El consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, ha cuestionado el proceder del Defensor del Paciente, que ha solicitado a la Fiscalía de la comunidad autónoma que investigue la "desaparición" de 78.000 personas de las listas de espera sanitaria sin haberse informado antes sobre el asunto, sino tras una denuncia del PRC basada en datos "erróneos" por una "mala interpretación" de los mismos.
Esta asociación "siempre hace lo mismo: no documenta, no presenta nada, simplemente dice 'que investigue la Fiscalía'. Está en su derecho, como cualquier ciudadano, pero ni ha pedido documentación ni que se les aclare cómo se elaboran las listas ni por supuesto se han leído el real decreto", se ha quejado el consejero, para indicar a este último respecto que se trata de registros y no de personas, que son cosas "distintas" que no se pueden "mezclar".
Pascual ha negado así, este miércoles en declaraciones a los medios, que haya 78.000 "desparecidos", sino que esas personas "están en las listas de espera", por lo que las críticas de los regionalistas se fundamentan en datos "erróneos" y en una "mala interpretación de las tablas". "Antes de hablar hay que estudiar, y hay que abrir la boca cuando hay que abrir la boca", ha afeado el 'popular' a la diputada regionalista y portavoz del partido en materia sanitaria, Paula Fernández, que denunció la presunta desaparición de pacientes de las listas.
Pero según el consejero, se ha producido una "confusión muy grande" al interpretar tablas, que han hecho de forma "lineal, sumando y restando", cuando no se debe hacer así, porque las entradas de pacientes en espera de una consulta o una intervención son "acumulativas".
El Defensor del Paciente se ha dirigido a la fiscal superior en Cantabria para que inicie una investigación de oficio a raíz de las últimas cifras difundidas por el Gobierno regional y criticadas por la oposición, como el PRC, partido al que no le cuadraban al haber 78.000 pacientes "desaparecidos" del sistema, "sin que conste que hayan sido operados, ni atendidos en una primera consulta, ni que les haya sido practicada una prueba diagnóstica".
Ante esto, la asociación ha remitido al ministerio público las informaciones de las que han tenido conocimiento para solicitar que abra una investigación para esclarecer qué ha sucedido con esos 78.000 pacientes. "No sabemos si han fallecido al no haber llegado al tratamiento o intervención o simplemente los han borrado y las personas siguen esperando y posiblemente ni saben que no figuran".
El pasado mes de febrero, la Fiscalía de cántabra abrió diligencias de investigación por los más de 1.700 fallecidos que figuraban en las listas de espera sanitarias de la región.
