Un vecino reclama al alcalde, Pablo Diestro, que tome medidas ya que la instalación “tiene las licencias revocadas”, y advierte de una denuncia por prevaricación al regidor en caso de no hacerlo.
La juez entiende que Sordo Cayuso incurrió en un delito de desobediencia, con "un incumplimiento grave y reiterado" de las resoluciones administrativas.