La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha trasladado su compromiso de la mejora de los servicios autonómicos y de las condiciones de trabajo de los empleados públicos y, con este objetivo, ha anunciado el mantenimiento de los fondos económicos adicionales para la adopción de las medidas organizativas necesarias.
Así se lo ha trasladado a los representantes de UGT, encabezados por la secretaria de Acción Sindical, Rebeca Marqué, en un primer encuentro, en el que han repasado las principales necesidades en el ámbito de la función pública autonómica.
Urrutia ha comunicado, además, que a finales de este mes de agosto se convocará a los miembros del comité de empresa y de la Mesa Sectorial de Función Pública con el objetivo de iniciar las negociaciones necesarias sobre el reparto de los fondos adicionales previstos para este año, que se elevan a 1,8 millones de euros.
La consejera ha trasladado su propósito de mantener este fondo e incluso "intentar mejorarlo" en los nuevos presupuestos autonómicos.
PRUEBAS PENDIENTES DE LA OPE Y NUEVA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA
Igualmente, la consejera ha comunicado que próximamente su departamento dará a conocer el calendario de las últimas pruebas pendientes de la Oferta Pública de Empleo autonómica y que afectan tanto a personal laboral como funcionario, de cara a facilitar la labor de los aspirantes a estas plazas.
Durante este encuentro han abordado otras necesidades en el ámbito de función pública y que "están pendientes desde hace años", como es la elaboración de una nueva ley autonómica de función pública, ha informado el Ejecutivo regional.
Por su parte, el Gobierno ha explicado que UGT ha planteado a la consejera la necesidad de abordar el acuerdo de jubilación parcial, que finaliza el próximo mes de diciembre de 2023, e impulsar la carrera profesional de los empleados públicos y que el concurso abierto y permanente sea "una realidad".
Por último, Marqué ha confiado en que "se pueda mejorar y progresar" para abordar las necesidades en materia de función pública.
