Las tormentas de este invierno con sus secuelas de nevadas, inundaciones y temporales costeros –fenómenos extremos, con las sequías y el calentamiento global, que el cambio climático seguirá acentuando mientras no se establezca una estrategia efectiva de lucha contra sus efectos– han provocado numerosos impactos en el mantenimiento y funcionalidad de las infraestructura y obras públicas, en el paisaje de las cuencas visuales sobre las que se proyectan o en los singulares testimonios de las culturas viarias tradicionales –en precaria conservación o con excesivos y prescindibles decorados, estridentes mobiliarios y cierres, áreas pseudorecreativas, señalizaciones multiplicadas...–, y en la seguridad del tránsito y accesibilidad de personas y vehículos. Lamentablemente las Administraciones Públicas –la UE, el gobierno de España, las CC AA., los Ayuntamientos, las Juntas Vecinales, las Mancomunidades...– y las empresas o los intereses privados siguen careciendo de programas y planes específicos para hacer frente a estas emergencias mediante el principio de "Más vale prevenir que curar" para reducir sustancialmente los daños en bienes y personas. Medidas preventivas que deberían precisar los lugares más expuestos a estos riesgos que, lejos de ser accidentes naturales, tienen su origen en la falta de criterios de seguridad en la localización, el diseño o el trazado de asentamientos, equipamientos, e infraestructuras viarias o de acceso a núcleos urbanos o lugares de ocio, industriales o de servicios y aprovechamientos agroganaderos y forestales ..., –sin que se aborde la urgencia de articular una red intermodal de carriles-bci y arcenes peatonales por toda la región vinculada al ferrocarril y los transportes píblicos– , a lo que se une la ausencia de la vigilancia y seguimientos precisos y continuos del estado de conservación y los riesgos asociados a los problemas de estabilidad de construcciones públicas o privadas y acometer con la antelación debida las obras de reparación y consolidación con las que asegurar su resistencia ante la fuerza de las aguas, la intensidad de los vientos o el peso de las nevadas.
Unas repoblaciones que marginan otros aprovechamientos con maderas nobles o frutícolas y sus rentabilidades económicas y ambientales
Por todo ello, asumir como inevitables la proliferación de argayos y deslizamientos de tierras es ignorar, como viene advirtiéndose hace tiempo, las nefastas consecuencias de las plantaciones masivas e indiscriminadas de monocultivos arbóreos de crecimiento rápido –pinos, eucaliptos y chopos principalmente–, sustituyendo a la vegetación natural arbustiva y arbórea –robles, hayas abedules, salces, alisos, avellanos...– mucho más capaces de fijar los suelos, facilitar el esponjamiento y la amortiguación de las escorrentías superficiales o reducir los riesgos de incendios e independientemente de la calidad y singularidad de los paisajes y la biodiversidad que albergan. Unas repoblaciones que marginan otros aprovechamientos con maderas nobles o frutícolas y sus rentabilidades económicas y ambientales al priorizar con los exclusivamente industriales y a corto plazo –y hay que considerar el hundimiento de los precios con el cierre de SNIACE y la reducción de la demanda de este tipo de madera– y los inconvenientes añadidos de las talas a matarrasa o la falta de respeto a las mínimas servidumbres que no se cumplen, ni siquiera con Ordenanzas Forestales específicas, respecto a autovías, carreteras nacionales, autonómicas y locales, o a las numerosas pistas forestales y caminos rurales que tampoco son objeto de las necesarias actuaciones de mantenimiento para hacer cumplir las distancias más exigentes, evitar la deforestación de márgenes y fuertes pendientes, y proceder a actualizar, de manera permanente, las labores de drenaje y canalización de las aguas en todos los niveles de cunetas, laderas y taludes para prevenir los fenómenos erosivos y los desprendimientos de tierra, barro y rocas que acaban invadiendo y poniendo en peligro la circulación. Los problemas se acentúan, también, por el maltrato que sufren particularmente las canales, arroyos y cauces fluviales al quedar desprovistos por la propia intervención humana en las talas de la vegetación natural que sirve de amortiguación ante las fuertes precipitaciones y las crecidas e inundaciones en las vegas, mieses y núcleos de población situadas en las tierras bajas.
No podemos olvidar, tampoco, los estragos de los temporales costeros y la subida del nivel del mar que no están siendo acompañados de una estrategia paralela –al igual que habría que hacer con la ocupación de las llanuras de inundación de los cursos fluviales– de retranqueamientos generalizados de las infraestructuras y asentamientos –aparcamientos, áreas de autocaravanas. campings, chiringuitos, viviendas...– que han ido invadiendo los entornos más próximos o el mismo interior de marismas, campos de dunas, playas y acantilados como espacios más expuestos –pero, también, como colchones amortiguadores del oleaje y las transgresiones marinas– a los cada vez más frecuentes daños de los temporales e independientemente, a su vez, de conservar las funciones ambientales de los ecosistemas de frontera y la calidad de los paisajes que encierran la diafanidad y profundidad de perspectivas y horizontes de las costas cantábricas.