SUCESOS

Los acusados de prostituir a una joven lo niegan y ella dice que le amenazaban

Juicio a los acusados de prostituir en Cantabria a una joven de 19 años venida de Colombia a finales de 2019.

EUROPA PRESS

18/4/2023
Juicio a los acusados de prostituir en Cantabria a una joven de 19 años venida de Colombia a finales de 2019. EUROPA PRESS 18/4/2023

Los acusados de prostituir en Cantabria a una joven de 19 años venida de Colombia a finales de 2019 lo han negado y han defendido que la mujer trabajaba "libremente" y que "nadie le obligaba", mientras que la denunciante ha asegurado que si no lo hacía recibía amenazas de muerte sobre ella y su familia.

En el juicio que se ha celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Cantabria, han testificado la presunta víctima y los seis acusados también de origen colombiano -cuatro mujeres y dos hombres- que se enfrentan a 8 años de prisión que pide la Fiscalía y 9 de la acusación particular por un delito de trata de seres humanos.

Según la denunciante, que ha hecho su declaración por videollamada y sin mostrar su rostro a los acusados, los hechos que se enjuician comenzaron al contactar por redes sociales con una de las chicas procesadas, a quien conocía de su infancia en Colombia y con quien estuvo hablando durante unos días acerca de sus vidas y sobre que tenía un bebé de cuatro meses y una situación de "necesidad" económica.

La mujer en cuestión, según la versión de la joven, se ofreció para buscarle trabajo en una cafetería de Santander y poder así ganarse la vida, sacándole un billete de avión a Madrid, donde supuestamente fue recogida y llevada en taxi hasta Torrelavega, donde otro de los acusados la esperaba para llevarla a un piso de la calle Miguel de Unamuno de Santander.

Es en este punto donde han comenzado las discrepancias entre ambas versiones, ya que mientras que la joven ha asegurado que todo el proceso de compra del billete de avión corrió a cargo de la chica con la que contactó, esta ha defendido que fue la denunciante quien lo escogió, y que además viajó por su cuenta en autobús hasta Santander, algo que ha declarado también el hombre acusado que, según la víctima, habría ido en taxi con ella desde Madrid a Torrelavega.

En el piso de Santander se encontraba la amiga de la infancia de la joven, otra chica más que ejercía la prostitución y la encargada del piso -también acusada-, que era familiar de la mujer que presuntamente dirigía varios pisos en los que el grupo realizaba diversas actividades relacionadas con la prostitución.

Según los acusados, la denunciante llegó a Santander "cansada", pero ya al día siguiente les dijo que "necesitaba dinero" y que estaba "dispuesta" a empezar a trabajar. "Nadie la obligaba a ejercer la prostitución, ella se dedicaba a eso también en Colombia", ha manifestado una de las acusadas que convivía con ella, quien ha señalado que cada una de las chicas cobraban de forma "independiente" a sus clientes e "imponían sus precios".

Todo ello lo ha negado la joven, asegurando que "no podía salir a la calle sin estar acompañada", que empezó a trabajar pasados unos días cuando le dijeron que "tenía que prostituirse" hasta abonar la deuda que había contraído con ellos por traerla a España, que "nunca" se había dedicado a la prostitución en su país, que la encargada de los pisos era quien fijaba las tarifas, que trabajaban "todos los días" y "a todas horas" y que apenas recibía dinero.

De hecho, ha declarado que existía un teléfono exclusivo para las llamadas de los clientes, y que cuando ella se negaba a descolgarlo, la multaban con 50 euros. "No me trataban bien", ha dicho, además de asegurar que recibía amenazas de muerte sobre ella y su familia si no trabajaba.

Los acusados, por su parte, han indicado que el ambiente era "agradable", "armonioso", y que había una "buena" relación entre todas las chicas, sin discusiones, y que incluso salían por Santander juntas, grababan vídeos y TikToks, y llegaron a preparar una fiesta de cumpleaños en el piso a la joven.

Este último hecho lo ha confirmado la denunciante, aunque desde su punto de vista, el ambiente en la fiesta de cumpleaños no era cómo lo describen los acusados.

Además, ha explicado que les pidió que le dejaran ir y que ella buscaría otro trabajo para saldar la deuda, pero que no le dejaron. Y en concreto, entre lágrimas, ha relatado que un día le "agredieron" y no le "dieron de comer" por negarse a trabajar, por lo que se encerró en el baño.

Tras ello, le "suplicó" al acusado que le llevó en un principio de Torrelavega a Santander que "le dejara marchar", y él le dijo que "si fuese por él, le dejaría" pero que "no podía". Más tarde, la joven le prometió que trabajaría si le dejaba salir a recoger un dinero que le habían enviado desde Colombia, a lo que el hombre accedió.

La chica aprovechó esa salida sola para abordar a un viandante, a quien le contó lo sucedido y desde la casa de este llamaron a la policía.

Una vez incoado el procedimiento judicial, uno de los acusados hijo de la mujer que dirigía los pisos contactó con la joven y le pidió que retirara la denuncia porque "si quisiéramos arreglar la cosas por las malas, usted sabe cómo somos los colombianos", le dijo, según ha afirmado la denunciante.

Por todo ello, para el fiscal, los hechos constituyen un delito de trata de seres humanos en concurso con un delito de determinación a la prostitución, y también un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por los que imputa a todos los acusados.

Además de la pena de cárcel, pide para ellos prohibición de acercarse o comunicar con la joven durante diez años y libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de prisión de cinco años. Y en concepto de responsabilidad civil, solicita que abonen a la víctima 25.000 euros como indemnización por los daños personales que padeció.

Para el acusado que pidió a la joven que retirara la denuncia, la fiscalía pide dos años de prisión al considerarle autor de un delito contra la administración de justicia.

Por su parte, la acusación particular que ejerce la joven pide para cada uno de ellos nueve años de prisión, libertad vigilada de cinco años y prohibición de comunicar y acercarse a ella durante diez años. En concepto de responsabilidad civil, la indemnización solicitada asciende a 30.000 euros. Además, eleva a tres años de prisión la pena que solicita para el también acusado de un delito contra la administración de justicia.

Está previsto que el juicio continúe en la Sección Primera de la Audiencia mañana, miércoles, desde las 9.30 horas, con las declaraciones de nuevos testigos.

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