El Defensor del Pueblo español ha intervenido en Cantabria respecto a una queja que pedía someter a comprobación ambiental los proyectos que se declaren de interés de la Comunidad Autónoma cuando puedan ser causa de molestias, riesgos o daños para las personas, sus bienes o el medio ambiente y no precisen de Autorización Ambiental Integrada ni Declaración de Impacto Ambiental. La institución ha recomendado a la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social que así se haga.
También ha formulado dos recomendaciones a esta Consejería pero en la parte social. Se derivan de la queja de una persona sobre la imposibilidad de visitar a su madre en el Centro de día de Castro Urdiales. La madre está incapacitada y la tutora no autoriza a que reciba ningún tipo de visitas sin su previo conocimiento y consentimiento. El Defensor pide suprimir la práctica existente en los centros de impedir o restringir las visitas y las comunicaciones de los usuarios con familiares y allegados "por la simple indicación de los tutores", exigiendo de éstos "justificación suficiente y autorización judicial". La institución pide comunicar la existencia de estas visitas al Ministerio Fiscal, a efectos de que se adopten las medidas de protección pertinentes.
Los "obstáculos" del Tribunal Económico-Administrativo de Cantabria que impiden a éste cumplir el plazo legalmente establecido para resolver las reclamaciones es objeto de otra queja, y la recomendación de la institución es "remover los obstáculos" que impidan cumplir los plazos de la Ley General Tributaria para resolver las reclamaciones económico-administrativas.
En el ámbito de la Consejería de Presidencia y Justicia, el Defensor recomienda impartir instrucciones para que el personal que trata con menores extranjeros no acompañados explique de manera sencilla cuáles son los derechos del solicitante de asilo y los supuestos que ampara; arbitrar soluciones para que los solicitantes de protección internacional puedan percibir ayudas públicas; e impartir instrucciones a los servicios sanitarios para que los solicitantes de asilo puedan acudir a consultas con médicos especialistas, aunque sea fuera del período de vigencia de la tarjeta temporal y el procedimiento de asilo continúe en trámite.
En el marco del Servicio Cántabro de Salud, el Defensor recomienda promover actuaciones para incorporar en la normativa de garantía de plazos de respuesta quirúrgica el procedimiento de implante de prótesis de mama y reconstrucción a las mujeres que han sufrido una mastectomía; y reducir la actual demora en el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Valdecilla en la realización estos procedimientos ya programados.
El Defensor también formula una recomendación a la Universidad de Cantabria (UC), que es incluir en las normas de procedimientos de admisión de los estudios de máster y de doctorado en el curso 2017-2018 y posteriores la reserva de al menos un 5% de las plazas a los estudiantes afectados de discapacidad.
Otras recomendaciones se refieren a quejas del ámbito del Ayuntamiento de Santander, en un caso estableciendo la necesidad de dar prioridad a menores o personas con discapacidad en los informes sociales para el sistema de garantía alimentaria; mientras en otro pide crear o reforzar un sistema de garantía alimentaria, especialmente en periodos no lectivos, para las familias con menores en situación de mayor vulnerabilidad, mediante fórmulas como la apertura extraordinaria de comedores escolares, el establecimiento de campamentos de verano, la asignación de cheques-alimentos o tarjetas sociales de prepago.
Sugerencias y recordatorios
Por otro lado, el Defensor realiza sugerencias, muchas de ellas relacionadas con ruidos o actividades molestas, a varios departamentos como el Ministerio de Fomento, al que anima a aprobar y ejecutar a la mayor brevedad el Plan de Acción correspondiente al nuevo mapa de ruido de la autovía S-10 en Camargo, que incluya medidas correctoras para asegurar el cumplimiento de los valores límite de ruido.
Otra sugerencia relacionada con el ruido afecta al Ayuntamiento de Santander, al que reclama intensificar los controles municipales en la zona de Cañadío, reforzar el cuerpo de policías creado para el botellón, y adoptar medidas preventivas en la plaza y calles adyacentes para impedir el consumo de alcohol en la vía pública y dispersar las aglomeraciones de personas. También insta al Ayuntamiento a valorar la posibilidad de iniciar el procedimiento para declarar esa zona como acústicamente saturada ante la contaminación que ocasionan las actividades de ocio y la aglomeración de personas cada fin de semana.
En relación a los recordatorios, el Defensor recuerda a la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social que en el Centro Socioeducativo Juvenil de Cantabria en Maliaño (Camargo) se mantienen archivados los expedientes personales de menores ya puestos en libertad cuando la ley establece que, una vez finalizada la estancia en el centro, deberán remitirse a la entidad pública todos los documentos relativos al menor para que se integren en su expediente personal, sin que pueda quedarse el centro con copia alguna.
El Defensor del Pueblo recibió en 2016 un total de 196 quejas procedentes de Cantabria, 20 menos que el año anterior (-9,2%) y que suponen el 1,2% del total de España. Además, no hubo ninguna solicitud de interposición de recurso de inconstitucionalidad, en la misma línea de 2015, según el informe anual de la institución que ha entregado este martes en el Congreso la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. Del total, la mayoría de los expedientes correspondían al área de la Administración de Justicia (23), seguida de la actividad económica (21), educación (18), medio ambiente (16), función y empleo público (15); asuntos de interior, migraciones e impuestos, con 11 casos cada una de las tres; servicios públicos y esenciales, y en estudio (10 en cada uno de los dos ámbitos); nueve a urbanismo y otros nueve a Administración Local; ocho a política social; seis a cultura y otros ámbitos; cinco a sanidad y otros cinco a empleo y Seguridad Social; tres a igualdad de trato y tres a vivienda; y dos a centros penitenciarios.
