sábado. 24.02.2024

El Juzgado de lo Social Número Uno de Santander ha dictado una nueva sentencia que condena al Gobierno de Cantabria por el despido improcedente de dos trabajadoras del Servicio Cántabro de Empleo que llevaban al servicio de la Administración 12 y 22 años, respectivamente.

Las dos trabajadoras son antiguas componentes de la Unidad de Promoción y Desarrollo Regional, que fueron declaradas personal laboral indefinido no fijo por sentencia judicial en 2016, tras haber estado contratadas "en fraude de ley y haber sufrido situación de cesión ilegal de trabajadores dentro de la Administración regional".

Así lo ha señalado su abogado defensor, Fabian Valero, del despacho vigués Zeres Abogados, que ha explicado que entre agosto y septiembre de 2022, las dos trabajadoras fueron "cesadas" de los puestos a los que habían sido adscritas al tomar posesión de los mismos los funcionarios que ocuparon la plaza.

Los despidos fueron indemnizados con "únicamente" 20 días por año trabajado, una decisión que, afirma, en ese momento Función Pública "ya conocía que contraviene" la doctrina fijada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que considera despido improcedente el pretendido "cese" en plaza de funcionario de cualquier persona con relación de carácter laboral con la Administración pública que haya sido calificada previamente con indefinido no fijo.

Esta sentencia del Juzgado de lo Social sigue el razonamiento fijado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en las cuatro anteriores dictadas en 2022 para los casos "idénticos" de seis de sus excompañeros de trabajo en el EMCAN. En éstas, también se declaró la improcedencia de sus despidos condenando al Ejecutivo a indemnizar a los demandantes con 33 días por año trabajado. Ahora, la suma conjunta de las indemnizaciones de los ocho trabajadores supera los 450.000 euros.

Según el defensor, el Gobierno de Cantabria acaba de recurrir la sentencia ante el TSJC "en lo que parece de nuevo una estrategia dirigida únicamente al castigo de los demandantes para intentar retrasar lo máximo posible el cobro de sus indemnizaciones, a la vez que aumentar sus gastos en el proceso, aprovechando los recursos de la maquinaria jurídica pública".

Porque, indica, en este último recurso de suplicación, los abogados del Gobierno "ni siquiera citan en su defensa" la sentencia del TSJ de Extremadura utilizada para el recurso de casación elaborado en contra de las sentencias de sus compañeros; sentencia de octubre de 2021 que se basa en que si la adscripción del indefinido no fijo de carácter laboral a una plaza de funcionario esta realizada de forma debida al permitirlo una disposición legal autonómica, "el cese en la misma no conlleva improcedencia".

Un hecho que para el abogado, "deja bien a las claras" la intención de las decisiones tomadas desde el Gobierno, que "no coinciden precisamente con la decisión de no recurrir tomada con anterioridad en el caso de la demanda planteada por la actual directora general de Fondos Europeos".

Además, "todo ello desoyendo" la petición realizada por CCOO en el Gobierno de Cantabria, que en enero solicitó al Ejecutivo que desistiese de estos recursos "para no alargar más la agonía de estos trabajadores", en lo que a su juicio supone "un agravio y un maltrato que se une a la dolorosa pérdida de sus empleos en los que llevaban una media de 20 años".

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