martes. 09.08.2022

La Audiencia Provincial de Cantabria ha rechazado dejar sin efecto la toma de declaración de los concejales del PRC y PSOE de Ribamontán al Monte investigados por presunta prevaricación, como había solicitado el alcalde, el regionalista Joaquín Arco, dentro de la causa abierta también contra él por el supuesto pago irregular de unas facturas en 2016 y 2017 por importe cercano a los 20.000 euros.

Así lo acuerda la Sala de la Sección Tercera de la AP en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que desestima el recurso de apelación interpuesto por el regidor contra una providencia y un auto dictados los pasados meses de diciembre y enero por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santoña -que lleva la causa- en los que se acordaba y mantenía la toma de declaración de los investigados, y que se confirman en su integridad.

En la nueva resolución -contra lo que no cabe ya recurso alguno-, los magistrados avalan la práctica de las declaraciones -que el alcalde pretendía dejar sin efecto alegando que había transcurrido el plazo establecido en la Ley de Enjuciamiento Criminal-, porque además de una diligencia de investigación constituye también un acto del derecho de defensa de los procesados.

"La toma de declaración de los investigados no es solamente un acto o diligencia de investigación a practicar en la fase de instrucción, sino que también se trata de una manifestación o un medio idóneo de defensa y que, como tal, resulta de práctica o realización ineludible en el proceso penal", razona la Sala en el auto, consultado por Ep.

SE ACOGIERON A SU DERECHO A NO DECLARAR EN JUNIO

Los cinco concejales del PRC y PSOE de Ribamontán al Monte investigados por supuesta prevaricación por el pago de facturas entre 2016 y 2017 -al parecer en contra de los informes de la Intervención y dentro del proceso abierto también contra el alcalde tras una denuncia del PP- se acogieron a su derecho a no declarar el pasado mes de junio, cuando fueron citados ante el juez de Santoña.

Se trata de los regionalistas Lidia Ruiz Llanos, Raúl Fermín Ruiz Sánchez, Fernando González Mazas y Mercedes Fernández Pérez, y el socialista Jesús García, que declinaron contestar a las preguntas formuladas por el magistrado.

El PP (que se querelló en febrero de 2018 contra el regidor al entender que los abonos de las facturas por valor cercano a los 20.000 euros se efectuaron a pesar de los reparos de ilegalidad de la secretaria-interventora municipal) señala que tras el auto de la AP tendrán que ir a juicios como imputados.

El presidente local del partido, José Luis Blanco, considera en este sentido que "se van a poder esclarecer unos hechos que ponen en entredicho la manera de proceder del equipo de gobierno", ya que todos ellos -salvo Lidia Ruiz, que dimitió- siguen formando parte del mismo esta legislatura.

Según ha indicado el 'popular' a esta agencia, los concejales investigados "cometieron un error cuando se negaron a declarar ante el juez el pasado junio, porque ahí perdieron también la oportunidad de defenderse".

"No lo debían tener muy claro cuando optaron por esa opción" ha ironizado el presidente del PP, para quien "ahora van a tener la oportunidad de explicar su forma de proceder contraria a los reparos de la intervención municipal". Por la querella, el regidor declaró como imputado en noviembre de 2018 ante el Juzgado 2 de Santoña.

FACTURAS

La denuncia hace referencia al pago de cuatro facturas, de las que dos corresponden al abono de casi 4.000 euros en concepto de honorarios a abogados para la defensa del alcalde, la teniente de alcalde y una extrabajadora en un procedimiento penal.

Las otras dos tienen que ver con el pago de 7.260 euros a una consultoría jurídica por un informe de expropiación forzosa, cuando esa evaluación ya había sido realizada por la jurídico municipal, y al pago de 8.000 euros a una consultora por un trabajo relacionado con los puestos de trabajo del Ayuntamiento.

Además, también hay reparos de la interventora en relación al cambio de puesto de trabajo de la coordinadora del Centro de Comunicaciones y de la contratación del aparejador municipal, de la abogada municipal y del servicio informático sin seguir el procedimiento.

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