El titular del Juzgado de lo Social número 5 de Santander ha declarado improcedente el despido de una trabajadora de la Mancomunidad de Servicios Costa Occidental, a la que ha ordenado readmitir a la empleada afectada o indemnizarla con más de 42.000 euros.
El despido disciplinario derivó de un expediente sancionador por parte de la entidad de servicios cuando la empleada, con contrato indefinido y quince años de antigüedad, no se reincorporó a su puesto tras una incapacidad temporal que aún estaba en revisión. En concreto, causó baja por una incapacidad temporal durante un año, de noviembre de 2019 al mismo mes de 2020. Dos días antes de reincorporarse a su puesto, y después de haber disfrutado de las vacaciones correspondientes, presentó una nueva solicitud de baja médica al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por recaída.
Fue informada por distintos medios -el INSS y su gestoría- de que no tendría que volver al trabajo hasta la resolución, aunque sería probable que se quedara sin sueldo todos esos días. Ese extremo fue comunicado por mensaje de WhatsApp a la empresa, que estuvo así informada aunque mostró oposición. De este modo, la demandante no se presentó a trabajar y ese mismo día un concejal del Ayuntamiento de Comillas dirigió un escrito al presidente de la Mancomunidad solicitando la apertura de expediente disciplinario, que desembocó el despido declarado ahora improcedente.
El juez ha estimado la demanda de la empleada y ha condenado a la entidad a readmitirla o indemnizarla con 42.304 euros en caso de no querer volver a su puesto de trabajo, según la sentencia, consultada por Europa Press. En su resolución, el magistrado destaca por un lado que la demandante "se asesoró" y, por otro, que la empresa estuvo "informada en todo momento de la situación". Concluye así que "existió una situación dudosa, o racionalmente dudosa, por poco tiempo y debidamente comunicada a la empresa, que desde luego es disconforme con la idea de una voluntad rupturista de la relación laboral".
PRESIÓN LABORAL Y MALA GESTIÓN
Tras este fallo, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha denunciado la "presión laboral" que la Mancomunidad de la Costa Occidental, presidida por Sara Portilla, alcaldesa de Ruiloba, junto con el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, Comillas y Udías, ha ejercido sobre esta trabajadora.
"El mismo día que supuestamente tendría que reincorporarse y no lo hizo, porque pidió una nueva incapacidad porque no se encontraba en condiciones de reincorporarse a su puesto, ya hay una solicitud de apertura de expediente disciplinario contra ella que se resuelve con la extinción de la relación laboral", destaca CCOO, que censura la "falta de sensibilidad" de la presidencia y la junta directiva de la Mancomunidad.
A juicio de la formación sindical, han "aprovechado" la situación de la empleada para "despedirla sin ninguna justificación", según apunta en un comunicado la responsable de Administración Local de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria, Ángela Sobrino. A su juicio, detrás de este caso "se esconde una mala gestión" por parte de la Mancomunidad de Servicios de la Costa Occidental, que "adolece de medios y de personal suficiente para gestionar el servicio, y que ha querido pagar su mal hacer a costa de una trabajadora que lo único que hacía era reclamar unas buenas condiciones laborales y quejarse de la situación laboral en esta organización". "El problema de fondo es una animadversión profunda hacia una trabajadora a la que acusaban de no trabajar. Sin embargo, el problema está en la desorganización y la descoordinación que existe, así como en la falta de medios y de personal para poder dar un buen servicio a la ciudadanía", insiste Sobrino. Y añade que "la víctima, que además era delegada de personal, ha sufrido un acoso y derribo en toda regla. Han buscado todas las triquiñuelas para iniciar y resolver un expediente sancionador, con despido incluido, que la justicia se ha encargado de dinamitar porque era improcedente a todas luces", ha remachado.
Por último, CCOO asegura que "la conflictividad no acaba aquí", pues "no es el único caso existente de acoso a una trabajadora de la Mancomunidad", toda vez que ha tenido que denunciar a la Corporación ante Inspección de Trabajo y el Juzgado por vulneración de derechos fundamentales, por actuaciones contrarias a la buena fe y por incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales.
