La reciente aprobación por el Congreso, con amplia mayoría, de las recomendaciones del Pacto de Toledo, está produciendo diversas reacciones, la mayoría de los políticos lo consideran un paso positivo, algunos lo consideran insuficiente, y hay quienes se han manifestado abiertamente en contra, aunque en la mayoría de estos, al final, su oposición se haya traducido en abstención. De cualquier manera, las recomendaciones aprobadas serán la base de la Reforma de la Seguridad Social, en materia de pensiones, que deberán negociar gobierno, patronal y sindicatos.
¿Y LOS PENSIONISTAS?
El movimiento de pensionistas, acuciados por las consecuencias inmediatas, para nuestras vidas, que de las determinaciones de la nueva ley se deriven, observamos con preocupación que muchas de las recomendaciones que contempla el Acuerdo del Pacto son regresivas o puede que queden sin contenido concreto y se conviertan en papel mojado.
Acostumbrados, como estamos, a reivindicar lo que más directamente afecta a nuestras vidas, porque nos urge, es posible que no seamos conscientes del fondo de lo que está en juego y que está en el origen del problema.
La subida anual de la pensión, conforme al IPC, afecta a nuestras vidas. El incremento de la pensión mínima afecta a varios millones de pensionistas, especialmente a mujeres. El retraso de la edad de jubilación, así como las demás determinaciones sobre las que se calculan las pensiones, afectan al futuro inmediato de muchos trabajadores y trabajadoras que están a punto de jubilarse, y de cuyo cálculo va a depender el que tengan una pensión digna y suficiente. Pero tener una pensión más o menos digna ¿acabará con el problema? ¿Terminará con la incertidumbre?
Todo ello viene condicionado por números, es cierto, y quienes se sienten, en un futuro, a negociar la Reforma del Sistema, por aquello que dicen que “lo importante es llegar a un acuerdo”, podrán jugar con los números, año arriba, año abajo, tanto por ciento arriba, tanto por ciento abajo y, al final, diciendo que lo “importante es el todo”, nos ofrecerán un acuerdo global, cuyo contenido no afectará, por igual, a todos los implicados (jubilados, pensionistas, viudas, huérfanos, mujeres…). Es lo que tienen los números, que no significan nada, pero que representan intereses concretos y necesidades diversas, que son maleables, que no son intocables ni absolutos, que se puede chalanear con ellos, como si de un trato en la feria se tratara.
Las pensiones contributivas se financiaran con las cotizaciones de los trabajadores y las no contributivas con los impuestos
Sin embargo, hay un fondo en toda esta cuestión, hay un elemento que es el que provoca todo el debate sobre la viabilidad del Sistema Público de Pensiones. Es un elemento que sí, que se traduce en déficit o superávit, o sea, en definitiva, en números, pero que va más allá: el fondo de la cuestión, repito, tiene su origen en las recomendaciones primera y segunda del Pacto, y de las que nadie habla, ni los que han apoyado el Acuerdo, ni quienes se han abstenido o han votado en contra. Las recomendaciones hablan de la separación de fuentes de financiación: las pensiones contributivas se financiaran con las cotizaciones de los trabajadores y las no contributivas con los impuestos. Esta afirmación, presente ya en las recomendaciones de la primera Comisión del Pacto de Toledo, y que se mantiene en el actual Acuerdo, tiene su historia.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 6 de abril de 1995, aprobó, sin modificaciones, un texto de la Comisión de Presupuestos, sobre la base del Informe emitido por la Ponencia, constituida en su seno, “para el análisis de los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse.”
La Ponencia recomienda al Gobierno “que se adopten las medidas necesarias para profundizar progresivamente en la dirección de la separación de las fuentes de financiación según la naturaleza de la protección, iniciada a partir de 1989…” Y sigue el texto: “Las cotizaciones sociales deberán ser suficientes (¿lo serán siempre?) para la cobertura de las prestaciones contributivas, para lo cual, se efectuarán las previsiones necesarias para garantizar el equilibrio presente y futuro de esta parte del sistema de la Seguridad Social. Las aportaciones del presupuesto del Estado deberán ser suficientes para garantizar las prestaciones no contributivas…” y bla, bla, blá… y todos sabemos lo que ha venido después: congelación de las pensiones, vaciado de la llamada “hucha de las pensiones”, pagos de gastos impropios, préstamos (que no aportaciones o transferencias…) a la Seguridad Social que tendrá que devolver con intereses, con lo que su deuda no dejará de crecer…
Aquel acuerdo proponía que se creara una Ponencia que estudie el presente y futuro del sistema de Seguridad Social, como garantía de continuidad del mismo, pero dejando claro, por encima de todo, que el objetivo real era y es “evitar mayores déficits públicos en el Presupuesto del Estado”. A partir de entonces, los pensionistas hemos vivido pendientes, cada año, de si había dinero o no para el pago de nuestras pensiones, como si los pensionistas no tuviéramos déficit, como si no fuésemos parte del Estado.
El Estado financia o subvenciona la Sanidad, la Educación, la Monarquía, el Ejército, los jueces, la policía, la Iglesia… todos son deficitarios porque solo producen gastos, no producen ingresos… y todos se financian con los impuestos que pagamos todos, también los pensionistas. La pregunta inmediata es ¿por qué este trato distinto?
La separación de fuentes de financiación del Sistema de Pensiones deja a los pensionistas, cada año, en vilo (¿habrá o no dinero?), y a los trabajadores y trabajadoras que se van a jubilar, y a todos, en general, con la incertidumbre sobre el futuro.
Somos tratados como ciudadanos de segunda o tercera categoría, no decidimos sobre lo que directamente nos afecta
No es una cuestión de números, de que unos gastos sean mayores o menores, más o menos fáciles de asumir, es una cuestión de principios o, mejor dicho, de falta de principios, no es una cuestión de ideología, o sí, es una injusta discriminación, es una cuestión de poder, es un abuso, es una cuestión de clases. Y, por ello, los pensionistas y los trabajadores en general deberíamos estar indignados, estamos indignados, somos la mayoría de la población, pero somos tratados como ciudadanos de segunda o tercera categoría, no decidimos sobre lo que directamente nos afecta.
Tenemos que estar indignados porque nadie, ni en el Gobierno, ni en la oposición, ha puesto el grito en el cielo ante tal injusticia, ante tal discriminación, como si fuera algo natural, lógico, pero ¿qué lógica? ¿la del poder y la dominación? Seguirá habiendo quien diga que eso de las clases sociales es un cuento, pero ¿cómo justificarán esa diferencia de trato de unos pocos para con la mayoría de la población, la que trabaja, la que es capaz de levantar un país, acuciado por las crisis, la que paga el grueso de los impuestos?
Los pensionistas no podemos dejar de estar indignados. Y nuestra indignación es profunda, no es caprichosa, puede que sea silenciosa, pero es real. Es inconformista. Nuestro anhelo es extender la conciencia de esta injusticia a todos los trabajadores y trabajadoras, para que se sumen a nuestra indignación, y se pongan, con nosotros, en marcha, para que denuncien, exigiendo reformas que, de verdad, aseguren su futuro, el futuro del Sistema Público de Pensiones.