El pasado 21 de septiembre el Secretario General del Partido Socialista, Pedro Sánchez, hizo unas sorprendentes declaraciones: “Si soy Presidente del Gobierno mi compromiso es que mi gobierno sea el que más inversión dedique a educación de la historia de la democracia”.
Por otro lado, en el Parlamento de Cantabria se está trabajando en la implantación de un banco de libros de texto gratuitos con carácter universal. Por comunidades autónomas, en el año 2014, se pasa de la gratuidad total en Navarra y Andalucía a las ayudas en casos muy concretos en Madrid, Baleares y Valencia. Canarias, Cataluña y Extremadura tienen un modelo de gratuidad parcial con préstamo y reutilización. Mientras que Castilla y León, Ceuta, Asturias, Galicia, Aragón, La Rioja, Cantabria, Castilla-La Mancha y Murcia aportan ayudas directas pero insuficientes.
¿Depende de la Comunidad Autónoma en la que se viva el esfuerzo que los padres deben realizar en el acceso de sus hijos a la educación? No se trata de obligar al “igualitarismo” comunitario –no nos confundamos-, sino de exigir el que toda la ciudadanía de cualquier lugar de España tenga la igualdad de oportunidades en servicios esenciales, en este caso la educación.
En Cantabria la idea de los bancos de libros es antigua y se viene haciendo desde hace años desde las AMPAS y con el apoyo de los centros. Es una forma de trabajar la solidaridad haciéndolo desde la sostenibilidad. Si el criterio fuese el de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza, sería conveniente que se hiciera según la demanda de cada centro. Y luego, que la administración dé lo necesario según esa demanda. Es decir, los centros conocen las necesidades, conocen a las familias, etc., se hace de forma respetuosa y sutil. Se cogen libros de gente que quiere donar, y si no se llega pues se pide a la administración, o lo paga el centro y luego la administración lo devuelve. Así se va creando un banco para las futuras necesidades. Se vigila que se cuiden los libros para que sirvan para futuros alumnos, etc. Todo eso comporta un desarrollo de hábitos y de valores en los niños. Una buena medida educativa y que fomenta la igualdad de oportunidades.
Si finalmente se limitan a dedicar el mayor presupuesto de la democracia a educación, es posible y probable que todo esto no suponga más que la asignación de una gran partida presupuestaria. Es decir, un contrato millonario con una editorial que presionará porque cada año sea imprescindible la renovación total de los libros de texto, y unas familias y niños que no valoran el esfuerzo de todos por el acceso a la educación en igualdad de condiciones.
Ya sabemos lo que son capaces de gastar. Ahora nos gustaría que este tipo de declaraciones vengan acompañadas de medidas de gestión, eficiencia, mejora continua y optimización de recursos. ¿No les llamamos también gestores de lo público?.