lunes 24/1/22
EDUCACIÓN

Cantabria recurre al Supremo la “reválida” de 6º de Primaria

La región se suma a Andalucía, Castilla-La Mancha y Valencia, que han denunciado la aprobación “sin el consenso necesario” de esta medida.

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz

Cantabria es una de las cuatro comunidades autónomas que ya ha anunciado su intención de recurrir al Tribunal Supremo el Real Decreto que regula el desarrollo de la evaluación final de 6º de Primaria de la LOMCE, que se realizará por primera vez este curso 2015-2016 y que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de noviembre y publicado una semana después en el BOE. Andalucía, Castilla-La Mancha y la Generalitat Valenciana son las otras comunidades que se han sumado a esta iniciativa.

Todas ellas rechazan el planteamiento de esta "reválida" y denuncian que el Ministerio de Educación la haya aprobado "sin el consenso necesario", tal y como quedó reflejado, según explican, en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el pasado mes de agosto, en la que se opusieron al desarrollo de este decreto "doce comunidades autónomas".

Dudan de que estas pruebas estatales y estandarizadas sirvan para valorar el logro de los objetivos educativos de Primaria al realizarse sobre dos de las siete competencias básicas establecidas para esta etapa educativa ni ayuden a la detección temprana de problemas de aprendizaje. Asimismo, se oponen a que se hagan rankings de centros con los resultados de la evaluación.

A juicio de la Consejería de Educación de Cantabria, los exámenes que se establecen en el Real Decreto no constituyen ningún tipo de evaluación porque en Primaria debe ser continua, formativa, orientadora y global, mientras lo que se propone es examinar únicamente sobre dos de las siete competencias a desarrollar en esta etapa, ha sostenido.

"Muy difícilmente se podrá obtener a partir de ellas alguna información relevante del alumnado, distinta de la que ya se refleja en los informes que realizan los maestros que están en contacto con el alumnado a lo largo de toda la etapa", ha afirmado la Consejería.

Por ello, los firmantes del comunicado estiman que supone un "cuestionamiento de la profesionalidad del profesorado que imparte esta etapa, e incluso de los equipos directivos de los centros y de la Inspección de educación, al recurrir a profesorado externo para dar validez a estas pruebas".

Otros motivos añadidos para el rechazo a esta evaluación se basan en la "alteración" que puede suponer para el calendario escolar y los ritmos de trabajo en los centros, en el peligro de establecer rankings de centros ordenados según los resultados de la misma, y en "el coste elevadísimo e innecesario" de la prueba, ya que el Ministerio no "ha establecido la financiación suficiente para la realización de dichos exámenes".

Sin financiación estatal ni respeto

Andalucía ha sido la primera en anunciar este martes 15 de diciembre la posibilidad de iniciar este proceso judicial, no sin antes presentar un requerimiento formal ante el Ministerio de Educación para que retire el mencionado decreto. Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Cantabria han anunciado su disposición a recurrir ante el Supremo este miércoles.

Según el Ejecutivo andaluz, el texto presenta "graves defectos" en su proceso de tramitación y de consulta a las comunidades autónomas y advierte de que el modelo de "reválida" recogido en el decreto va a "provocar incertidumbre, inquietud y tensión" al alumnado, familias y profesorado, además de afectar "negativamente" al normal desarrollo del calendario escolar por su "complejidad organizativa" y un coste económico "sin financiación estatal".

"Es una medida que adoptarán todas las comunidades autónomas que lo consideren y podemos asegurar que no seremos los únicos", auguran desde el Gobierno valenciano, que advierten también de que la norma ministerial no respeta las competencias autonómicas en materia educativa ni reconoce los contextos específicos de los centros educativos ni su autonomía pedagógica.

Desde la Junta de Castilla-la Mancha señalan que si bien han querido "evitar este momento electoralista", sin embargo, creen que deben intentar parar este decreto para que "no se materialice" este curso escolar. "La evaluación tiene que ser de mejora, continua, global, y orientadora y este decreto no cumple ninguno de estos cuatro supuestos", apostillan.

El Gobierno de Cantabria advierte de que estas pruebas suponen un "cuestionamiento de la profesionalidad" del profesorado de esta etapa e "incluso" de los equipos directivos de los equipos directivos de los centros escolares y de la inspección de educación, pues el decreto establece que se recurra a profesorado externo para el desarrollo de la prueba, tal y como denuncian varios sindicatos de enseñanza.

Docentes excluidos

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), mayoritaria en el ámbito de la enseñanza privada y concertada, ha presentado el preceptivo anuncio de impugnación ante el Alto tribunal del texto que regula esta evaluación, cuyo artículo 7 establece que el encargado de aplicar y corregir las pruebas será el profesorado funcionario del sistema educativo español.

A juicio de esta organización, el texto da un trato legislativo  "discriminatorio" a los profesores de la privada y concertada en favor de los funcionarios, que además de aplicar y corregir la prueba, se encargarán, según el decreto, de la realización, seguimiento y supervisión de la evaluación.

"Este decreto supone un incumplimiento de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad del Sistema Educativo (LOMCE), donde se establece que las pruebas finales externas serán aplicadas y calificadas por profesorado del sistema educativo español externo al centro", indica FSIE en un comunicado, en el que recuerda también que la ley "deja claro" que el sistema educativo español "está formado por todos los profesionales tanto del sector público como privado".

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