Como cada año, diferentes centros formativos privados y escuelas taller públicas, que están en manos de los ayuntamientos, ponen a disposición de los ciudadanos una serie de actividades formativas de cara a mejorar y facilitar la incorporación al mercado laboral. En 2024, sin embargo, muchos de estos ciclos corren el riesgo de no poder ofrecerse por falta de profesores. O mejor dicho, por falta de un profesorado que, a pesar de contar con titulaciones y horas de experiencia, no tiene el Certificado Profesional que se exige en la convocatoria del Gobierno de Cantabria.
Tal y como han reconocido a eldiariocantabria.es varios afectados por esta situación, a pesar de contar con la subvención otorgada por el Ejecutivo cántabro, “hay centros que no pueden empezar” a dar estos ciclos formativos, y “el resto tendremos que acoplarnos lo más rápido posible”. Es algo que afecta a todos, “también a las escuelas taller de los ayuntamientos” y a los centros más veteranos “con docentes de 20 o 25 años de antigüedad”.
“No se entiende que se quiera formar y se pongan estos impedimentos”, critican
Dichas subvenciones fueron convocadas por la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio en octubre de 2023, y aunque ya en ese documento “hacen referencia a que está sujeta a una nueva orden del Ministerio”, lo cierto es que nadie tenía constancia de que para dar los ciclos formativos de esta nueva convocatoria los docentes deberían tener un Certificado Profesional de nivel 3 con el nombre ‘Docencia de la Formación Profesional para el Empleo’.
Así las cosas, los centros públicos y privados aplicaron para las subvenciones y las recibieron. Según las fuentes consultadas, no fue hasta el 25 de enero cuando, en una reunión de aquellos que habían recibido las ayudas con el Servicio Cántabro de Empleo (Emcan), descubrieron este nuevo requisito incluido en un Real Decreto del Estado del mes de julio.
Y dicho Certificado Profesional es una condición que se pide a todos los docentes, incluidos a aquellos que tienen “más de 20 años de experiencia” impartiendo estos cursos. “Antes, si se tenía la titulación especializada y 600 horas de experiencia docente, se podían impartir”, señala una de las fuentes consultadas. Otra apunta a que, por ejemplo, uno de los docentes afectados por este requisito es profesor en la Universidad de Cantabria, con un doctorado y un master en docencia.
Ahora, a todo ese bagaje se le tiene que sumar este Certificado, que requiere de 300 horas de clase teórica y 40 horas de prácticas. Una “homologación de los formadores” que condiciona mucho el inicio de los ciclos formativos para la mayoría de los centros, con todo lo que eso conlleva en diferentes áreas. Y a esto se suma el hecho de que, según denuncian, las plazas para obtener este Certificado Profesional están limitadas a 40.
No solo eso. A los centros se les exige, además, una nueva figura en el organigrama: el Director Educativo, que debe ser independiente del director del centro y que también debe contar con el mismo Certificado Profesional. Las fuentes consultadas por este medio apuntan que en Cantabria “son cuatro las personas que están en esa situación”, y es un nuevo puesto que “hay que pagarlo”.
“No sabemos qué cursos podremos dar, la gente nos llama y no sabemos qué decir”, señalan
La situación para muchos de estos centros, sobre todo los más pequeños, es delicada. Estas mismas fuentes lamentan que desde el Gobierno “no dan soluciones”. De hecho, señalan que desde el Ejecutivo del PP, liderado por María José Sáenz de Buruaga, apenas se ha dado margen de adaptación a la nueva situación. Sí se ha permitido, por ejemplo, que “aquel docente que no tenga la titulación puede dar un primer ciclo formativo, pero no el segundo”. Sin embargo, el Director Educativo debe tener el Certificado “desde el principio”, por lo que si el centro no cuenta con él no puede iniciar la actividad.
Evidentemente, este requisito incluido en el Real Decreto se aplica en todo el territorio nacional. Sin embargo, algunas de estas fuentes apuntan que “en Madrid o en Castilla y León han dado dos años para adaptarse”, y se preguntan por qué en Cantabria no se ha hecho algo parecido.
“No se entiende que se quiera formar y se pongan estos impedimentos”, critican algunas de las fuentes consultadas, que “no ven justo” lo que está ocurriendo. Según afirman, “el Gobierno y el Emcan sabían que más del 70% de los profesionales no tienen esta certificación”, ya que en la propia reunión los responsables del Servicio Cántabro de Empleo reconocieron que “iba a haber revuelo” y que “era un problema, pero no podían hacer nada”.
Esto está dejando a los centros en una situación compleja no solo en materia de organización interna, sino ante los usuarios que reclaman plazas para los cursos que ya han anunciado. “No sabemos qué cursos podremos dar, la gente nos llama y no sabemos qué decir”, concluyen.
