El Gobierno de Cantabria ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera Sección Cuarta del Tribunal Supremo contra el Real Decreto de prescripción enfermera.
Así figura en el anuncio publicado este miércoles por el Tribunal Supremo en el Boletín Oficial del Estado, con el que se abre un plazo de nueve días para que los interesados se personen en el proceso.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria anunció el pasado mes de diciembre que recurriría por su "completo desacuerdo" con el contenido del Real Decreto 954/2015 de 23 de octubre por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los profesionales de enfermería, que entró en vigor el 24 de diciembre.
El decreto "no responde" a los criterios generales presentados al Consejo Interterritorial y "contraviene" lo aprobado por unanimidad en las Cortes Generales
La consejera de Sanidad, María Luisa Real, afirmaba entonces que el Real Decreto supone una "profunda desconsideración" para con la enfermería por el tratamiento normativo que da a sus capacidades, "suficientemente acreditadas en materia prescripción" y que están "avaladas" por la propia formación que la profesión enfermera ha adquirido durante su preparación universitaria.
Para Real, el decreto "no responde" a los criterios generales presentados al Consejo Interterritorial y "contraviene" lo aprobado por unanimidad en las Cortes Generales en la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios en 2009.
Y, en su opinión, "va en contra de los intereses de los usuarios, compromete su accesibilidad al servicio sanitario público, pone en peligro la mayor parte de los protocolos de atención que garantizan la seguridad del paciente y les obliga a solicitar otras consultas profesionales sucesivas, aumentando la frecuentación de consultas médicas innecesarias".
Su puesta en marcha, para la consejera, puede originar una "crisis en la estructura organizativa asistencial" con el riesgo de "paralización" del sistema sanitario que "solo puede ser paliada por el sentido de responsabilidad profesional que siempre ha manifestado el colectivo enfermero para con el sistema sanitario público".
