La Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) ha anunciado que asumirá internamente la destrucción de documentos de especial protección, después de que cientos de ellos, con datos personales de contribuyentes, aparecieran hace una semana tirados junto a un contenedor de basura del centro de Santander.
La ACAT, que ya anunció tras estos hechos que revisaría sus protocolos de destrucción de documentación, ha señalado que esta medida estará en vigor hasta que se formalice la contratación de una empresa especializada y forma parte de un conjunto de actuaciones puesto en marcha para incrementar la seguridad en todos sus procedimientos.
Al respecto, ha explicado en nota de prensa que, aunque la 'Guía para la Gestión y Notificación de brechas de Seguridad' de la Agencia Española de Protección de Datos catalogue como "bajo" el grado de severidad de dicho incidente en relación a las consecuencias para las personas, la ACAT ha emprendido "una revisión en profundidad" de sus protocolos, tanto internos como externos.
Formalizar un contrato con una empresa especializada en recogida y destrucción de soportes con contenido confidencial es una medida planteada
Según el director de la agencia cántabra, César Aja, este tipo de revisiones no significa que "estemos comenzando de cero". "Únicamente buscamos mejorar las normas que ordenan nuestro trabajo diario para prestar el mejor servicio posible al conjunto de la ciudadanía", ha puntualizado. Así, formalizar un contrato con una empresa especializada en la recogida y la destrucción de soportes con contenido confidencial es una de las medidas planteadas. Y es que, según Aja, la ACAT trabaja con una documentación "que exige una protección superior a la de otros servicios".
En ese sentido, la agencia pretende incorporar los servicios de una entidad certificada, que regula los procesos de destrucción y los medios empleados en ese proceso. "De este modo, podremos exigir al adjudicatario información como el certificado de destrucción de cada expediente", ha explicado.
A la espera de que se ponga fecha a su solicitud de comparecer ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Cantabria para informar sobre lo ocurrido, Aja y su equipo están estudiando la fórmula para "endurecer" los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los de prescripciones técnicas en los contratos de servicios o suministros. "Nuestro propósito es establecer estándares que eleven la exigencia y multipliquen los mecanismos de control", ha indicado.
De esta manera, algunas de las posibilidades que se contemplan son las de incluir una relación exhaustiva de los trabajos a desempeñar de manera específica con los documentos confidenciales o diseñar un plan de ejecución detallado de las prestaciones del contrato. Además, y con "el firme propósito" de convertir este incidente, que considera "aislado y sin precedentes", en una oportunidad de mejora, la ACAT va a editar su propia guía de instrucciones interna para todos los empleados públicos al servicio de este organismo.
"Nuestro personal laboral no tiene por qué conocer aspectos tan técnicos como la superficie máxima que deben tener las tiras resultantes del proceso de destrucción para garantizar la irrecuperabilidad del documento", ha explicado Aja. Este documento, que aportará pautas precisas para la destrucción de esta clase de documentos, podría hacerse extensivo al resto de organismos del Gobierno de Cantabria.
