El caso de las cuatro niñas que en su viaje a Mali han sufrido una ablación genital por parte de sus abuelos está siendo investigado por la Fiscalía Superior del País Vasco, tras la denuncia de la hermana mayor, de tan solo 14 años. El caso ha reabierto el debate social sobre el papel que tiene que hacer el Gobierno de España ante estos casos, así como la legislación que existe sobre el tema.
Por ello la ONG HazteOir.org ha lanzado en la jornada de ayer un manifiesto que han firmado 12.550 personas por el momento.
En el manifiesto incluye el relato ficticio de una niña que ha sufrido una amputación genital:
“La mujer tenía un cuchillo muy afilado en la mano. Me agarraron con fuerza las piernas y los brazos. Yo no quería abrirlas, estaba muy asustada, pero tiraron de mí. Sentí algo frío. Y luego un dolor insoportable. Grité, lloré, miré entre mis piernas y solo había sangre. Dolor y sangre. Mis hermanas temblaban y gritaban. Todavía tengo miedo. Por favor, no permitáis que le hagan esto a más niñas”.
Según esta ONG “nadie que se considere civilizado puede permanecer impasible ante esta crueldad: a las menores les seccionan el clítoris con cuchillas, navajas o cristales, sin más anestesia que el agua fría, sin medidas higiénicas. Muchas niñas mueren. Otras padecen secuelas gravísimas de por vida”.
Los datos que facilita HazteOir.org son que “hay 17.000 niñas más en riesgo de padecer el horror de una mutilación genital en nuestro país”. Para ellos el deber del estado es que “como sociedad civilizada, debemos impedir que estas niñas viajen a sus países de origen y sean sometidas a este salvaje ritual”.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud denuncia la ablación en estos términos:
“La ablación constituye una forma extrema de discriminación hacia las mujeres (...) y su práctica viola los derechos de la persona a la salud, a la seguridad y a la integridad física, así como a su derecho de ser libre de las torturas, o de no sufrir un tratamiento inhumano, degradante o cruel. La mutilación también vulnera el derecho a la vida, cuando esta práctica provoca la muerte”.
Por todo ello, en el manifiesto la ONG solicita a Soledad Becerril, defensora del pueblo:
1. Que inste al Ministerio del Interior a retirar el pasaporte a las menores en riesgo de ser sometidas a una mutilación genital.
2. Que se impida salir del país a las menores cuyos padres se nieguen a rellenar el compromiso por escrito (actualmente en vigor) de no someter a sus hijas a una ablación.
3. Que inste a la Fiscalía a procesar a los padres que, por acción u omisión, hayan permitido realizar esta práctica a sus hijas.
