martes 19/10/21

El secuestro de las vías públicas

La ley antitabaco de 2010 ha provocado el acaparamiento de los lugares públicos por parte de la empresa privada. La prohibición de que los clientes fumen en el interior de los locales propició una creciente expansión de terrazas que ha enriquecido a los ayuntamientos y le roba espacio público a los ciudadanos.

Quizás sería más correcto hablar de la apropiación indebida del espacio común, que se produce por parte de establecimientos privados al amparo de unas ordenanzas municipales, poco acertadas y menos respetadas, y que paradójicamente tuvieron parte de su origen en la ley 42/2010, de 30 de diciembre, más conocida como la "ley antitabaco".

Esta norma, tan controvertida en sus inicios, pero que ha conseguido un objetivo muy importante, mejorar la salud de los ciudadanos; sin embargo ha tenido otras consecuencias no buscadas, sobre todo ha ayudado de una manera sustancial a producir un efecto colateral poco estudiado, como ha sido la conquista y expansión por las vías públicas, de bares, cafeterías, restaurantes y demás establecimientos, como si fueran una mancha de aceite que va invadiendo las ciudades y pueblos.

Al amparo de esta legislación que prohíbe fumar dentro de los citados establecimientos se ha sacado, o expulsado, a "la calle" a los fumadores, de esta forma primero fueron creciendo tímidamente las terrazas improvisadas, después viendo "el negocio" pasaron a ser permanentes, poco a poco esa expansión nos ha ido quitando el espacio a los ciudadanos.

La presión de un colectivo muy importante, y tal vez también con el fin de amortiguar el efecto negativo que podía tener en la hostelería la nueva ley, los ayuntamientos fueron relajando la vigilancia de las normas que rigen la instalación de terrazas. Mirando hacia el cielo ante muchas irregularidades. Se permitieron, mesas altas, medidas no reglamentarias de ocupación de los espacios, barriles en los locales con aceras estrechas, anclajes ilegales... Y aparecieron, como una explosión de virus en otoño, nuevas terrazas. De ser una opción de unos pocos hosteleros, de repente pasó a ser algo de uso masivo.

Muchas veces un paseo se puede convertir en toda una carrera de obstáculos, quién no ha tenido que desviarse y/o esperar porque no había espacio para pasar, o sólo se podía andar en una dirección y si te descuidas de perfil.

La falta de control municipal es harto sospechosa, entre los metros de licencia concedida por la autoridad pertinente y las medidas ocupadas de espacio público, cualquier comparación es pura coincidencia; en algunos casos el espacio exterior duplica el interior del establecimiento, y el metro cuadrado propiedad de todos, pasan a ser parte de un negocio privado.

Por otra parte, está el afán recaudador del consistorio correspondiente, que ha visto la posibilidad de un dinero fácil y sin demasiados problemas, dándose licencias y concesiones sin los estudios necesarios de impacto y viabilidad de las mismas, con las limitaciones y riesgos que pueden producir esas concesiones.

Cualquiera de nosotros caminando por las calles de nuestro pueblo ha podido comprobar, de primera mano, que se extienden unas nuevas barreras arquitectónicas, formadas por las mesas y  sillas que invaden nuestro camino, y que cuanto más grande sea la acera mayor espacio hay, no para el peatón, sino para el establecimiento privado; es cierto que rara vez se protesta por ello, ya que lo consideramos un mal menor, nos hemos acostumbrado a su existencia y han pasado a  formar parte de nuestro paisaje cotidiano.

Se puede también hablar de nuevas situaciones, hábitos poco ejemplares, y no deseados, que hemos sacado del interior de los establecimientos a exponer en las vías públicas, como el consumo de tabaco y alcohol... Imágenes y conductas que ponemos a la luz de todos los viandantes, también están otros efectos molestos como la contaminación lumínica y sobre todo acústica.

Da la impresión que todo se justifica por los beneficios que puede producir en nuestra economía, se considera que lo fundamental es que estos establecimientos sigan funcionando, y todo lo relatado es simplemente una pequeña molestia, algo que nos toca soportar estoicamente.

Es cierto, que poner únicamente como causantes de estas situaciones a los establecimientos puede ser poco razonable, ya que hay una gran responsabilidad de las autoridades locales, que dan las licencias, y luego no realizan un seguimiento de su cumplimiento; de tal forma que parece que tiene que funcionar como la teoría del libre mercado de Adam Smith, se regularán a través de esa "mano invisible" que será por la propia competencia, y la ley de la oferta y la demanda. Si pongo un mesa fuera de mi zona, serán los que se sientan perjudicados los que tengan que presentar la consiguiente reclamación o queja.

Ahora que ampliamos los espacios comunes, que hacemos peatonales las calles, lo cierto es que tiene poco sentido que luego este espacio común sea para realizar un negocio privado. Hacer ciudades más amables y más respetuosas con las personas es un deber de todos.

Muchas veces estas cosas, que llamamos pequeños detalles, tienen más importancia de la que les damos, sobre todo,  para los que se pueden ser más sensible a estas situaciones, así podemos estar dificultando gravemente el derecho de aquellos que tiene que utilizar una silla de ruedas, siendo su medio para poder tener movilidad, y les impedimos claramente sus derechos incumplimiento la legalidad vigente; o esa pareja con el cochecito del niño donde hay que ir apartando las sillas para poder pasar con el mismo, y cuando uno está sólo el problema es más difícil de resolver... Hay incluso temas de seguridad muy cuestionables, donde en situación de emergencia estos obstáculos  pueden dar lugar a consecuencias graves para los ciudadanos.

El concepto de calidad de vida, de ciudades más amables, de crecimiento sostenible no puede hacerse a costa de quitar a todos para dar a unos pocos, ni incumpliendo la legislación; un reciente estudio manejaba datos según los cuales más de un 87% de estos establecimientos no cumplen las normas, entre ellas para más "INRI" la propia "ley antitabaco".

Toda generalización produce injusticias, seguro que hay establecimientos y ayuntamientos que cumplen con la normativa vigente y aportan riqueza a nuestro país. Ahora bien, son tantas las excepciones y el incumplimiento, que merece la pena dar un toque de atención a quien corresponda, también podemos estar hablando de competencias desleales, pero sobre todo el llamamiento es a nuestras autoridades para que defiendan el patrimonio de todos los ciudadanos como es su obligación.

Cuando un problema es general, y se produce lo mismo en Santander que en Santoña, en Madrid que en Barcelona, es que algo estamos haciendo muy mal. Pidamos responsabilidad a las autoridades, necesitamos normas adecuadas y sobre todo el cumplimiento de las mismas, no nos dejemos robar, secuestrar o que nos quiten, por unos pocos, nuestro espacio común.

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