Cuando en octubre de 2015 el por entonces alcalde de Santander, Íñigo de la Serna (hoy ministro de Fomento), recibió la noticia de que el Tribunal Supremo anulaba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que él mismo había defendido ante vecinos, asociaciones, oposición y todo aquel que lo criticara, convocó una rueda de prensa para apelar a la “prudencia” sobre el alcance de la sentencia. Este lunes se conocía el detalle de dicho alcance, y lo cierto es que se lleva por delante varios de los proyectos estrella del exalcalde, obliga a revisar otros y deja en el limbo el que posiblemente sea uno de los mayores y más visibles para los turistas: el Frente Marítimo.
En concreto, los proyectos que decaen son el Plan Parcial de La Remonta, que preveía la construcción de 1.300 viviendas, y el Parque Litoral Norte, el “gran parque verde y público” con 4 millones de metros cuadrados y cuyo plan especial ya se había contratado.
Por el contrario, sobreviven los proyectos del Centro Botín, el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) o las VPO en la antigua Prisión Provincial, mientras que otros como las 70 VPO de Tabacalera o la nueva cafetería de Valdecilla requerirán de normas urbanísticas transitorias. En el limbo queda el Frente Marítimo, que sale de ordenación.
Así lo ha anunciado el concejal de Infraestructuras, César Díaz, que ha informado este lunes a los grupos municipales de los proyectos afectados por la sentencia del Supremo y posteriormente ha expuesto en rueda de prensa.
El convenio que regulaba el Plan Parcial de La Remonta, cuyo área y usos incluía el PGOU, queda anulado, aunque el parque que se está realizando no está afectado
Tras insistir en que el PGOU fue anulado por una "causa ajena al Ayuntamiento", como es la nulidad del Bitrasvase por una "deficiente" evaluación ambiental, que "realizó el PSOE" en su anterior etapa en el Gobierno, ha detallado los proyectos municipales y privados afectados y las vías para darles solución si es posible.
La Remonta y Parque Litoral
Díaz ha explicado que el convenio que regulaba el Plan Parcial de La Remonta, cuyo área y usos incluía el PGOU, queda anulado, aunque el parque que se está realizando no está afectado. Ha destacado que no se llegó a realizar ni tramitar nada relacionado con el plan porque el Gobierno y el Ministerio de Defensa tenían que firmar un convenio para determinar su gestión y no se ha hecho.
Sobre el Parque Litoral, ha señalado que estaba recogido en el PGOU de 2012 aunque había que hacer un plan especial para determinar los usos, proyecto que se había contratado por 67.000 euros. Se habían desarrollado las dos primeras fases pero "no se puede continuar" porque "decae" con el plan general y todo este área vuelve a ser de suelos no urbanizables y especialmente protegidos.
"Volver a recoger todo esto del Parque Litoral Norte es una tarea que hay que encomendársela solamente a una nueva revisión del plan general", ha indicado Díaz.
Desarrollo de normas y situaciones especiales
Otros proyectos requieren del desarrollo de unas normas urbanísticas transitorias que, como vía rápida, se puede hacer modificando la Ley del Suelo en la 'ley de acompañamiento' de los presupuestos de Cantabria porque, de lo contrario, habrá que esperar a la aprobación de la nueva ley, así como a ver si ésta permite esa opción. Es el caso de las 70 VPO de Tabacalera o la nueva cafetería en el complejo del Hospital Valdecilla.
Por otro lado, en situación especial queda el caso del Frente Marítimo, que incluye el área de Varadero y San Martín dándoles una edificabilidad. Éste queda en una "situación muy peculiar" porque los suelos fueron desafectados por el Puerto, que ya no puede regularlos urbanísticamente -lo que hacía el PGOU de 2012- y no están contemplados en el plan del 1997.
"Quedan en un limbo", ha indicado, y ha explicado que, para estos casos, la ley da un plazo de dos años para dar una nueva ordenación, para lo que ya se está trabajando con el Puerto, que incluso prevé poder ceder a más metros de los previstos.
La vuelta al plan de 1997 supone que la vuelta al uso de equipamiento sanitario, una pérdida de calificación que "no es imputable al Ayuntamiento" al haberse anulado el PGOU por "una causa externa"
En cualquier caso, ha dicho que habrá que firmar un nuevo convenio, hacer un nuevo balance económico y, de ahí, sacar los nuevos parámetros urbanísticos para trasladarlos al PGOU aunque, en ese punto, serían necesarias las normas urbanísticas transitorias.
A pesar de esa situación, las tres actuaciones previstas ahí (la urbanización provisional de Varadero, el derribo de los tinglados de Antonio López y el acondicionamiento y urbanización de la Estación Marítima) no están afectadas. Tampoco lo están las ya realizadas: el paseo marítimo de Castilla-Hermida, la explanada de Gamazo, la rehabilitación del dique y la duna de Zaera.
En otras circunstancias se encuentra la integración ferroviaria y el desarrollo por fases acordado con Fomento en 2015. Aunque con el PGOU de 2012 ya se requería una modificación puntual, Díaz ha indicado que se reduce la edificabilidad con el Plan de 1997 pero éste permite incrementarla y, en cualquier caso, su desarrollo se requeriría también de modificación puntual.
Cabildo de Arriba
El Plan Especial del Cabildo de Arriba, aprobado por el pleno en 2015, "no se sabe si se anula o no". Los técnicos del Ayuntamiento "no lo han decidido" y se sigue trabajando junto con el Gobierno, la asociación de vecinos y la empresa que gestiona la Comunidad de Propietarios, que iba a actuar inicialmente en dos manzanas de la calle Alta.
"Seguimos intentando arrojar luz para saber si el plan especial puede permanecer vivo o no", ha indicado el edil, que ha detallado que tanto en el PGOU de 2012 como en el de 1997 la zona es suelo urbano consolidado.
También ha detallado la situación generada en el convenio del Ayuntamiento con la Fundación Caja Cantabria para dar un uso residencial a la Residencia de Mayores de Cazoña, un cambio de uso por el que la entidad abonó al Consistorio las plusvalías por 6,9 millones.
“Nos hicieron creer que no pasaba nada y vaya si pasa”, ha enfatizado Fuentes-Pila
La vuelta al plan de 1997 supone que la vuelta al uso de equipamiento sanitario, una pérdida de calificación que "no es imputable al Ayuntamiento" al haberse anulado el PGOU por "una causa externa", por lo que Díaz ha indicado que, en caso de que Caja Cantabria reclame el dinero, "quizá son otros los que tienen que hacerse cargo".
Ha indicado que, aunque por el momento no se ha presentado ninguna reclamación por la anulación del PGOU, los perjuicios económicos que pudieran derivarse no deberían ser asumidos por el Consistorio al ser "externa" la causa de la anulación del plan pero, ha indicado, aunque la causa hubiese sido otra, la responsabilidad sería conjunta y solidaria del Ayuntamiento y el Gobierno.
Centro Botín y MUPAC
El Centro de Arte Botín se salva de la anulación del PGOU porque, se ubica en la zona de servicio del Puerto y de dominio público-portuario por lo que se rige por el Plan Especial del Puerto, en el que se hizo una modificación en 2012 para dar cabida a esta dotación y en base a la cual el Ayuntamiento concedió la licencia. Ha recordado que ambos actos administrativos fueron recurridos ante los tribunales, pero se desestimaron las pretensiones de los demandantes.
Tampoco se ve afectado el proyecto del MUPAC junto al Palacio de Festivales; la renovación del centro hospitalario Padre Menni; la actuación para viviendas y garajes en el colegio Divina Pastora; las viviendas en la antigua Prisión Provincial o el nuevo edificio administrativo en el solar de la calle La Paz.
Tampoco se ve afectada ninguna de las 16 actuaciones que, con una inversión de 15 millones de euros, tiene en marcha el Ayuntamiento, así como tampoco otras 25 por valor de 30 millones que tiene previsto ejecutar.
La pronta continuidad de otros proyectos depende de las normas urbanísticas transitorias. Es el caso ya de las 70 VPO de Tabacalera o de una cafetería en la zona sur del complejo de Valdecilla, donde no se podrá construir ya más volúmen pero sí hacer otras obras como las del Hospital Virtual.
En esta situación está también el proyecto del colegio de la Compañía de María (La Enseñanza) para construir un nuevo centro en San Román y dar uso residencial a la parcela de Vía Cornelia. "El plan de 1997 solo contempla ahí equipamiento educativo y las normas urbanísticas transitorias serían una opción para llevarlo a cabo", ha dicho Díaz.
Reacciones
Por su parte, el portavoz del Grupo municipal regionalista, José María Fuentes-Pila, ha criticado que el equipo de Gobierno del PP haya tardado “tres meses” en admitir las consecuencias de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con un uso “partidista” de la información que “no se merecían los santanderinos”.
“Nos hicieron creer que no pasaba nada y vaya si pasa”, ha enfatizado Fuentes-Pila, para quien a los efectos “lógicos y que sólo el PP negaba” de la nulidad -como los referidos a la Remonta, el Parque Norte Litoral o la ampliación del Parque Científico y Tecnológico- se suma, “lamentablemente, la gestión partidista y poco transparente” del equipo de Gobierno.
En su opinión, la información que el PP se ha visto “forzado a dar” llega “muy tarde” y ha recordado que su formación “solicitó por Registro a la alcaldesa, pidió en Pleno a la Corporación y reiteradamente en los medios de comunicación una mesa de trabajo como la que hoy se ha celebrado”. Un “cambio de actitud” que ha vinculado a la moción registrada la semana pasada por el Grupo regionalista al amparo de la Ley de Transparencia, para “romper el silencio del PP”. “Es lamentable que hayamos tenido que llegar a eso, pero han dejado poca opción”, ha enfatizado al respecto.
Por otra parte, cree que el fallo del TS provoca un “aterrizaje forzoso” del PP en la “realidad de Santander”, la de una ciudad que, de su mano, no ha parado de perder “población y oportunidades”. “Han intentado ganar tiempo, pero la realidad es la que es, y, una vez caído el castillo de naipes, queda la realidad de una gestión muy deficiente y unas necesidades que no se están cubriendo”, considera Fuentes-Pila.
En similares términos se ha expresado el PSOE, que ha pedido al Partido Popular que "deje de confundir" sobre la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En un comunicado los socialistas afirman que "el PP está obsesionado con repartir culpabilidades en vez de buscar soluciones", tras la reunión de la comisión de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Santander, donde el equipo de gobierno ha informado sólo de algunas consecuencias de la anulación del PGOU.
Para el PSOE no hacía falta "esperar" tres meses para celebrar esta reunión y trasladar la información que el equipo de gobierno ha trasladado. "Han hecho público hoy un conjunto de suposiciones, posibilidades, incertidumbres, sobre los que en la mayoría de los casos no han concretado nada", denuncia el Grupo Municipal.
"Casi tres meses después de la sentencia que anulaba el PGOU, el PP da un listado incompleto de actuaciones afectadas", explica el PSOE, que crítica además que en la reunión no se ha entregado ningún tipo de informe "en el que se valore las consecuencias concretas ni se analice punto por punto los efectos".
