jueves. 29.02.2024

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha presentado este jueves una iniciativa que hará llegar a los parlamentarios de Cantabria y a los diputados al Congreso y senadores para que se incorpore en las diferentes normativas la obligación de la Administración a reparar el daño a los afectados por el derribo de viviendas, siempre y cuando hayan pasado 15 años de una sentencia firme.

El presidente de AMA, Antonio Vilela, ha dado a conocer esta iniciativa al consejero de Fomento, Roberto Media, quien ha informado que su departamento ha destinado desde julio más de 2,8 millones de euros para compensar los daños ocasionados a los afectados por el derribo de viviendas en los ayuntamientos cántabros.

La iniciativa de AMA consiste en incorporar a las diferentes normativas un nuevo artículo que especifique que, tras 15 años de una sentencia firme contra la Administración, ésta queda obligada a reparar el daño con una indemnización o una vivienda de sustitución.

Vilela lo presentará en el Parlamento de Cantabria para que se incluya en el convenio establecido con los afectados, "ya que estos convenios no pueden estar vigentes sin dar soluciones", ha dicho.

Por otra parte, también se llevará al Congreso de los Diputados o al Senado para intentar introducir un artículo con el mismo contenido de obligación de compensar los daños tras 15 años de sentencia firme en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Media ha afirmado que la propuesta de AMA está "en el espíritu" de los acuerdos establecidos para que el problema "no se eternice" y ha manifestado que el Gobierno de Cantabria tiene como objetivo solucionarlo en esta legislatura.

También ha lamentado la situación, ha mostrado su apoyo a los afectados y ha manifestado que todo lo que se pueda salvar, "el Gobierno lo salvará".

MARCHA DE LAS ACTUACIONES

Media y Vilela han repasado las diferentes actuaciones y avances que se han llevado a cabo por hasta el momento y el consejero ha destacado que desde que asumió Fomento se han destinado 2,8 millones en indemnizaciones y certificaciones de construcción de viviendas.

Media ha informado a los representantes de AMA que en Arnuero las obras "van muy rápido" y este año está previsto contar con las viviendas de sustitución, algunas de las cuales estarían libres para poder ser utilizadas por afectados de otros municipios.

En Escalante se está redactando el proyecto de construcción que se ha retrasado por un recurso, ya resuelto, que finalmente dio la razón al Gobierno. En unos meses, el Gobierno licitará las obras para que en esta legislatura se disponga de las viviendas de sustitución.

En Piélagos se avanza con el problema del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Media ha explicado que el plan se ha devuelto al Ayuntamiento para corregirlo según las indicaciones de los técnicos de Urbanismo y en cuanto se reciba se procederá a la aprobación.

En Argoños se está pendiente de la resolución del Tribunal Supremo que aún tardará unos meses, con la admisión a trámite del recurso contra la anulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Media ha dicho que "si se consigue ganar, según nos dicen los servicios jurídicos de la Consejería, sería una solución definitiva para estas viviendas, que ya estarían salvadas con la aprobación del Plan General de Argoños".

En la reunión con el consejero, el presidente de AMA ha estado acompañado por otros miembros de la asociación como Ciriaco García, María Ángeles Santiago y José Manuel Oláiz. El director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Víctor Gil, también ha estado presente.

AMA pretende obligar a la Administración a reparar daños tras 15 años de una sentencia...
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