Desde hace varios meses, trabajadores de Mercadona vienen denunciando en Cantabria la situación que están sufriendo por parte de la empresa. Se han convocado huelgas, se han producido denuncias ante Inspección de Trabajo, ante los tribunales, se han denunciado persecuciones a representantes sindicales. De hecho, a finales de abril el presidente del comité de empresa en la región, Gerardo Grande, acudía al Congreso de los Diputados para dar visibilidad a esta problemática y al hecho de que “no existe la ley” en Mercadona, cuya problemática con los trabajadores se sustenta, básicamente, en tres aspectos: precariedad laboral, conciliación y salud laboral.
Lo cierto es que lo que ocurre en Cantabria no es algo único. También está pasando en otros puntos de España, como Castilla y León, donde los trabajadores también han tenido que verse obligados a denunciar a la empresa. Tal y como publica el medio regional Zamora News, la situación tanto en los centros de Zamora como en Salamanca y otros puntos de la comunidad vecina no es muy diferente. Algo que se repite
Según explica este medio, estos empleados se encuentran en “situación de vulnerabilidad” porque su situación laboral se rige por un convenio privado, no por el colectivo. Una suerte de “ley paralela” a la que parecía referirse Grande en su declaración en el Congreso. Esto afecta a varios aspectos.
Para empezar, la conciliación familiar y laboral. Según los trabajadores, una cosa que afecta a en línea general a cualquier ámbito laboral, en el caso de Mercadona parece agravarse. No es que no se permita, sino que no se facilita: horarios poco flexibles y reducciones de jornada que no solucionan nada son, básicamente, las críticas de los afectados. Tal y como denuncian, la empresa les exige estar disponibles de 6:00 a 22:00 horas por “necesidades de la tienda”; un horario que supone contar con alguien más para cuidar a los hijos.
La cosa no se detiene aquí. Según las denuncias que han realizado varios trabajadores al citado medio, Mercadona habría exigido información sobre los horarios laborales de cónyuges y los horarios lectivos de los hijos, sin que eso implique que los empleados reciban una solución, derivando todo en denuncias a la empresa, a pesar de las posibles represalias.
Otra de las denuncias contra la empresa fue por contratar a un detective privado para que siguiera al marido de una trabajadora y a su familia para verificar si realmente era necesaria una concreción horaria. Algo que, según varios medios, también habría ocurrido en otros puntos de España como Canarias. A esto se suman otros abusos y amenazas. Algo que va en la misma línea de lo denunciado en Cantabria.
En el caso de nuestra región, cabe recordar que el pasado mes de abril el sindicato MAYSA denunció por lo Penal que Mercadona habría “retenido en una sala, con engaños y coacciones, a una delegada del sindicato solo con un objetivo, que firmase una documentación”. Una situación que se alargó “durante casi una hora”.
“La delegada de MAYSA se encontraba totalmente indefensa, pues le fue negada por parte de la empresa la asistencia de un representante legal de su sindicato y se la pretendía hacer un interrogatorio sin ser citada formalmente ni informada con qué fin”, denuncia la organización, que añade que la única explicación que recibió fue “que estaban allí para ayudarla y hacerla unas preguntas”, tal y como recogió eldiariocantabria.es.
A esto se suma la denuncia por “hostigamiento y persecución” contra el Presidente del Comité, al cual en menos de un mes se le han abierto dos expedientes; uno de ellos, que ha sido resuelto por la empresa con una sanción muy grave y suspendido de empleo y sueldo, ya está en el Juzgado por considerarlo actuaciones para “callar” a Gerardo Grande tras su declaración en el Congreso.
El propio Grande alertaba en su declaración de la salud laboral que tienen los trabajadores de Mercadona. Alerta que, tal y como recoge el medio zamorano, también ha tomado forma de denuncia en Castilla y León, donde los trabajadores han hecho públicos los excesos de trabajo y la presión constante, lo que deriva en problemas físicos y mentales que requieren bajas médicas. Denuncias a las que se suman presuntas presiones a los empleados para que “vuelvan al trabajo antes de estar completamente recuperados”, penalizando a los que recurren a médicos externos.
