Una auditoría a la empresa pública MARE, dependiente de Gobierno de Cantabria, revela, en 2013 y 2014, durante el Gobierno del PP, "incidencias" en las contrataciones y alerta de las capacidades concedidas en esta materia al presidente del Consejo de Administración, que era el entonces consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, hoy senador del PP, y las atribuciones que desempeñaba el director general de la entidad, Antonio Zabala, más allá de las facultades que tenía.
En este informe de la Intervención General de la comunidad autónoma, de 76 páginas, se apunta, entre otras consideraciones, que el régimen de apoderamientos en materia de contratación en este periodo era "inadecuado en ciertos supuestos" ya que --asegura-- permite que "el presidente del Consejo de Administración pueda celebrar y autorizar toda clase de contratos sin ningún límite y con el único requisito de firma solidaria".
El régimen de apoderamientos en materia de contratación en este periodo era "inadecuado en ciertos supuestos"
Según los autores de la auditoría, dada a conocer este sábado por parte del Gobierno, se considera que esta capacidad del presidente del Consejo de Administración representa un "importante riesgo de control interno".
Además, se señala que en los expedientes de contratación analizados, todos por un valor estimado de 120.000 euros, el inicio del procedimiento de contratación, la aprobación de los distintos documentos de la fase preparatoria del contrato y la propuesta de adjudicación provisional del mismo los hacía el director general de MARE "cuando no dispone de tales facultades, según el poder que tiene asignado".
En este sentido, se apunta que Zabala solo hubiese podido desarrollar esas competencias con delegación expresa, de la que "no se ha tenido evidencia", según la Auditoría.
También se cuestionan las facultades atribuidas al director financiero por "obsoletas" y "poco operativas".
En cuanto a la contratación propiamente dicha, se muestra la existencia de un "número importante" de modificaciones y prórrogas de contratos hechos "que no han sido autorizados ni celebrados por el correspondiente órgano de contratación competente".
Se advierte de la carencia de normas e instrucciones internas "debidamente aprobadas" que regulen los procedimientos de contratación
También se advierte de la carencia de normas e instrucciones internas "debidamente aprobadas" que regulen los procedimientos de contratación; se cuestiona las herramientas informáticas de la entidad para la gestión de contratos, y considera no acreditado el cumplimiento de todos los requisitos en materia de contratación pública en distintas fases.
27 recomendaciones
En la Auditoria se realizan, a la vista de las conclusiones un total de 27 recomendaciones.
Entre estas recomendaciones, en la auditoria se señala "conveniente" la modificación del régimen de apoderamientos en materia de contratación que asegure un "adecuado sistema de control interno".
Recomienda que en esa estructura competencial se establezcan "ciertos umbrales" a partir de los cuales se precisara, para la autorización y celebración de determinado contrato, un régimen de firmas mancomunadas o un órgano colegiado intermedio entre el presidente y el Consejo de Administración de MARE.
También, según la Intervención, se considera "necesario" que la entidad apruebe unos manuales internos en materia de contratación donde se regule cada procedimiento; unas nuevas instrucciones y contar con una aplicación informática.
Además, alude a la necesidad de memorias que justifiquen la necesidad de contratar y en las que se determine la snecesidades reales a satisfacer con las prestación del objeto del contrato.
Señala que "sería conveniente" determinar con precisión el alcance de las necesidades recurrentes y no fraccionar el objeto del contrato por periodos anuales.
Alude a la necesidad de memorias que justifiquen la necesidad de contratar y en las que se determine la snecesidades reales a satisfacer con las prestación del objeto del contrato
También se avisa de que MARE no puede acudir a la tramitación de un proceso de emergencia y adjudicar directamente un contrato puesto que "no ostenta esta competencia".
Además, se hacen recomendaciones para que garantizar la publicidad y la transparencia de los procesos de contratación y también se insta a MARE a "determinar y delimitar" los requisitos de solvencia técnica, económica y financiera exigidos a los contratistas.
Por otra parte, en la auditoria se señala que "resultaría conveniente, como instrumento de control interno", la constitución de una mesa de contratación u órgano colegiado similar con personal cualificado y de perfil técnico y jurídico que asista al órgano de contratación para garantizar "el buen desarrollo del procedimiento licitatorio y el objetivo de conseguir la selección de la oferta económica más ventajosa".
Se explica, además, que el órgano de contratación debería "motiva" los criterios de adjudicación elegidos, sobre todo cuando éstos no sean solos relativos al precio.
La fijación de un umbral de bajas temerarias o el establecimiento de fórmulas "coherentes" para valorar las ofertas económicas son otras de las recomendaciones.
También, y a efectos de asegurar la transparencia del proceso, se considera que "sería recomendable" que los actos de apertura de cada fase fueran públicos.
El proceso de la auditoría
La Intervención General de la comunidad autónoma ha realizado esta auditoria a través de la Subdirección General de Control Financiero, y conforme al Plan Anual de Control Financiero Permanente, Auditoria Pública y Otras Actuaciones de Control para 2015.
En julio de 2015 se comunicó a MARE el comienzo de la auditoria de cumplimiento, que analiza el grado de cumplimiento de los principios de economía, eficacia y eficiencia, y en septiembre de ese año el inicio de la auditoria de sistemas y procedimientos, que analiza la adecuación de los sistemas y procedimientos de gestión con respecto a los objetivos que deben cumplir, ambas en materia de contratación.
Según el Gobierno, la empresa pública, por su parte, ha facilitado desde septiembre de 2015 toda la documentación que la Intervención General ha solicitado para la realización de este trabajo.
Ahora la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, y la empresa pública MARE han recibido la auditoria.
A raíz de esto, la vicepresidenta regional, consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social y a su vez presidenta del actual Consejo de Administración de MARE, Eva Díaz Tezanos, valorará el próximo lunes, 18 de abril, en rueda de prensa en el Gobierno de Cantabria esta auditoria.
MARE
La empresa pública MARE es la herramienta para gestionar las tareas medioambientales encomendadas por el Gobierno regional y tiene el mandato de llevar a cabo la gestión del agua, en su ciclo integral: desde la captación, almacenamiento, y distribución del agua para sus diferentes usos domésticos e industriales; hasta la depuración y el saneamiento de las aguas residuales.
Además, también realiza la recogida, el reciclaje y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos de los que obtiene energía.
Se encarga también de impulsar la sensibilización social, la educación medioambiental y las buenas prácticas ecológicas entre la ciudadanía y promueve acciones y obras encaminadas al mantenimiento en el territorio del medio natural.
