jueves. 28.03.2024

El Gobierno de Cantabria calcula que 204 de las 511 viviendas que hay aún en la comunidad con sentencia de derribo tendrán que demolerse y prevé iniciar este mismo año el procedimiento para licitar y ejecutar estas obras, que correrán "a cargo" de los ayuntamientos donde se ubican. Así lo ha anunciado este jueves el vicepresidente del Gobierno regional, que ha explicado que en el Consejo de Gobierno de este jueves se ha analizado el plan de derribos diseñado por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo que dirige el regionalista José Luis Gochicoa y los ayuntamientos de Argoños, Arnuero, Escalante, Piélagos y San Vicente de la Barquera.

Esta propuesta actualiza el plan de derribos realizado en 2011, cuya vigencia ya ha concluido. Así, el nuevo documento prevé la demolición de 204 de las 511 viviendas afectadas a día de hoy por sentencia y cuantifica en algo más de 23,3 millones de euros el coste de las obras de derribo, las indemnizaciones y la construcción de viviendas de sustitución, cantidad que será financiada al 50% por el Ejecutivo y los municipios afectados.

La previsión es que esté culminado al término de la presente legislatura, en 2023, ha informado el Ejecutivo regional. Zuloaga ha señalado que se pretende impulsar la aprobación de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) que pueda contribuir a evitar derribos, "fundamentalmente" en Piélagos y Argoños.

PLAN DE DERRIBOS

Ya por la tarde, el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, ha detallado que hoy jueves se ha dado cuenta al Consejo de Gobierno del Plan de Derribos de Cantabria para los próximos cuatro años y, posteriormente, ha sido presentado el Plan al Tribunal Superior de Justicia y a la asociación AMA, en representación de los afectados durante sendas reuniones que se han celebrado durante el día.

Según ha concretado, se trata de un plan cuyo objetivo principal es ejecutar sentencias y cumplir las órdenes judiciales, por lo que ha sido redactado como si se tratara de cualquier otro plan como el de carreteras, el de puertos, etcétera, en cuanto a que incluye actuaciones concretas, plazos e importes, todo ello con el objetivo de “dar solución definitiva” al tema de los derribos esta legislatura. Además, según ha recordado el consejero, el importe del plan para los próximos cuatro años, que es su vigencia, está establecido en 23 millones de euros y su ejecución va en paralelo con la redacción y aprobación de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) que están ahora mismo en marcha.

Por su parte, el presidente de AMA, Antonio Vilela, ha mostrado su satisfacción al comprobar que este Plan de Derribos, que estudiarán con detenimiento, sí incluye partidas presupuestarias y fechas, frente a los anteriores, por lo que se han mostrado confiados en que puedan ser cumplidos los objetivos en esta legislatura y que “no quede en el olvido” ya que, a su juicio, “merece la pena hacer un esfuerzo por parte de todos para acabar con el problema de los derribos a lo largo de este 2020 y  finalizar con esta triste historia”.

Con todo, y en declaraciones a eldiariocantabria.es, Vilela ha afirmado que durante la reunión ha mostrado su “preocupación por la lentitud” en las aprobaciones de los Planes Generales de urbanismo, algunos de los cuales se mantienen desde hace más de una década “cambiando únicamente las fechas”. Es por ello que ha pedido que se cumplan las promesas de Ejecutivo y que “en 2020 se lleve a cabo”.

Además, en el encuentro con el consejero, AMA ha solicitado que “se tome alguna medida, alguna norma que regule los PGOU” que se dilatan en el tiempo. “No se puede tener a la gente en vilo con sentencias de derribo”, ha valorado Vilela, quien ha puesto el foco también en que la Administración está “gastando recursos de los ciudadanos sin solucionar el problema”.

En este sentido, ha avanzado que una de las medidas planteadas por la Asociación es la posibilidad de que el Gobierno de Cantabria asuma, de forma temporal y puntual para el caso concreto, competencias de urbanismo “si hay ayuntamientos que no tienen medios”, lo que permitiría desbloquear la situación de muchos municipios y que “no se espere eternamente”.

DÍA IMPORTANTE

“Hoy es un día importante porque es un compromiso que el gobierno adquirió con el Tribunal Superior de Justicia y con AMA y es un compromiso cumplido en el día de hoy”, ha reiterado el consejero, que ha recordado que este documento tenía que haber salido adelante en marzo, pero se retrasó por el tema del estado de alarma a causa del coronavirus. “Casi la mitad de los 23 millones de euros va destinada a viviendas de sustitución y la otra mitad a indemnizaciones a propietarios que no opten a esas viviendas o que no sea posible porque ese tipo de viviendas fueran imposibles de ejecutar”, ha enfatizado.  

Además, al estar el fondo de derribos ya aprobado e incluido en la ley 5/2018 de 22 de noviembre de Régimen Jurídico de la Administración y que fue modificada al respecto, nos permite asegurar ese cumplimiento, para sí, en el caso de que algún año las cantidades no se puedan liquidar, podrían destinarse al año siguiente, ha especificado José Luis Gochicoa. Este documento ha sido firmado tanto por el Gobierno regional como por todos los ayuntamientos implicados para poder comenzar con aquellas viviendas que no se pueden legalizar en base a sus planeamientos urbanísticos, actualmente en tramitación, y que este Gobierno está trabajando para que puedan aprobarlos los antes posible.

204 viviendas con sentencia de derribo tendrán que demolerse, con un coste de más de 23...
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