Cerca de 4.000 empleados públicos de Cantabria estarían afectados por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que equipara la situación de trabajadores con contrato temporal y con la de empleados fijos en cuanto a las indemnizaciones a percibir por fin de contrato, de 20 días por año trabajado en vez de 12.
El dato lo ha dado este miércoles en Santander Carmen Perona, abogada de los servicios jurídicos de Comisiones Obreras, que ha participado en la sede del sindicato en una asamblea informativa sobre los derechos de los interinos de la Administración Pública en base a la aplicación del fallo dictado desde Bruselas el pasado mes de septiembre.
La letrada, que ha desarrollado la estrategia de CC.OO. para reclamar la equiparación de derechos de todos los trabajadores de la función pública, ha pedido a los afectados que no tengan "miedo" a reclamar, ya que diversas sentencias de juzgados españoles están dando la razón a los interesados. Además, ha indicado que cuanto "más" se tarde en hacerlo, "menos" dinero se va a percibir.
Perona -que fue la primera abogada en ganar una sentencia que anulaba la congelación salarial impuesta por el PP en 1997 a los empleados públicos- ha valorado además la formación de Gobierno en nuestro país, y que el nuevo ejecutivo tenga la "intención" de sentarse con los sindicatos a negociar.
El tribunal europeo apuntó que la legislación española es contraria a la normativa comunitaria al denegar una indemnización por finalización de contrato a trabajadores con contrato de interinidad
En este sentido, ha apuntado que el primer paso es acudir a la vía administrativa para iniciar el correspondiente procedimiento, para ir después, en caso de que la resolución de la administración sea desfavorable al trabajador, a la vía judicial.
El tribunal europeo defiende en su sentencia, fechada el 14 de septiembre de este año, que no existen "razones objetivas" que justifiquen una diferencia de trato entre trabajadores con contrato temporal y trabajadores con contrato fijo en cuanto a las indemnizaciones por fin de contrato.
La sentencia resuelve el caso de una ciudadana española, Ana de Diego, contratada por el Ministerio de Defensa en 2003 y que perdió su puesto de trabajo nueve años después.
Y después de que el Juzgado de lo social número 1 de Madrid desestimara su recurso, llevó el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, alegando que los contratos por interinidad se celebraron en fraude de ley y que su relación laboral debía convertirse en indefinida.
En respuesta a las cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el tribunal europeo apuntó que la legislación española es contraria a la normativa comunitaria al denegar una indemnización por finalización de contrato a trabajadores con contrato de interinidad mientras que la concede, en particular, a los trabajadores fijos comparables.
"El mero hecho de que este trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización", explica el fallo del TUE.
Comisiones Obreras señaló tras conocer las sentencia que la legislación laboral española "discrimina" a casi cuatro millones de trabajadores temporales y anunció que promoverá acciones judiciales para asegurar el pago de las diferencias económicas a todas las personas afectadas por una extinción de su contrato temporal en el último año.
