La Ley de Control Ambiental, que reduce trámites administrativos de las empresas, prevé multas de hasta medio millón

El Gobierno de Cantabria (PP) prevé llevar al Parlamento en el mes octubre la nueva Ley de Control Ambiental para su aprobación, que espera que cuente con el "máximo consenso posible" por parte de los grupos, cuyo objetivo es "agilizar" los trámites administrativos de las empresas y, al mismo tiempo, seguir protegiendo el territorio, poniendo "énfasis" en las labores de inspección, con multas que se amplían hasta los 500.000 euros.

Esta norma, que sustituye a la de 2006, reduce los trámites administrativos para la puesta en marcha "inmediata" de actividades de escasa relevancia ambiental, que a partir de ahora requerirán de una Declaración Ambiental Responsable en lugar del Informe de la Comisión de Comprobación Ambiental, que tarda "meses". Mientras que en el caso de los proyectos con una mayor relevancia medioambiental, se ha sustituido la Comisión de Comprobación Ambiental por un informe que emitirá directamente la Dirección General de Medioambiente y Cambio Climático.

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, que ha señalado que el anteproyecto, como avanzó el domingo la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, en el Día de Cantabria, se publicará este martes en Boletín Oficial de Cantabria (BOC) para someterlo a información pública.

Media ha explicado que ahora, en los casos de escasa relevancia, bastará con que el interesado y el técnico competente, bajo su responsabilidad, presenten una Declaración Ambiental Responsable indicando que cumplen con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. Posteriormente, la Administración comprobará que toda la documentación está en regla y que la actividad que se está realizando coincide con lo declarado y con la normativa vigente.

Así, en los casos que exista alguna "irregularidad" se podrá proceder a la inmediata clausura de la actividad y podrán ser sancionados tanto el promotor como el técnico responsable. Mientras que en el caso de los proyectos con una mayor relevancia medioambiental, se ha sustituido la Comisión de Comprobación Ambiental por un informe que emitirá directamente la Dirección General de Medioambiente y Cambio Climático.

En este caso, será directamente la Dirección General de Medioambiente quien recabará todos los informes sectoriales necesarios, realizando la información pública y dando audiencia a los interesados. Este informe tendrá carácter preceptivo y vinculante, y debe preceder a cualquier actuación en materia urbanística, por lo que se garantiza "la máxima sostenibilidad" de los proyectos informados.

El consejero ha destacado que se pondrá "énfasis" en las actividades de inspección por parte de la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático, a través de la regulación del Plan de Inspección de las Organizaciones Ambientales Integradas y de los Programas de Inspección Ambiental Integrada.

De hecho, el anteproyecto de ley prevé incrementar las cuantías de las sanciones más graves en caso de incumplimientos fragrantes de la normativa. En concreto, las multas oscilan entre los 200 euros las leves y los 0,5 millones de euros las muy graves -un 66,6% más que en la actualidad, que se sitúan en 300.000 euros-.

Según ha subrayado Media, los principios y fines que persigue esta ley es alcanzar "las más altas cuotas de bienestar medioambiental, salud y seguridad para las personas" y la fórmula elegida "permite mantener el 100% de las garantías medioambientales que ya estaban establecidas para cualquier proyecto, pero con una tramitación infinitamente más dinámica y sencilla".