Los integrantes de un grupo criminal que robaba en casas aceptan dos años de prisión
Los cuatro acusados de integrar un grupo dedicado a robar en viviendas habitadas que iban a ser juzgados este viernes en la Audiencia Provincial de Cantabria han aceptado la pena de dos años de prisión para dos de ellos y de seis meses más para los otros dos, a los que se les imputa también un delito de falsificación de documentos. Así, gracias al acuerdo que han alcanzado las partes, que ha evitado la celebración del juicio que estaba previsto que se prolongase hasta el próximo viernes, se han reducido las condenas que solicitaba inicialmente la Fiscalía, que eran de cinco años por el delito continuado de robo con fuerza en casa habitada y de año y medio más por la falsificación, por la que también solicitaba una multa de 3.600 euros que ha quedado en 900.
Los acusados no pueden permanecer en prisión provisional más de la mitad del tiempo de condena antes de que haya una sentencia firme, y por ello han sido puestos en libertad. Así lo ha solicitado su defensa y la Sala ha aceptado tras no oponerse ninguna de las partes. La pena que les queda por cumplir se puede sustituir por la expulsión de España durante diez años, pero los cuatro han pedido quedarse y no ser devueltos a su país, Albania, por el "arraigo familiar". Así, dos de ellos han manifestado que tienen familia en Barcelona y un tercero ha añadido que está "casado aquí" y que su mujer incluso tiene una empresa en España. La decisión de la expulsión se tomará en la fase de ejecución de la sentencia.
En el acuerdo se ha aplicado la atenuante de reparación del daño, puesto que los procesados han abonado ya los 63.000 euros que les pedía el fiscal en concepto de responsabilidad civil, para los propietarios de las viviendas asaltadas y para sus compañías aseguradoras. No obstante, tendrán que indemnizar aún a tres propietarios con 16.000 euros en total, descontando las cantidades que ya les han abonado sus seguros, y por tanto, tendrán que pagar 4.460 euros a Mutua Madrileña, 1.730 a Axa y 9.990 a Catalana Occidente.
Según el escrito de acusación, los procesados se establecieron en el mes de febrero de 2020 en una casa rural en Álava, desde donde se trasladaban a distintas localidades de Cantabria, País Vasco y Navarra para perpetuar robos. Así, la Fiscalía relata hasta diez robos en viviendas, cinco de ellos en Cantabria, en los municipios de Santa Cruz de Bezana, Requejada-Polanco y Boo de Piélagos. En el registro realizado en la casa donde se alojaban "se encontraron 60 evidencias relacionadas con los hechos, muchas de ellas, efectos y dinero de varios de los domicilios asaltados". También se hallaron documentos de identidad falsos de los de los procesados, que habían sido elaborados "de propia mano o a orden de los acusados".