Mi familia y yo llevamos 18 años viviendo en Arce, una pedanía del municipio de Piélagos. Mi pueblo, como muchos otros, tiene los problemas intrínsecos de la configuración geográfica de la franja costera cántabra y su ubicación dentro del territorio, pero también por el tipo de urbanismo que ha desarrollado el Ayuntamiento, en este caso del Partido Popular, que ha obviado el crecimiento de estas poblaciones a partir de un núcleo urbano que a día de hoy no existe y que se ha basado en la concesión de licencias urbanísticas sin ton ni son. Como resultado se ha dado un paisaje de urbanizaciones dispersas y viviendas unifamiliares.
Uno no sabe qué fue primero, si el individualismo y la codicia de los propietarios de los terrenos que demandan poder hacer lo que quieran con sus propiedades o la aquiescencia de la administración local con toques también de perspectivas de negocio y pingües beneficios, no sólo para las arcas municipales, o que simplemente en cierto momento histórico el éxodo derivado de la cercana Santander con precios de la vivienda desorbitados obligó a muchos, como yo, a buscar casa en los municipios cercanos con precios más asequibles, lo que fue aprovechado por especuladores aficionados y profesionales para hacer negocio con la finca heredada del abuelo.
Estos pueblos han tenido un desarrollo caótico y a día de hoy están desarrollados urbanísticamente como hace veinte años
El caso es que, a causa de todo esto y seguramente por otros motivos, estos pueblos han tenido un desarrollo caótico y a día de hoy están desarrollados urbanísticamente como hace veinte años, pero con una población, en su mayoría joven, triplicada o cuadruplicada respecto a entonces. Los servicios, salvo algún que otro colegio, como el consultorio médico, el transporte y las telecomunicaciones no han visto mejoras en todos estos años.
Resulta desconcertante comprobar cómo la administración más cercana a la ciudadanía no ha movido un dedo por vertebrar el territorio de su competencia. Si un vecino o una vecina de cualquier edad de Arce tiene la necesidad de ir a Renedo para un trámite administrativo, asistir a una charla o acontecimiento o simplemente hacer un curso de natación en la piscina municipal le va a tocar arreglarse con su vehículo particular o el de un familiar que le lleve a tal destino. Si por trabajo, estudios u ocio el mismo vecino debe ir a Santander o Torrelavega tendrá de igual manera que utilizar el mismo medio que en el caso anterior, al menos hasta llegar a la estación de FEVE de Boo o de Mompía.
Cuando se nos bombardea con las bondades del uso del transporte público, su mayor sostenibilidad medioambiental y económica y la conveniencia de potenciarlo, la administración local y también la autonómica prescinden de su implementación en núcleos de población que superan con creces los mil habitantes.
Desde la opinión de un profano en la materia, pero que lleva sufriendo esta carencia desde hace dieciocho años, la solución pasaría por la intermodalidad. Debemos implantar un sistema de transporte que combine autobús y tren. Sin olvidarnos de que la solución en las zonas más rurales deberá pasar por los llamados "taxis a demanda". El coste económico se vería compensado por los beneficios propios del uso del transporte público. Por supuesto que como cualquier tipo de servicio que preste una administración, éste debe ser de titularidad pública porque está sobradamente demostrado que de esta manera, sin mediar concesiones, es más barato y de mejor calidad.
En el segundo caso, el acceso de los vecinos y las vecinas a los servicios que ofrece el Ayuntamiento como los trámites administrativos, la piscina municipal y otras actividades que se realizan principalmente en las capitales municipales, tenemos dos alternativas: o estos servicios se acercan a los y las ciudadanas de los pueblos “incomunicados”, se descentralizan las oficinas municipales al menos prestando esos servicios en los pueblos dos o tres días por semana en función de un estudio de demanda previo, o se facilita un sistema de transporte que una estos núcleos del municipio con el centro administrativo. Esto último es más lógico pues sería difícil mover la piscina por todo el municipio, por ejemplo.
En definitiva, es obligación de las dos administraciones, e incluso de las tres (municipal, autonómica y estatal) velar por el desarrollo del mundo rural y uno de los factores que más ayudan a tal fin es la cohesión territorial que se alcanza con un sistema sostenible de transporte público. Lo que valía para Piélagos, Camargo, Astillero, Bezana, Cayón o Cartes hace veinte años no vale hoy. Las exigencias y necesidades de la población, que ha aumentado en esos municipios que cito en 40.000 personas en los últimos años hacen ineludible que ayuntamientos y demás gobiernos mejorar el sistema de transporte público que hoy día brilla por su ausencia, amén de otros servicios de telecomunicaciones (red de fibra óptica) de la que hablaré en otro momento.