El PP dice ahora que está “en vías de solucionar” el Plan Turístico de Santillana que declaró “no apto” en contra de la decisión del Estado
Han pasado dos días desde la reunión que mantuvieron la consejera de Turismo del Gobierno de Cantabria, Eva Guillermina Fernández, y el alcalde de Santillana del Mar, Ángel Rodríguez, para tratar de encauzar la situación del Plan de Sostenibilidad Turística del municipio. Situación que el Gobierno del PP cambió al declarar “no apto” dicho Plan a pesar de que el propio Estado ya había dado luz verde al mismo y que, posteriormente, le advirtió de que no tenía potestad para suspenderlo. Y tras estos dos días, parece que ahora todo está “en vías” de solucionarse, tal y como ha afirmado la consejera.
En declaraciones realizadas durante una rueda de prensa, Fernández ha adelantado que “en breve habrá noticias” al respecto de esta decisión tomada por el Ejecutivo ‘popular’ sobre los 3,5 millones de euros de fondos europeos que tendría que haber recibido Santillana.
“Estamos en vías de solucionarlo”, ha indicado la también titular de Cultura y Deporte, añadiendo que “tengo poco más que aportar: el fin de semana no hemos podido hacer mucho, pero en breve habrá noticias”. Sus palabras llegan después de las reiteradas críticas por parte de organismos nacionales sobre la imposibilidad de que el Gobierno cántabro tomara una decisión que no le compete, y después de que el equipo de Gobierno de Santillana del Mar anunciara en rueda de prensa acciones judiciales si no se daba marcha atrás y se solucionaba, como parece desprenderse ahora de las palabras de Fernández, quien ya anunció que, a pesar de esa declaración de "no apto", nunca se dijo que se le fuera a retirar la financiación.
El pasado viernes, la administración autonómica ya había recibido el documento de la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) sobre el Plan turístico de Santillana para que sea analizado por los servicios jurídicos, para que determinen cómo debe proceder el Ejecutivo conforme a derecho. La consejera ha corroborado que dicho informe está "en manos" de los servicios jurídicos del Gobierno, y ha recordado el interés del Consistorio por tener también acceso a esa documentación, que igualmente iba a solicitar.