Las dos últimas reformas laborales llevadas a cabo en España, lejos de hacer realidad la promesa del crecimiento de empleo, han precarizado el mercado laboral a través del abaratamiento del despido, una mayor desregularización para las empresas y el aumento del control a los parados, entre otras novedades.
Con la llegada de la crisis económica en 2008, que en España provocó un fuerte aumento del número de desempleados, comenzó la andadura de la primera reforma laboral bajo el gobierno del socialista Jose Luis Rodríguez Zapatero. El ejecutivo manifestó la predisposición a una reforma del mercado de trabajo para “flexibilizarlo”, condicionado a que los agentes sociales (patronal y sindicatos), llegaran a un acuerdo en la mesa de diálogo.
La reforma laboral y la necesidad de derogarla o no centran las propuestas en materia de empleo
Tras dos años sin acuerdos y con la crisis agravada, el gobierno de España, mediante decreto ley, modificó sustancialmente el mercado laboral sobre la base de tres ejes: extensión parcial de la indemnización de 33 días por año trabajado por despido improcedente en las contrataciones fijas, en perjuicio de la figura establecida en el Estatuto de los Trabajadores de 1980 de 45 días de indemnización por año trabajado; reconocimiento de las situaciones de crisis de las empresas, o empresas con pérdidas, como causa objetiva de despido procedente y posibilidad de que empresarios y trabajadores pacten una no vinculación al convenio laboral vigente en determinados supuestos críticos para la empresa, con el objetivo de reducir costes
Esta reforma, rechazada tanto por parte de los sindicatos, que convocaron una huelga general en protesta el 29 de Septiembre de 2010, año de la entrada en vigor, como por parte de la patronal, que la consideró "inadecuada" por no aclarar "suficientemente" las causas y los procedimientos en la extinción de contratos.
La reforma laboral de 2012, con el Partido Popular de Mariano Rajoy en el Gobierno, vino a modificar la anterior, aprobada apenas dos años antes.
Tras la victoria electoral, el entonces candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, propuso en su discurso de investidura pronunciado ante el pleno del Congreso de los Diputados el 19 de diciembre de 2011, "llevar a cabo una profunda modernización de la legislación laboral, al servicio de la creación de empleo, que apueste por una mayor estabilidad, una mayor flexibilidad interna en las empresas y que considere la formación como un derecho del trabajador".
Ante la falta de acuerdo entre la patronal y los sindicatos mayoritarios, el Gobierno anunció su intención de legislar unilateralmente. Esta reforma mantuvo alguno de los puntos más controvertidos de la anterior, como la indemnización por despido improcedente reducida de 45 a 33 días, y sumó otras no menos polémicas, como la ampliación de las causas del despido objetivo, la supresión de la necesidad de autorización previa de la administración para realizar un ERE, o el nuevo papel de las ETT como agencias de colocación.
Mientras el PP insiste en que se han creado 1,5 millones de empleos, el resto de partidos critican que los nuevos trabajos son precarios y mal retribuidos. La reforma laboral y la necesidad de derogarla o no centran las propuestas en materia de empleo de PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos. Toda la oposición está de acuerdo en la eliminación de la última reforma de 2012.
PSOE
Los socialistas afirman que, de llegar al Gobierno, derogarán “con carácter inmediato” toda la reforma laboral del PP, que “estableció un modelo de empleo precario, de bajos salarios, de despidos baratos y un sistema de relaciones laborales sin equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios”.
La reforma laboral del PP estableció un modelo de empleo precario, de bajos salarios, de despidos baratos y un sistema de relaciones laborales sin equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios
Desde el PSOE manifiestan su pretensión de recuperar el sentido original del Estatuto de los Trabajadores como carta de derechos: garantizar los derechos laborales más clásicos, como el derecho a la formación profesional o la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, e incorporar al Estatuto de los Trabajadores el reconocimiento de derechos como la seguridad y salud en el trabajo, la libertad religiosa, el secreto de las comunicaciones, incluso las que tienen que ver con el uso de internet, del correo electrónico o las redes sociales; y el derecho a la propiedad científica e intelectual de los trabajadores.
Según las medidas en materia de empleo dadas a conocer por los socialistas, el partido aprobará un programa de formación más acreditación para que 700.000 jóvenes adquieran la formación básica necesaria para su recualificación profesional. También se promete un aumento del salario mínimo interprofesional que alcance, en el término de dos legislaturas, el 60% del salario medio neto, que es la cuantía que señala la Carta Social Europea como retribución mínima suficiente.
Podemos
Las reformas laborales del PSOE en 2010, la del PP en 2012 apuestan por el mismo modelo: abaratar costes de despido y acabar con la dualidad laboral igualando por abajo, en lugar de acabar con la temporalidad aplicando voluntad política contra el fraude de ley. Esta es la opinión del partido morado, que se presenta a las elecciones en coaliación con IU, que además asegura que el mercado laboral español “es de los más desregularizados de Europa, precarizar las condiciones de trabajo no ayuda a salir de la crisis”.
Precarizar las condiciones de trabajo no ayuda a salir de la crisis
En lo que se refiere a su programa electoral sobre empleo, los de Podemos aseguran que establecerán toda una serie de medidas que beneficien a los autónomos, como el establecimiento de cuotas a la Seguridad Social porcentuales y progresivas en función del rendimiento neto para los autónomos que facturen por encima del salario mínimo, y un alta gratuita para aquellos que lo hagan por debajo del salario mínimo interprofesional.
Al igual que los socialistas, prometen un incremento gradual del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta alcanzar los 800 euros al mes en 14 pagas al final de los dos primeros años de legislatura, para asegurar posteriormente la convergencia con el 60 % del salario medio que establece la Carta Social Europea. De este modo, al final de la legislatura dicho salario se situará en un mínimo de 950 euros al mes.
En lo que se refiere a la precariedad laboral y las situaciones de escasos recursos, el partido asegura la creación de un programa de renta diferencial (complementaria de los ingresos existentes) para todos los hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza monetaria. Además, se establecerá un complemento para trabajadores con baja remuneración para eliminar la discriminación que supone la «trampa de la pobreza», y para garantizar el acceso de estos trabajadores a niveles suficientes de bienestar. Para aquellos beneficiarios de la Renta Garantizada que trabajen o encuentren empleo, supondría, de hecho, una retirada graduada (y no súbita) de la prestación conforme vayan aumentando sus ingresos salariales.
Ciudadanos
“Derogar la actual reforma laboral para volver a la de Zapatero y los 6 millones de parados y quedarse en el modelo del PP que ha generado empleo de una precariedad inasumible en una sociedad moderna., sencillamente, no nos vale”. Esta es la postura de Ciudadanos, que propone reformas en el mercado laboral para revertir esta situación de precariedad.
Derogar la actual reforma laboral para volver a la de Zapatero y los 6 millones de parados y quedarse en el modelo del PP que ha generado empleo de una precariedad inasumible en una sociedad moderna, sencillamente, no nos vale
La formación naranja propone un contrato estable que ya desde su inicio sea indefinido, donde la indemnización por despido aumente con la antigüedad. La media de indemnización está ahora mismo en 13 días, y los empresarios se encuentran con un muro infranqueable por la incertidumbre y la volatilidad económica que hace que vayan concatenando contratos temporales para acabar despidiendo a los trabajadores. Si el aumento de las indemnizaciones es gradual haremos desaparecer ese muro. Además, premiaremos a la empresas que despidan menos y penalizaremos a las que abusen de las contrataciones temporales.
En cuanto a los trabajadores autónomos, C´s propone, entre otras medidas, que ningún autónomo que esté por debajo del Salario Mínimo pague la cuota a la Seguridad Social, y por encima del Salario Mínimo pague una cuota proporcional a los ingresos hasta un tope. Se simplificará el sistema de altas y bajas y reducirá la frecuencia de las declaraciones, acabando con las cargas excesivas y las barreras al emprendimiento y eliminaremos la burocracia que asfixia a los autónomos.
En lo que se refiere a la renta básica, no están de acuerdo con ello: “No es económicamente sostenible, somos partidarios del Complemento Salarial. Incluso Podemos, en su nuevo programa, la ha retirado y ahora apuesta por una Renta Complementaria”.
