jueves 21/10/21
ASTILLERO

El PRC vuelve a cuestionar la legalidad en la praxis de la concejala de Obras para la concesión de licencias de obras

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Ayuntamiento de Astillero

El PRC en el Ayuntamiento de Astillero ha vuelto a cuestionar la legalidad en la praxis de la concejal de Obras, Marta Fernández, a la hora de conceder licencias de obras. En esta ocasión, los regionalistas aseguran que, al acceder al expediente de una, han comprobado que el pasado 10 de julio se registró en el Consistorio una solicitud de licencia para la construcción de una piscina de 25 metros cuadrados de un particular.

Solicitud que viene acompañada, según indican, del proyecto redactado y firmado por la edil junto con el encargo de la dirección de la obra, en el ejercicio de su profesión como Arquitecto Técnico e Ingeniero de la Edificación. El "asombro" del PRC se debe al detectar que el permiso se ha concedido por la Junta de Gobierno Local el pasado 29 de octubre, cuando la obra "se ha venido ejecutando desde el mes de julio".

"De nuevo se repite la triste historia", se quejan los regionalistas, para denunciar que "la concejala de Obras de Ciudadanos vuelve a utilizar el Ayuntamiento de Astillero como si fuera su propio cortijo". En este sentido, aseveran que no es "la primera vez" que el alcalde, Javier Fernández Soberón, "permite prácticas sospechosas e irregulares de su concejala de Obras, al margen de las licencias que otorga el propio Ayuntamiento", apostillan. Señalan al respecto que en febrero toda la oposición, PRC, PSOE, IU y PP, denunciaron "hechos similares".

Tras estas acusaciones, Fernández ha anunciado que denunciará ante los tribunales al PRC local por su "acoso continuo", "difamaciones" y "ataques personales y profesionales" contra ella, que, a su juicio, "sobrepasan" el ámbito político.

"Una cosa son los ataques políticos y otra muy diferente sobrepasar la línea personal que afecta al trabajo, ajeno a la propia imagen política", ha asegurado la edil, que cree que "la paciencia y encajar golpes tan bajos, vejatorios y gratuitos tiene que acabar" y espera que, "si humanamente no se ha podido lograr", "lo hagan los tribunales".

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