ARCA (Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria) ha decidido no participar “en ningún acuerdo de mediación” y ha exigido a las Administraciones implicadas que “acaten y ejecuten el estricto cumplimiento de todas las sentencias de demolición sin distinciones ni más aplazamientos”. “A tenor de las recientes declaraciones realizadas a los medios por diversos representantes del Gobierno de Cantabria en las que se involucraba a ARCA en un acuerdo de mediación, ARCA valora este acuerdo como una nueva técnica dilatoria destinada a seguir garantizando la impunidad de la Administración y el desistimiento del demandante”, ha advertido en un comunicado la asociación ecologista, que considera que la mediación es “el último truco con el que se intenta montar un artificio nuevo para evitar y alargar indefinidamente en el tiempo la ejecución de las sentencias”. “Coherentes con los fines de nuestra asociación en la defensa del medio ambiente, y de los usos adecuados y sostenibles del territorio para beneficio del interés general, valoramos de máxima importancia la ejecución efectiva de todas las sentencias para que estos desastres urbanísticos no vuelvan a repetirse”, ha advertido ARCA.
“Nos encontramos ante un desvergonzado y prolongado caso de objeción y rebelión del poder ejecutivo de la comunidad de Cantabria contra el poder judicial”
“Desde que las sentencias fueron firmes, los distintos gobiernos de Cantabria de distinto signo (PP, PSOE y PRC) a lo largo de varias legislaturas han utilizado sus redes de poder político institucional e influencia social, para boicotear el cumplimiento de las sentencias”, ha denunciado la asociación ecologista, que ha insistido en que el urbanismo “está fuera del campo de la mediación” y que la mediación “constituye una burla al poder judicial, una trampa para nuestra asociación y la prolongación de la agonía que vienen padeciendo los afectados”. “Nos encontramos ante un desvergonzado y prolongado caso de objeción y rebelión del poder ejecutivo de la comunidad de Cantabria contra el poder judicial, un escándalo de primer orden que socava los principios básicos de la democracia, una vergüenza para nuestra comunidad, protagonizada por nuestros representantes públicos de diferentes partidos e ideologías”, ha asegurado. “Lo que debe hacerse es aceptar y asumir la aplicación íntegra de las sentencias por parte de los responsables de las infracciones urbanísticas cometidas, la comunidad autónoma y los ayuntamientos afectados, y sin más dilaciones proceder a reparar el daño causado a todos los afectados de buena fe, restituyendo la legalidad urbanística vulnerada mediante la ejecución de todas las sentencias sin distinción”, ha añadido ARCA.
La asociación ecologista ha recordado que “hace 15 años que se hizo el primer plan de derribos, denegado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, porque apenas se derribaba nada de lo sentenciado”, que “posteriormente se hizo la primera ley del Parlamento para los derribos, que fue declarada inconstitucional”, que “51 días después de la sentencia, se hace la segunda ley anti-derribos, que igualmente es declarada inconstitucional” o que “posteriormente, para seguir dilatando los procedimientos en el tiempo, se adopta la idea de crear el conflicto artificial de si los pagos han de hacerse antes o después de demoler; el Tribunal Constitucional responde que basta con que la Administración garantice dicho pago”. “Como la realidad es que no hay voluntad política alguna de ejecutar todas las sentencias judiciales de derribo, en el año 2019 la Administración autonómica se inventa un nuevo truco para seguir prorrogando indefinidamente la ejecución de las mismas: la figura del mediador”, ha añadido. “Entendemos y reiteramos que este es el último truco, con el que se monta un artificio nuevo para alargar indefinidamente la ejecución de las sentencias: una nueva técnica dilatoria, destinada a seguir garantizando la impunidad de la Administración y el desistimiento del demandante”, ha insistido ARCA.
