sábado 27/11/21

El 40% de la población española vive en comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes y el gasto público en servicios sociales respecto al PIB regional es del 1,98% y no alcanza los máximos registrados en 2012 con 2,02%. Estos son algunos de los datos que se desprenden del índice DEC 2020, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que evalúa el desarrollo de las estructuras y presupuestos de los Servicios Sociales en España.

País Vasco, Navarra y Castilla y León siguen teniendo la mejor calificación en materia de Servicios Sociales, mientras la Comunidad de Madrid es la que tiene peores Servicios Sociales, seguida de Murcia, Canarias y Cantabria calificados como irrelevantes.

Las que mayor retroceso registran son Cantabria, Canarias, Cataluña, Galicia y La Rioja

Seis comunidades han mejorado su puntuación respecto a la aplicación anterior (año 2018), destacando la Comunidad de Valencia, con un incremento de 1,35 puntos. También Navarra (+0,75), País Vasco (+0,75), Extremadura (+0,55), Aragón (+0,50), y Andalucía (+0,35). Los 11 restantes empeoran su resultado. Las que mayor retroceso registran son Cantabria (-0,55), Canarias (-0,35), Cataluña (-0,25), Galicia (-0,25) y La Rioja (-0,25).

Asimismo, el informe pone en evidencia las "extraordinarias diferencias" entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos básicos de las personas, en función de su lugar de residencia. Así, mientras muchas comunidades tienen ya legislación, desarrollo normativo y planificación, la Comunidad de Madrid y la de Murcia siguen sin tener una Ley de nueva generación.

Asimismo, el País Vasco destina más del doble de inversión por habitante y año en Servicios Sociales (738 euros/año) que Murcia, con solo 299 euros/año. El porcentaje del PIB regional que Navarra destina a Servicios Sociales (2,37%), es también más del doble que el que destina la Comunidad de Madrid, con solo el 1,04%. Las Administraciones Públicas del País Vasco destinan el 13,7% de sus presupuestos a Servicios Sociales, mientras que en la Comunidad de Madrid solo el 7,79%.

En Castilla y León el 15,1% de su población potencialmente dependiente recibe atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia, y solo un 0,1% de quienes tienen reconocido el derecho a recibir prestaciones por su situación de dependencia están pendientes de ser atendidas. En Canarias solo el 7,6% de su población potencialmente dependiente recibe estas atenciones -menos de la mitad que en Castilla y León-, y en Cataluña el llamado 'limbo de la dependencia' es del 31,9%.

Otra conclusión que confirma la aplicación del Índice DEC, es que el éxito en el desarrollo de los servicios sociales no solo tiene que ver con el mayor o menor esfuerzo económico que realizan las Administraciones Públicas. Para los autores del informe, una de las claves que pueden explicar la eficiencia en el gasto es el grado de descentralización de servicios en las administraciones locales.

EXCESO DE BUROCRACIA

Otro de los aspectos sobre los que pone el foco el informe es sobre la complejidad burocrática y los trámites "farragosos" que se han incrementado, y "constituyen auténticas barreras que dificultan que las personas puedan hacer uso efectivo de las prestaciones y servicios sociales cuando más los necesitan".

"Más allá de los datos, sigue planeando la amenaza de convertir los Servicios Sociales en simples oficinas de procedimiento, acreditación y clasificación de la ciudadanía (checking social) en función del cumplimiento de requisitos para acceder a diversas ayudas que se establecen ante situaciones de pobreza", recoge el informe. Así, lejos de mejorar, la complejidad burocrática y los trámites farragosos se han incrementado, y constituyen "auténticas barreras que dificultan que las personas puedan hacer uso efectivo de las prestaciones y servicios sociales cuando más los necesitan".

Para la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, las Administraciones se están "alejando de la ciudadanía y los servicios sociales vuelven a una deriva asistencialista, ya que, ante la incapacidad de los servicios públicos para responder con agilidad y eficacia a las necesidades más básicas de las personas, son organizaciones del "Tercer sector" quienes asumen esta respuesta".

Como ejemplo mencionan el Ingreso Mínimo Vital, "la gran esperanza para el sector y, especialmente, para tantos cientos de miles de familias en situaciones de extrema precariedad económica, pierde en gran parte su potencialidad por la falta de procedimientos ágiles y la exigencia de complejos e incomprensibles requisitos, que hace que tres de cada cuatro solicitudes hayan sido rechazadas".

En el caso de la dependencia, además de la debilidad de su financiación, "los procedimientos farragosos son, en gran medida, la causa de que se mantengan decenas de miles de personas en el limbo de la valoración o de la atención, y que muchas de ellas fallezcan sin ser atendidas". Igualmente, "los procedimientos innecesariamente complejos son la causa de que muchas personas desistan de solicitar ayudas a los servicios sociales de las entidades locales para atender sus necesidades más básicas, y lo hagan a entidades del Tercer sector, que pueden ofrecer respuestas más inmediatas a situaciones que así lo requieren, como comer, pagar el alquiler o gastos de la vivienda".

"Incluso estamos viviendo la vergüenza de que los propios servicios sociales municipales deriven a sus usuarios a estas entidades privadas, ante la evidencia de que con sus procedimientos son incapaces de responder a necesidades tan básicas con la agilidad que se precisa", sostienen los autores del índice DEC.

"Consumidos por la burocratización, incapaces de encontrar procedimientos ágiles para responder a las necesidades básicas de la población, la deriva asistencialista se consolida, y en lugar de avances en los derechos sociales vemos, cada vez más, brotes benéficos en nuestra sociedad", añade la publicación.

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