La Delegación Territorial de la Junta en Palencia ha impuesto a un vecino de Barruelo de Santullán, municipio limítrofe con Cantabria, 3.000 euros de multa, 40.605 euros de indemnización y dos años de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla después de ser sorprendido con nueve cabezas de corzo y una de jabalí en el interior del vehículo que conducía.
El denunciado carecía de licencia de caza así como de permiso de armas. Además, tenía numerosos antecedentes penales y policiales por denuncias administrativas, penales de caza y reglamento de armas, con actividades furtivas frecuentes de todo tipo de especímenes -ciervo, corzo, jabalí y lobo- en las provincias de Palencia, Burgos, Soria y Cantabria.
Según ha informado Ecologistas en Acción en un comunicado, los hechos se remontan a septiembre de 2022, cuando varios equipos de la Guardia Civil inspeccionaron en las inmediaciones de Cervera de Pisuerga el citado vehículo, en cuyo interior se encontraron nueve cabezas de corzo macho trofeo y una cabeza de jabalí trofeo. Todas ellas carecían de precintos o documentación que acreditara su procedencia lícita de caza. El investigado solamente aportó un precinto, mal troquelado, de un coto de caza de la provincia de Soria correspondiente a un corzo macho cazado en junio de 2021.
En el vehículo también se hallaron diferentes útiles de caza como una navaja (cuando el hombre tenía prohibida la tenencia de todo de todo tipo de armas), prismáticos y una mochila con ropa de caza en su interior.
La Delegación Territorial de la Junta en Palencia resolvió en agosto de 2023 el procedimiento sancionador al considerar la infracción como grave e imponer una multa de 3.000 euros, la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo de dos años y una indemnización de 40.605 euros en favor de la Junta.
Ecologistas en Acción Palencia tuvo conocimiento de la denuncia de la Guardia Civil a través de los medios de comunicación y solicitó al Servicio Territorial de Medio Ambiente, en octubre de 2022, que se considerase a esta asociación como parte interesada en el expediente sancionador así como una copia de la denuncia y del resto de documentación que formara parte de dicho expediente.
Tras el "silencio" del Servicio Territorial, la asociación ecologista presentó una queja ante el Comisionado de la Transparencia que fue admitida en abril de 2023 y un año después el ST de Medio Ambiente ha enviado la información una vez dictada la resolución del delegado Territorial "sin dar opción a la participación, vulnerando de esta manera las resoluciones del procurador del común que acreditan la consideración de parte interesada en los procedimientos sancionadores en materia de caza". "Es muy difícil una evolución positiva de las poblaciones de ungulados silvestres mientras existan este tipo de furtivos, más habituales de lo que parece y que, a la vista de lo ocurrido, no es necesario que sean muchos para llevar a situaciones críticas a los ungulados silvestres, mientras que administración y cazadores miran para otro lado y culpan al lobo", señala la asociación.
