domingo. 04.12.2022

Un trabajador que, desde 2010, suma 39 contratos eventuales. Otro que en sólo 3 años suma 21 contratos; uno más que entre septiembre de 2016 y julio de 2017 acumula 11 contratos eventuales… así hasta sumar 19 trabajadores contratados como eventuales por el 112 entre 2010 y 2016 acogiéndose a dos figuras contractuales: obra o servicio, y eventual por circunstancias de la producción.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO) en Cantabria denunció en julio de 2017 el fraude de ley ante la Inspección  de Trabajo para que comprobara la utilización de modelos de contratación eventuales para cargos estructurales. Y ahora, el 30 de enero de 2018 la Inspección le ha dado la razón: “Nos encontramos ante una empresa que utiliza de forma sistemática los contratos temporales para realizar coberturas de plantilla claramente estructural (el 100% de la plantilla de guardias tiene contrato temporal) y que de igual modo alterna contratos de acumulación de tareas con contratos de interinidad con el único objeto de impedir (…) la conversión de los trabajadores en indefinidos por encadenamiento de contrato”.

Es vergonzoso que las empresas públicas atenten de esta manera contra la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras

El resultado es que la empresa pública 112 Cantabria S.A. tiene hasta el lunes 19 de febrero para transformar 19 contratos eventuales en contratos indefinidos, “así como aquellos otros en los que se haya aplicado la misma política fraudulenta de contratación”. De no cumplir el requerimiento, la inspección procedería a hacer las contrataciones indefinidas de oficio y aplicaría una sanción de 6.250 euros.

Para Carmelo Renedo, responsable de Empresas Públicas de la FSC-CCOO en Cantabria, considera que el “culpable final” de esta situación es el Consejero de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Rafael de la Sierra, y, por tanto, el sindicato “le exige que cumpla con la legalidad que indica la Inspección de Trabajo como presidente del Consejo de Administración de 112 Cantabria S.A”. Además, Renedo cree que es “vergonzoso que las empresas públicas atenten de esta manera contra la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras y que un gobierno que se dice progresista ampare y promueva estas formas de precarización en un servicio fundamental como el de emergencias”.

El oficio de la Inspección de Trabajo en el que se analiza la situación de los 19 trabajadores eventuales detalla como 112 Cantabria S.A. trató de justificar estas contrataciones por “el refuerzo de plantilla en época estival o por el Año Jubilar Lebaniego o la avispa asiática”. Sin embargo, la Inspección comprobó turnos y guardias desde enero a octubre de 2017 y verificó que el número de personal era similar. “Es decir”, explica el oficio, “No existe en ningún momento un aumento de plantilla en época estival que justifique los contratos temporales que la empresa presenta a este inspector con la causa indicada”.

112 Cantabria S.A. es la empresa pública que es responsable de los servicios de emergencia (central de llamadas, seis parques de emergencia, bomberos) y cuenta con 118 empleados.

EL GOBIERNO RECURRE EL REQUERIMIENTO

El Gobierno de Cantabria ha recurrido el requerimiento de la Inspección de Trabajo al 112 para que haga fijos a 19 bomberos eventuales. Así lo ha anunciado este viernes, a través de un comunicado, el director gerente del 112, Fidel Cueto, después de que este viernes CC.OO haya hecho público en una rueda de prensa dicho requerimiento de la Inspección de Trabajo.

Cueto ha defendido que en el recurso presentado se argumenta que son las "limitaciones y recortes de personal impuestos por el Gobierno central" las que "impiden" la contratación de los 19 bomberos, actualmente temporales, a los que la Inspección de Trabajo urge a hacer fijos. De esta forma, el director del 112 ha salido al paso de la información difundida por el responsable de Empresas Públicas de CC.OO Cantabria, Carmelo Renedo, al que ha pedido al sindicato que "juegue limpio" y le ha acusado de "faltar a la verdad" sobre la situación real y el compromiso del Gobierno de Cantabria.

Cueto ha defendido que el Gobierno regional "ha aplicado la legalidad vigente y garantizado en todo momento el Servicio de Emergencias" y ha lamentado las "limitaciones y recortes de personal" del Gobierno central que impiden la contratación indefinida de estos 19 bomberos. Además, ha señalado que estos recortes del Gobierno están paralizando la puesta en marcha de un nuevo parque de emergencias.

En este sentido, ha señalado que para el Ejecutivo cántabro la "prioridad absoluta" es la seguridad de los cántabros, por lo que ha buscado una solución que permita contar con un servicio de bomberos autonómico con una capacidad de respuesta suficiente aplicando, al mismo tiempo, la normativa estatal que ha considerado "restrictiva".

También ha asegurado que se trata de una problemática que nace en 2010 y que ha sido el Gobierno PRC-PSOE el que "por primera vez" ha querido alcanzar un acuerdo y encontrar una solución al problema dentro del Comité de Empresa del 112. Asimismo, ha resaltado que, incluso, ha impulsado un "frente común" de varias autonomías para exigir al Gobierno de España "un trato diferencial" para los servicios de bomberos y poder incorporar al cien por cien de los efectivos.

"Es lamentable que se obvie de forma deliberada el grave problema que ha generado la tasa de reposición en estos momentos, absolutamente restrictiva, lo que está haciendo que los servicios públicos de Cantabria no funcionen como nos gustaría y que la temporalidad en todas las administraciones públicas, incluida en el 112, se haya disparado", ha afirmado Cueto.

El director del 112 ha informado que el Gobierno, a través de los servicios jurídicos, ha decidido recurrir el requerimiento de la Inspección de Trabajo al "no estar de acuerdo" en algunos hechos que se describen en su informe y ha argumento en su recurso las actuales limitaciones legales a nivel estatal.

También ha avanzado que las actuaciones futuras del 112 vendrán marcadas por lo que establezcan los tribunales y por los acuerdos alcanzados en el seno del comité de empresa, órgano desde el que se trabaja de forma constante durante la presente legislatura con reuniones "prácticamente semanales".