La fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez Bados, ha dictado un decreto por el que se archiva la denuncia del actual alcalde de Astillero, Francisco Ortiz Uriarte, contra el anterior regidor municipal, Carlos Cortina, por presuntas irregularidades en el pago del complemento de productividad a cuatro oficiales de la Policía Local, que ascendieron de categoría y de funciones, desde el año 2012 hasta mediados de 2015.
El decreto de la Fiscalía Superior de Justicia de Cantabria da por probado que el mencionado pago fue aprobado por el Pleno astillerense en junio de 2008 porque el Ayuntamiento carecía de Relación de Puestos de Trabajo (RTP) "que no se ha aprobado aún" y que "el Ayuntamiento prorrogó la situación hasta que en el año 2012 tuvo que incrementarse en los presupuestos la asignación del complemento de productividad a los agentes de la Policía Local que habían sido elegido cabos".
El organismo judicial aclara en el decreto que la propia ley "atribuye al alcalde la competencia para la asignación individual de productividad y gratificaciones, sin que excedan de la cantidad señalada por el Pleno de la Corporación" y que el Estatuto Básico del Empleado Público establece que "el incremento de las cuantías de las retribuciones complementarias deben reflejarse para cada ejercicio presupuestario".
"Los importes de los complementos específicos, de productividad y las gratificaciones se han visto prácticamente inalterados desde su aprobación en el año 2008; sin embargo, tanto para el año 2013 como para al anterior, en principio y sin perjuicio de un cálculo exhaustivo, en ningún caso se supera el límite máximo sin que tampoco el complemento de productividad fija supere el 30% de estas diferencia", argumenta la fiscal superior.
El decreto añade que "la concesión de nuevas productividades a plazas de nueva creación u otras necesarias podrá realizarse por acuerdo de la Alcaldía siempre que se utilicen los mismos criterios del acuerdo o acuerdos plenarios adoptados al respecto en el año 2008".
Como recuerda la fiscal, "aunque el denunciante se limitó a una exposición de los hechos, el informe del secretario municipal los califica directamente de prevaricación", lo que es rechazado por el decreto judicial porque "no está indiciariamente acreditada, ni la arbitrariedad de las resoluciones adoptadas, ni la conciencia de la ilegalidad que afecta al correcto funcionamiento de la función pública y los intereses generales".
Denuncia sospechosa
En un comunicado, el departamento de Policía Local de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, que en su momento defendió el pago de la productividad a los mandos policiales "porque les corresponde por su ascenso de categoría y funciones a través de promoción interna", califica de "auténtico varapalo judicial" para el actual equipo de Gobierno el decreto de la Fiscalía Superior de Justicia de Cantabria.
"El actual alcalde ordenó al secretario municipal hacer un informe a la medida de sus pretensiones, calificando de prevaricación los pagos efectuados, olvidando que esos pagos también se recogían en el último presupuesto del propio alcalde denunciante", agrega el sindicato, que también critica que "de forma sospechosa o malintencionada, también se olvidaron que dentro de las atribuciones del alcalde está la aprobación de la productividad de los empleados".
Los policías locales de UGT agregan que "si lo que pretendía el alcalde era utilizar a estos mandos policiales contra su predecesor en el cargo, lo único que ha logrado es causarles un grave perjuicio económico", por lo que el sindicato exige "la inmediata restitución del pago de estas cantidades" a los oficiales de la Policía Local, a los que, según el sindicato, el actual alcalde "dejó a los pies de los caballos como si fueran unos delincuentes que se habían apropiado de dinero público".
