El Defensor del Pueblo tramitó en 2022 un total de 363 expedientes de queja de Cantabria, 22 más que el año anterior, y que suponen el 1,19% del total de las gestionadas en todo el país.
Así se recoge en el informe anual de actividad que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha registrado este lunes en las Cortes Generales, y que le ha entregado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.
Los asuntos más numerosos en la región fueron los relacionados con la administración de justicia, con 43 quejas; interior (32); medio ambiente (30); función y empleo público (22); impuestos (19); urbanismo (18), y sanidad, empleo y seguridad social y actividad económica, cada uno de estos tres ámbitos con 16.
A continuación, le sigue educación, con 13 quejas; política social (12) y migraciones y administración local, con 9 cada una. También se presentaron quejas rrelacionadas con servicios públicos esenciales (8); centros penitenciarios (6), vivienda (5), transparencia, asilo y asuntos exteriores (con 4 cada uno), y cultura y otros ámbitos, 3. Además, hay 22 en estudio.
DETENCIÓN "NO JUSTIFICADA" DE LA GUARDIA CIVIL A UN TRANSEXUAL
En el informe, el Defensor del Pueblo se hace eco de varios asuntos que atañen a Cantabria, entre ellos, el caso de una persona transexual que interpuso una queja en la que denunciaba haber sido "tratada indebidamente por agentes de la Guardia Civil". En ella, indicaba que los agentes debieron aplicar, antes de su detención, el protocolo de actuación para los delitos de odio y señalaba que, además de no hacerlo, ellos mismos incurrieron en un "comportamiento discriminatorio".
El Defensor del Pueblo explica que estos hechos fueron enjuiciados por el Juzgado de lo Penal Número 3 de Santander y, posteriormente en apelación, por la Audiencia Provincial de Cantabria, que dio la razón a la interesada al apreciar "que se había efectuado una detención no justificada".
Otros asuntos relacionados con Cantabria en los que ha intervenido el Defensor del Pueblo han estado relacionados, por ejemplo, con la retirada del amianto; medidas en los puntos de encuentro familiar; las quejas por el "impacto acústico" de las carreteras estatales en la comunidad autónoma, o inundaciones en la vía pública en Alfoz de Lloredo.
Concretamente, el Defensor del Pueblo ha sugerido a la Consejería de Medio Ambiente, al igual que ha hecho en otros territorios, que adopte las medidas necesarias para "agilizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en cuanto a la retirada del amianto" de instalaciones y emplazamientos que contengan este material tóxico, cuya utilización en España está prohibida desde 2002.
Así pide a la Consejería que establezca "criterios orientativos" para la elaboración de un inventario de instalaciones que contengan amianto y el calendario de retirada y que, además, se los traslade a los ayuntamientos para facilitar con ello el cumplimiento de sus obligaciones.
Recuerda que la nueva legislación estatal, introducida por la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece el plazo de un año para que los ayuntamientos elaboren un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto y un calendario para su retirada, el cual concluye el 10 de abril de este año.
En otro orden de cosas, también ha pedido a la comunidad autónoma que establezcan "las medidas normativas y reglamentarias que se consideren adecuadas para que los responsables de los puntos de encuentro familiar propongan al juzgado, y recaben su autorización antes de ser adoptada, cualquier otra medida diferente a la que hubiera adoptado el juez previamente, que pueda incidir en el cumplimiento de la resolución judicial que ordena la relación de familia".
Por otra parte, informa de una sugerencia realizada al Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo para que proyecte y ejecute las obras necesarias en el servicio de alcantarillado para evitar las inundaciones que se producen en la vía pública, así como que tramite el procedimiento de responsabilidad patrimonial por los daños causados en una vivienda del municipio.
También, entre otros asuntos, cita el informe promovido por el Gobierno de Cantabria sobre el riesgo de abuso y de explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes en los centros de acogimiento residencial del sistema de protección a la infancia, "aún no concluido".
Además, da cuenta de las medidas que se están adoptando en la comunidad autónoma para evitar el solapamiento de la Renta Social Básica, prestación autonómica, y el del Ingreso Mínimo Vital, de ámbito estatal.
