viernes. 31.05.2024

El Juzgado Nº3 de lo Social de Santander ha condenado a la Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica a reintegrar a las tres trabajadoras a las que despidió, considerando que la entidad ha cometido una cesión ilegal de trabajadores y estimando de este modo las “demandas acumuladas” interpuestas por las trabajadoras.

Así se recoge en la sentencia a la que ha tenido acceso este medio, en la que se señala como “improcedentes” los despidos con fecha del 16 de diciembre de 2022 y, “en consecuencia, las demandantes tendrán derecho, a su elección, adquirir la condición de fijos en cualquiera de las dos codemandadas (Fundación Comillas o Brócoli Facility Services), y en el caso de elegir la cesionaria (Fundación) tendrán derecho a las Condiciones laborales propias de las categorías que ostentan (administrativa y recepcionista) con una antigüedad del 15-4-2021”, estipulando la propia sentencia las indemnizaciones a las que tienen derecho.

En un comunicado, fuentes cercanas a las demandantes han recordado que la directora general de la Fundación Comillas, Eva González Hernández, se había “negado en rotundo a aplicar la reforma laboral” a las tres trabajadoras, asegurando que para poder regularizar la situación “necesitaba una sentencia judicial”. En este sentido, han subrayado que “se comprometió con las tres a su readmisión si así lo dictaminaba el juez”, algo que ahora ha ocurrido con esta sentencia del pasado 1 de junio de 2023.

Aunque el fallo de la sentencia estipula textualmente el derecho de las trabajadoras a ser personal fijo, estas mismas fuentes señalan en el comunicado que el abogado de la directora general ha trasladado la disposición de “poner a disposición del juzgado el importe de la condena correspondiente a las indemnizaciones”, lo que a su juicio indica que “no va a reincorporar a estas trabajadoras como había dicho”.

Lo ocurrido en la Fundación Comillas con estas trabajadoras ya fue objeto de debate en el Parlamento de Cantabria, donde el PP registró varias preguntas dirigidas al Gobierno autonómico para “aclarar responsabilidades”, sin que se aportara “ninguna información al respecto”.

“Estos puestos de trabajo estructurales que se reconocen a estas trabajadoras tienen que ser cubiertos y todo apunta a que seguirá con los mismos procesos de contratación disfrazados de transparencia”, concluye el comunicado.

Condenan a la Fundación Comillas por cesión ilegal de trabajadores
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