Colectivos vecinales afectados por los proyectos de polígonos eólicos en Cantabria han denunciado que el Gobierno regional quiere "pasar por encima" de la voluntad de los pueblos del centro y sur de la comunidad autónoma para "facilitar la especulación" a las promotoras de la burbuja eólica.
Así lo han señalado este lunes Marina Sainz de La Maza, Mónica González, Fernando Garrido y Alejandro Isidro, cuatro miembros de los colectivos, que han rechazado la "imposición" de estos polígonos eólicos, que afectan a "más de la mitad" del territorio y solo traerán "la destrucción del patrimonio natural y cultural, una hipoteca para el desarrollo comarcal y más despoblamiento".
"Es evidente que el Gobierno de Cantabria, con los consejeros de Medio Ambiente y de Obras Públicas a la cabeza, está intentando pasar por encima de la voluntad popular de los vecinos directamente afectados, así como de los distintos colectivos que reclamamos salvaguardar el patrimonio agroganadero, natural y cultural de nuestros montes", han criticado.
Así, han asegurado que el rechazo a la "imposición" de polígonos eólicos proyectados en Cantabria es "mayoritario". De esta forma, el colectivo tiene la intención de paralizar todos los parques eólicos que cuentan con informe favorable en la región que son, además de El Escudo que ya está en vía judicial, Bustatur, Somaloma-Las Quemas, Campo Alto-La Costana y Cuesta Mayor; además de "los que vengan".
PARQUE EÓLICO DE EL ESCUDO
En concreto, se han referido al proyecto eólico de El Escudo, "un atentado social, ambiental y cultural en toda regla", en el que en los últimos quince días "la mayoría" de los concejos propietarios de los montes afectados han reafirmado su negativa a la concesión de la ocupación de sus terrenos, al tiempo que las juntas vecinales y los ayuntamientos afectados recibían la autorización para la realización de sondeos.
Según han censurado, el Ejecutivo autonómico ha autorizado a la empresa a realizar perforaciones de hasta 30 metros de profundidad, a pesar de las alegaciones presentadas por la presencia de turberas, "la falta" de un estudio hidrológico completo que "pone en peligro" manantiales y ríos, la existencia de un campamento romano en la cumbre del Mediajo Frío o "el incumplimiento" de la Ley de Montes que prohíbe el cambio de uso forestal de terrenos que hayan sufrido incendios en los últimos 30 años.
"¿Cuánta legislación más va a tenerse que saltar este Gobierno regional para implantar este ilegal polígono eólico?", se han cuestionado los miembros, que han afirmado que "está tramitado de forma ilegal desde su propia tramitación administrativa", que el Ejecutivo "no lo hizo público" y, por lo tanto, no pudieron presentar alegaciones.
También han denunciado las "actuaciones ilegales" llevadas a cabo por el Gobierno cántabro para permitir los sondeos y la ocupación de los terrenos. En este sentido, han avanzado que ya están trabajando en presentar medidas cautelares y se movilizarán cuando lleguen las máquinas al monte para tratar de paralizar dichos sondeos porque "es ilegal" dado que "no tienen permiso" ni de los propietarios ni del Ayuntamiento.
CAMPAÑA DE MICROMECENAZGO
Para luchar contra la "imposición" de los parques eólicos, los colectivos vecinales continúan con la campaña de micromecenazgo o 'crowdfunding', puesta en marcha en noviembre en la plataforma GoFundMe, con la que la sociedad puede contribuir a conseguir fondos para la defensa jurídica contra su instalación.
Si bien han iniciado la campaña con el objetivo de recaudar 6.000 euros, han explicado que los costes judiciales por cada parque varían entre los 1.000 y los 10.000 euros, por lo que han cifrado en unos 100.000 euros el gasto total para recurrir parque por parque.
