Dos exalcaldes por el PSOE, Rufino Díaz Helguera, y por el PRC, Fernando Muguruza, cinco exconcejales por el PP, José Miguel Rodríguez (Hacienda) y Concepción Carranza (Cultura); por el PRC, Jaime Díez Muro (Industria), y por IU, Salvador Hierro (Obras) y Santiago Vélez (Deportes) –todos ellos expulsados ya de sus respectivas formaciones– y técnicos como Pedro Restegui (exarquitecto municipal), Carmen Villanueva (ingeniera municipal) y César Saiz (exsecretario municipal) son algunos de los 45 acusados en total –22 cargos públicos, 13 constructores, siete técnicos municipales y otros tres técnicos– para los que la Fiscalía solicita un total de cerca de 200 años de cárcel, por supuestos delitos como prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, estafa, falsedad, desobediencia e infidelidad en la custodia de documentos, en el macrojuicio del denominado caso La Loma, relativo a la urbanización de la zona homónima de Castro Urdiales –el tercer municipio más poblado de Cantabria– entre 2000 y 2008, aproximadamente y que está previsto que dure seis meses. En cuanto a las penas principales, la Fiscalía pide 12 años de cárcel para el exalcalde Díaz Helguera y para el exarquitecto municipal Restegui, 11 para el exalcalde Muguruza, nueve para la exingeniera municipal Villanueva y otros nueve para el exsecretario municipal Saiz y ocho para cada uno de los exconcejales Rodríguez, Carranza, Díez Muro, Hierro y Vélez.
El comienzo del macrojuicio estaba previsto para este lunes, pero se ha aplazado tres días a petición de “gran parte” de las defensas
El comienzo del macrojuicio en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria estaba previsto para hoy lunes, pero se ha aplazado tres días, hasta este jueves, a petición de “gran parte” de las defensas de los acusados para intentar negociar algún tipo de conformidad o de acuerdos parciales que permitan “limitar o adelgazar” tanto los hechos a enjuiciar como el número de acusados. La petición, aceptada por el presidente de la Sección Tercera, Agustín Alonso, ha sido planteada por el letrado Andrés de Diego –decano del Colegio de Abogados de Cantabria–, que defiende al exarquitecto municipal Pedro Restegui. En declaraciones posteriores a los medios, De Diego ha explicado que “unos cuantos abogados de las defensas y las acusaciones venimos hablando en aras a la posibilidad de bien adelgazar o limitar los hechos o que pueda haber conformidades, pero la complejidad del asunto, la extensión, el número de imputados y el número de abogados ha hecho francamente difícil que se pueda materializar en este mes que llevamos intentándolo”. Por ello, estos abogados han pedido a la sala que les dé dos días antes del inicio propiamente del juicio “para ver la posibilidad de conseguir alguna conformidad, o que algunas personas o hechos puedan salir del enjuiciamiento”, es decir “un acuerdo parcial o alguna fórmula” que “limite” la causa. “Hay abogados de Madrid, Bilbao, Cantabria… era muy difícil conectarnos todos y por eso hemos pedido este tiempo”, ha insistido De Diego, que ha explicado que los hechos a enjuiciar abarcan muchas zonas de Castro de suelo urbanizable no programado y "se podría dar la posibilidad de que saliesen personas (acusados) o se limitasen hechos" o partes de la instrucción. El acuerdo tendría que integrar a las acusaciones públicas y a las particulares y en función de su extensión, alteraría la duración del juicio, que en principio está programado durante seis meses, hasta el 30 de marzo. “Si se adelgaza el asunto y salen algunos imputados, seguramente habrá testigos que no tengan que venir”, ha explicado.
Macrojuicio del caso La Loma, este martes en la Audiencia de Cantabria
También en declaraciones a los medios, el exalcalde por el PRC Fernando Muguruza se ha mostrado “tranquilo” y ha afirmado que “todas” sus decisiones “fueron tomadas conforme a la lógica y el Derecho”. “Llevamos 13 años sin juicio”, se ha quejado el exalcalde y exparlamentario autonómico por el PRC, para quien la Fiscalía solicita una pena de 11 años de cárcel y que tiene otras dos causas pendientes. Por su parte, el exconcejal por IU Salvador Hierro, que se enfrenta a una petición de ocho años de prisión, ha defendido que en Castro Urdiales “no se ha tenido que tirar nada”, mientras que en otros municipios de Cantabria “han tirado cientos de chalets”, por lo que considera “un poco surrealista” que la Fiscalía pida años de cárcel no sólo para cargos públicos sino también para “técnicos, urbanistas, ingenieros, abogados...”. “No es lo mismo atravesar el desierto uno solo que atravesarlo con un ejército; todo el ejército algo habrá hecho mal, o los jueces lo están haciendo mal”, ha añadido Hierro.
En el procedimiento, que tiene un volumen de 97 tomos, 61 anexos y 57.546 folios, ejercen acusación la Fiscalía, la Junta Vecinal de Santullán –uno de los pueblos del municipio de Castro Urdiales– y seis representantes de particulares compradores de fincas. Por su parte, la acción civil la ejercen cuatro bancos y una promotora inmobiliaria. Además, están personados como responsables civiles subsidiarios el Ayuntamiento de Castro Urdiales y seis promotoras.
Los constructores acusados, según la Fiscalía “han inducido a error intencionadamente a los adquirientes de las viviendas”
Según el escrito del Ministerio Fiscal, los acusados, “con la finalidad de hacer prevalecer su voluntad sobre el imperativo legal regulador del desarrollo urbanístico, han elaborado, informado, consentido y aprobado, respectivamente, consciente y voluntariamente” instrumentos urbanísticos contrarios al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castro Urdiales que “carecen del contenido mínimo exigible por ley”. Según la Fiscalía, las licencias de obras “no se adecuaban” ni al PGOU ni al resto de la normativa urbanística, mientras que las licencias de primera ocupación se referían a edificaciones que “carecen de la infraestructura mínima para el uso residencial al que estaban destinadas”. Y los responsables municipales “han resuelto prescindiendo de informe técnico en algunos casos y de informe jurídico en casi todos”. “Han hecho caso omiso del contenido de los informes sectoriales preceptivos y vinculantes que tutelan el interés público gestionado por las Administraciones estatal y autonómica, también voluntaria y conscientemente”, añade el escrito, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en un comunicado. En cuanto a los constructores acusados, según la Fiscalía “han inducido a error intencionadamente a los adquirientes de las viviendas respecto a la situación del estado de urbanización en general y del abastecimiento de agua en particular”, provocando así “la adquisición y pago de viviendas que carecen de los servicios mínimos legalmente exigibles”. El Ministerio Fiscal añade además que en algún supuesto “se ha alterado, en connivencia con funcionarios públicos, intencionadamente, el contenido de documentos oficiales”.
En el caso de la prevaricación y la prevaricación urbanística –imputado a técnicos municipales y concejales–, las penas solicitadas por la Fiscalía llegan hasta los nueve años de inhabilitación para empleo público y dos años de prisión. Por la falsedad documental, el fiscal pide hasta cinco años de cárcel e inhabilitación de cuatro años. El cohecho supone una petición de pena de hasta cuatro años de cárcel, inhabilitación para cargo público de diez años y multas de 1,8 millones de euros, 1,08 millones de euros y 442.336 euros, según los casos. La infidelidad en la custodia de documentos supone una petición de condena de año y medio de prisión, además de inhabilitación de ocho meses. En el caso del delito de estafa –que se imputa a los constructores que vendieron las viviendas a particulares–, las penas solicitadas son de seis años de cárcel. Finalmente, la petición de pena por desobediencia es de un año de prisión. Por su parte, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita la declaración de la nulidad de los instrumentos urbanísticos irregulares y la demolición de las edificaciones construidas a su amparo. También pide indemnizaciones a favor del Ayuntamiento de Castro Urdiales por las cuantías en que se ha monetarizado el aprovechamiento urbanístico, así como a favor de los particulares que compraron las viviendas construidas al amparo de los citados instrumentos urbanísticos.
