha documentación y ordenadores y dispositivos electrónicos de la banda, han indicado a Europa Press fuentes policiales.
LA INVESTIGACIÓN
La investigación arrancó en enero de 2022, tras el lanzamiento de pintura por parte de varias personas contra la fachada del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en Madrid. Desde entonces, miembros de este colectivo actuaron en otros puntos de España realizando, entre otros hechos delictivos, nuevos lanzamientos de pintura a edificios y obras artísticas en museos, cortes de circulación en carreteras o accediendo a pistas de diferentes aeropuertos.
El avance de las pesquisas policiales constató que esta organización estaba compuesta por un elevado número de integrantes, con un claro reparto de tareas, coordinados por líderes -conocidos como 'dinamizadores'- quienes poseían roles directivos y recibían remuneraciones por sus responsabilidades.
Su actividad reiterada y sostenida en el tiempo consiguió, a su vez, establecer relaciones, a nivel internacional, con otros colectivos similares que ya fueron asociados en sus países de origen con organizaciones criminales.
La investigación policial puso de manifiesto que esta organización, que nació como escisión de Extincion Rebelion, recibió más de 140.000 euros en donativos a través de sus páginas webs, parte de los cuales fueron, presuntamente, recibidos por sus líderes por coordinar la actividad delictiva.
DAÑOS
A este colectivo se le atribuyen 65 hechos cometidos por toda España -y alguno también en el extranjero-, 29 de ellos en la Comunidad de Madrid, entre ellos el lanzamiento de pintura a las fachadas del Congreso de los Diputados y otros edificios y el corte de la circulación en carreteras de circunvalación de Madrid, con el consiguiente peligro para los usuarios.
Fueron destacados y tuvieron mucha repercusión mediática daños a obras artísticas del Museo del Prado, al pinar en la pinacoteca y pegarse a los cuadros de las Majas de Goya. También dañaron otros medios privados, irrumpieron en la final de una Copa del Rey de fútbol y en el acceso a las pistas de los aeropuertos de Ibiza y Madrid-Barajas, provocando el cierre temporal de las mismas.
Otras de sus acciones fueron rociar en Ibiza con extintores un gran yate perteneciente a una de las mujeres más ricas del mundo, también pintaron con carbón la fachada de un centro comercial en Barcelona esta Navidad o cortaron un día los accesos de camiones a Mercamadrid. El coste total de los daños causados se estima en más de 500.000 euros, sin cuantificar los desperfectos causados al patrimonio artístico.
Por estos hechos, los 22 arrestados pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, daños, daños contra el patrimonio histórico, contra la seguridad vial y del tráfico aéreo, atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos.
El caso policialmente lo ha llegado la Brigada de Información de Madrid, en coordinación con la Brigada Central y de otras provincias, que da por desmantelada la banda al terminar también con su aparato financiero. Judicialmente, se ha hecho cargo el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, que ya investigada los daños producidos en el Museo del Prado, han indicado las mismas fuentes.
CESE DE LA CRIMINALIZACIÓN
Izquierda Unida en Cantabria pide que cese la criminalización de los movimientos sociales y ha mostrado su apoyo al joven activista cántabro que se encuentra entre los 22 detenidos por la Policía Nacional por pertenencia a organización criminal por sus acciones de denuncia de las consecuencias del cambio climático.
El coordinador de Izquierda Unida en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha advertido contra la “preocupante deriva de criminalización de los movimientos sociales y el tejido asociativo” que en este caso se ha centrado en la organización Futuro Vegetal. “En un momento de preocupación por el medio ambiente, como estamos viendo con la llegada de las bolitas de plástico vertidas al mar y que llegan a nuestras playas, se evidencia nuevamente la necesidad de un compromiso activo a todos los niveles. No puede ser que justo se cargue contra quienes se organizan y luchan por un futuro mejor para las personas y el planeta”, ha aseverado Ruiz Salmón.
Para el dirigente de la formación de izquierdas, la acusación de pertenencia a “organización criminal” es “una consideración ridícula y carente de sentido", ya que el fin de Futuro Vegetal no es “cometer delitos” como se define en el Código Penal, sino exigir soluciones urgentes ante la crisis ambiental y sus acciones tienen siempre un carácter pacífico y no violento”.
En este sentido, ha incidido en que “aplicando ese criterio, hubieran sido criminales las sufragistas, las feministas, los sindicalistas o los defensores de la democracia”, por lo que pide a la Policía que “evite que en unos años sintamos bochorno por su acción”, exigiendo a cada autoridad competente que se retiren todos los cargos y sanciones a las personas activistas de Futuro Vegetal detenidas; el cese la criminalización de los movimientos sociales, la derogación de la Ley Mordaza y que se revise la aplicación del Código Penal.
Al respecto, Ruiz Salmón ha recordado casos sucedidos en Cantabria, como el juicio a dos activistas antidesahucios o a los estudiantes de Preguntar No Es Delito, así como su propia detención hace años cuando participó en una concentración pacífica antirracista en Bruselas.
