Cantabria es una de las comunidades españolas donde se constata mayor preocupación por el fenómeno de la 'okupación', ya que un 81% de sus habitantes considera que es un problema social en el país, según un estudio elaborado por Línea Directa Aseguradora.
Esta cifra se sitúa por encima de la media, ya que en el conjunto son un 77% los españoles consideran la 'okupación' un problema social, frente a un 8% que piensa se trata de un fenómeno residual sin mayor trascendencia que suele exagerarse por motivos políticos.
El estudio, elaborado a partir de los resultados de 1.700 encuestas realizadas en toda España del 14 al 19 de junio y presentado este martes, precisa que donde se constata mayor preocupación por este fenómeno es en Cataluña (83%), Andalucía (81%) y Cantabria (81%), mientras que Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana es menor.
Y precisa que uno de cada cuatro españoles (24%) cree que hay posibilidades "medias o altas" de que le "okupen" su vivienda. Según datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial, los casos se han incrementado un 37% entre 2018 y 2022, superando las 75.000 denuncias y los 15.000 procedimientos civiles en ese periodo.
Además, un 31% de los encuestados conocen directa o indirectamente algún caso, un porcentaje que destaca en las Islas Baleares, con un 39%. Precisamente, por CCAA, Cataluña (con 650 casos denunciados en 2022), Andalucía (535) y Comunidad Valenciana (390) son las comunidades con mayor incidencia.
Según los encuestados, las causas de la 'okupación' son la lentitud de la justicia (28%), la permisividad social (25%) y la dificultad para acceder a una vivienda debido a los altos precios (23%). Además, casi tres de cada cuatro ciudadanos piensan que las penas para este tipo de prácticas "son muy laxas" y que "no existe seguridad jurídica".
ENDURECER PENAS O AGILIZAR DESALOJOS, ENTRE LAS SOLUCIONES
El informe añade que un 22% de los españoles afirma conocer bien la regulación actual al respecto, mientras que la mitad dice tener nociones generales y un 28% admite no conocerla en absoluto. En este sentido, el endurecimiento de las penas y agilizar los desalojos son las soluciones preferidas para mitigar las 'okupaciones' según el 60% de los españoles, por delante de otras medidas como facilitar el acceso a la vivienda (45%) o centrar la acción policial sobre las mafias organizadas (31%).
El proceso de desalojo que, según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial puede tener una duración superior a los 20 meses, es otro tema a tratar por el estudio. Así, el 53% de los encuestados es partidario de un desalojo de la policía sin intervención del juez en caso de que no se demuestre 'in situ' la propiedad o la existencia de un contrato vinculante. Mientras, el 35% está a favor de que un juez intervenga siempre en el procedimiento, pero con plazos mucho más reducidos.
Por último, el 76% de los encuestados estaría dispuesto a contratar un seguro 'antiokupación', siendo el pago de la hipoteca (35%) y de los gastos de proceso (30%) las coberturas más valoradas.
