Una sentencia del Juzgado de lo Social 3 de Santander ha condenado de nuevo al Ayuntamiento de Camargo por vulnerar el derecho de libertad sindical de UGT, al no reconocer la legitimidad de las personas elegidas por el sindicato en diciembre de 2021 para representarlo en las distintas mesas de negociación del consistorio.
Según explica el propio fallo judicial, contra el que cabe recurso, el Consistorio "en modo alguno" reconoció la legitimidad sindical de la Comisión Gestora elegida por la Federación UGT-Servicios Públicos para sustituir a la Comisión de la Ejecutiva Sindical "en una decisión debidamente notificada al ayuntamiento". "Es una cuestión interna del sindicato en la que el Ayuntamiento no debió entrar. Debió acatar esta decisión y convocar a las mesas de negociación al único legitimado para desempeñar esta labor sindical", precisa la sentencia, tras añadir que "no cabe recurrir a razonamientos enrevesados y alambicados en que se enzarzó la parte demandada para cuestionar lo que resulta evidente".
La secretaria general de la Federación UGT-Servicios Públicos en Cantabria, Carmen Meruelo, ha señalado en nota de prensa que desde 2021 han comunicado "hasta en diez ocasiones" al Ayuntamiento las personas que les iban a representar en las mesas de negociación, pero la alcaldesa, Esther Bolado, y el concejal delegado de personal, Íñigo Gómez, "decidieron por su cuenta y de manera unilateral no aceptarlo, en un proceder que es insólito en Cantabria y en España porque no conocemos una Administración pública que lo haya hecho". "Hemos agotado todas las vías de diálogo, pero ni siquiera se han dignado en reunirse con nosotros", ha recalcado Meruelo, para quien "es inaceptable desde todos los puntos de vista que una Administración pública se entrometa de manera tan descarada en una cuestión interna de un sindicato y no reconozca a los representantes que legítimamente ha designado".
También ha recordado que el Ayuntamiento de Camargo ya fue condenado recientemente por vulnerar el derecho de libertad sindical tras una demanda interpuesta por el comité de empresa, entre otros motivos, "por no facilitar copia básica de los contratos de trabajo que viene suscribiendo desde 2019, lo que todavía no ha hecho en un claro incumplimiento de una sentencia judicial".
Meruelo ha criticado igualmente que a lo largo de todo el año 2022 el Ayuntamiento "no ha convocado a los legítimos representantes de UGT en negociaciones de especial importancia", por lo que ha exigido al Consistorio la convocatoria inmediata de una mesa de negociación "legítimamente constituida" para solucionar los problemas que vienen sufriendo desde hace años los empleados municipales.
"La alcaldesa y el concejal de personal decidieron unilateralmente con quién querían negociar cuestiones trascendentales como la estabilización del empleo temporal en uno de los ayuntamientos que más tasa de temporalidad tiene y con una plantilla que está perdiendo poder adquisitivo y aguarda todavía una valoración de puestos de trabajo esencial para evitarlo", ha agregado Meruelo. A su juicio, "con semejantes antecedentes, nadie cuestiona", a punto de concluir la actual legislatura, que la política de personal del Ayuntamiento de Camargo "ha sido nefasta, con reiteradas vulneraciones de la normativa legal vigente y un desprecio continuo" a sus trabajadores y a sus legítimos representantes.
RECURSO
Tras conocerse la sentencia, el Ayuntamiento ha anunciado que la recurrirá. En un comunicado, el concejal de Personal, Íñigo Gómez, ha explicado que el Consistorio recurrirá porque "entiende que está procediendo de manera adecuada" y ha lamentado que un "problema interno" del sindicato esté "salpicando al Ayuntamiento".
Ha indicado que desde el Consistorio "en todo momento se están siguiendo los criterios de los servicios jurídicos municipales", que entienden que esta federación de UGT "no ha notificado de manera ajustada a la legalidad los" nombramientos de quienes serían los nuevos representantes del sindicato en la mesa de negociación.
El concejal ha rechazado las acusaciones vertidas por la secretaria general de la Federación, Carmen Meruelo y ha asegurado que es "rotundamente falso que no se les haya convocado a la mesa de negociación". El Ayuntamiento ha afirmado que se ha atendido el auto del juez de julio de 2022 en el que señalaba que, por prudencia, había que convocar a "ambas partes de UGT" a las mesas de negociación hasta que el proceso judicial se resolviera.
"Y así lo hemos hecho, ya que desde ese momento hemos convocado a las dos partes enfrentadas de UGT para que participaran en las mesas de negociación. Sin embargo, la parte que Carmen Meruelo representa cuando ha venido inmediatamente se ha levantado y se ha marchado, abandonando la negociación", ha añadido.
Gómez ha apuntado que la Federación UGT-Servicios Públicos "está perdiendo diversos procedimientos judiciales íntimamente relacionados con el caso" y ha señalado que el Ayuntamiento "no quiere entrar en los problemas internos del sindicato". "Sin embargo, parece que es el sindicado el que quiere que desde el Ayuntamiento les resolvamos el enfrentamiento interno que tienen", ha aseverado.
El edil ha indicado que, precisamente, lo que está haciendo el Ayuntamiento "en todo momento es no interferir en el conflicto interno que mantienen dentro de ese sindicato". "Se les ha reiterado que el Ayuntamiento quiere estar al margen del problema que tienen entre ellos y que esta situación no ayuda ni a los procedimientos del día a día del Ayuntamiento ni a los trabajadores", ha subrayado.
Gómez ha reiterado que todas las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento están "sustentadas en criterios técnicos de los servicios jurídicos municipales" y ha reclamado a UGT que "resuelva sus problemas internos para un mejor desarrollo de la labor".
En la sentencia del Juzgado de lo Social 3 de Santander, se indica que el Consistorio "en modo alguno" reconoció la legitimidad sindical de la Comisión Gestora elegida por la Federación UGT-Servicios Públicos para sustituir a la Comisión de la Ejecutiva Sindical "en una decisión debidamente notificada al ayuntamiento". "Es una cuestión interna del sindicato en la que el Ayuntamiento no debió entrar. Debió acatar esta decisión y convocar a las mesas de negociación al único legitimado para desempeñar esta labor sindical", precisa la sentencia, tras añadir que "no cabe recurrir a razonamientos enrevesados y alambicados en que se enzarzó la parte demandada para cuestionar lo que resulta evidente".
