lunes 24/1/22

La Fiscalía de Valladolid ha mantenido este martes, con ligeras modificaciones a la baja, su petición de penas para los nueve presuntos "narcos" detenidos en enero de 2022 en una operación desarrollada en la provincia vallisoletana, Burgos y Cantabria y que son juzgados desde el pasado día 29 de noviembre en la Audiencia Provincial.

En la cuarta jornada del juicio, después de que en la primera un total de dieciséis encausados confesara su culpa y pactara penas que suman 41 años, frente a los 83 a los que se exponían inicialmente, el fiscal del caso ha mantenido su acusación contra los nueve restantes que aún siguen en el banquillo y que se negaron a acordar una condena para obtener un fallo absolutorio.

En su informe final, el acusador público ha aplicado la mayor rebaja, de seis a tres años de cárcel, a M.A.R., la mujer del cabecilla de la organización que durante el juicio reconoció haber colaborado con su pareja en la distribución de droga pero bajo amenazas y tras recibir algún "guantazo" por negarse a ello. También ha rebajado, en este caso de cinco a cuatro años, la solicitud de condena para J.B.P.L. -le exime de grupo organizado- y de seis a cinco la relativa a D.L.F., al que aplica la atenuante de drogadicción.

Por contra, ha mantenido invariables las correspondientes al hostelero burgalés L.F.C. (alias 'El Gordo') y al vecino de la localidad burgalesa de Fuentespina D.S.M., a los que pide ocho y nueve años, respectivamente, así como las solicitadas para J.C.L.F. (cinco), J.M.R.F. (cuatro) y el matrimonio compuesto por J.C.V.D. y M.H. de S.M., que se exponen también a cuatro años de privación de libertad.

La vista, que se ha venido celebrando en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, entrará este miércoles en su quinta y última jornada con la exposición de los informes de los abogados de tres de los acusados que aún no lo han hecho y que, al igual que el resto de las defensas, solicitarán un fallo absolutorio y la nulidad de los 'pinchazos' telefónicos realizados en el marco de una investigación que ha sido tildada de "chapuza".

Los nueve acusados, junto con los dieciséis que ya pactaron su condena y se retiraron del proceso, fueron detenidos en enero de 2022 en una operación desarrollada en Castilla y León y Cantabria tras recibir informaciones la Udyco sobre una organización que se dedicaba a la distribución de cocaína y hachís.

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