Las 214 viviendas construidas de forma ilegal en el Alto del Cuco, en Piélagos, se comenzarán a derribar a partir de mediados de este verano, y el plazo de ejecución de estos trabajos será de seis meses, con lo que concluirán a finales de año o principios del próximo.
El coste de esta actuación, que también implica la regeneración ambiental de la zona, donde se habían proyectado un total de 400 casas, será de 3,7 millones, la mayoría (2,7 millones) para la restauración del medio. La cuantía será adelantada por el Gobierno de Cantabria al Ayuntamiento, y después la administración local devolverá, en un plazo de diez años, a la regional este montante.
Así se desprende del convenio suscrito entre el Ejecutivo y el Consistorio, y aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno, para regular las obligaciones y liquidaciones de deuda que se deriven de la ejecución de las sentencias que anula el Plan Parcial del sector 2 Alto del Cuco en Piélagos.
De los 3,7 millones autorizados por el Gobierno de Cantabria, este año se prevén gastar 619.341 euros
El Gobierno cántabro autorizó el mes pasado este compromiso de gasto plurianual, por importe total de 3.744.105 euros, para la demolición de las viviendas a medio construir en el Alto del Cuco, sobre las que pesa sentencia firme de derribo del Tribunal Supremo, y la restauración ambiental de la zona en que se levantaron estas casas.
Ambos acuerdos son consecuencia del convenio de transacción judicial firmado en octubre de 2013 entre el Gobierno, el Ayuntamiento, Matinsa Fadesa y la Sareb para la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas en este ámbito, y después de que en diciembre de 2011 el Alto Tribunal confirmara el fallo del Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anulaba el Plan Parcial del Sector 2 Alto del Cuco, aplicado en la urbanización para la construcción de un total de 395 viviendas.
A raíz de estas resoluciones judiciales, en octubre de 2013 se rubricó el acuerdo para la inclusión de las viviendas a medio construir del Alto del Cuco en el plan de ejecución de sentencias de derribo, -su demolición estaba prevista inicialmente para el año 2014- así como el inicio de los trabajos de regeneración ambiental del monte, también contemplada para ese mismo ejercicio.
De los 3,7 millones autorizados por el Gobierno de Cantabria, este año se prevén gastar 619.341 euros, mientras que en 2017 están previstos 496.810 euros; en 2018 se contemplan más de 2 millones (2.192.225 euros) y en 2019 el montante restante, 435.727 euros.
Según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, este jueves se ha aprobado en el Consejo de Gobierno el convenio con el Ayuntamiento de Piélagos para regular las obligaciones y liquidaciones de deuda que se deriven de la ejecución de las sentencias.
De acuerdo con el mismo, el Ejecutivo va a cometer las obras de demolición, por 3,7 millones -gasto ya autorizado y consignado-, a través de una encomienda de gestión a Tragsa.
Esos 3,7 millones anticipados por el Ejecutivo serán devueltos por el Consistorio durante diez años, a razón de un 10% anual, comenzando este 2016, y se aplicará un interés del 1% anual.
A finales de este próximo mes de julio o comienzos de agosto estará "todo dispuesto" para que Tragsa inicie la primera fase de las obras, la demolición de los elementos urbanos ilegales, y el movimiento de tierra necesario para que las rasantes queden equilibradas. Esta fase, cuyo coste estimado es de 1,29 euros, de demolición se ejecutará a lo largo de seis meses.
La fase posterior, estimada en 2,71 millones, consistirá en la regeneración y restauración ambiental de toda la zona.
