El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha modificado el proyecto de la Alta Velocidad a Cantabria aunque el Ayuntamiento de Palencia tiene dudas sobre si es compatible con los estudios informativos del soterramiento de 2010 y 2018, por lo que pedirá a un experto externo que avale esa compatibilidad para recurrir o no a los tribunales. Así lo ha anunciado este martes la alcaldesa de la capital palentina, Miriam Andrés, después de haberse reunido en Madrid con el secretario de Estado de Infraestructuras, la directora de Adif y técnicos del administrador ferroviario.
"Queremos ver si tenemos posibilidades de acudir a la vía judicial", ha finalizado Andrés
Andrés ha explicado que el nuevo proyecto "mejora la permeabilización" sobre el inicial y "reduce el impacto visual" de la zona, ya que los terraplenes del proyecto de hace un mes se sustituyen por un viaducto. Además, se reduce la losa del soterramiento, que inicialmente tenía 500 metros y ocupaba las cinco vías y ahora solo son 200 metros de una sola vía, por lo que "las otras cuatro van soterradas a la salida de la ciudad".
Aunque el proyecto "ha mejorado sustancialmente" según ha apuntado el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, desde el Consistorio dudan de si esta modificación es compatible con los estudios informativos de 2010 y 2018 por lo que van a pedir a un experto externo en derecho administrativo y urbanismo que "avale o no esa compatibilidad" ha subrayado la edil palentina.
Y es que Bilbao ha explicado que lo creaba un muro entre las dos partes de la ciudad era el terraplén, la comunicación de tierra que quedaba por debajo de las vías que se elevan, y que al hacer viaducto y dejar paso a conductores, peatones, como a la luz "disminuye ese efecto" además de perderse solo 1.000 metros de soterramiento y no 15.000 como en el anterior proyecto.
"Queremos ver si tenemos posibilidades de acudir a la vía judicial", ha finalizado Andrés, ya que de ser así habría que pedir medidas cautelares para paralizar una obra en marcha y en la que se van a invertir 27 millones de euros mientras aseguraba que "no se van a comprometer las arcas municipales sin garantías suficientes".
La alcaldesa ha reconocido que el equipo de gobierno no está satisfecho con la modificación porque querían que se paralizara la obra hasta que se elaborara un proyecto compatible para todas las administraciones, aunque entiende que la adjudicataria de la obra estaría en su derecho de pedir daños y perjuicios.
