lunes 23/5/22

El que rompe paga

Todos hemos escuchado la sentencia, "el que rompe paga y se queda con los trozos" una de esas frases que forman parte de nuestro acervo popular como ley consuetudinaria.

Hace apenas unos días 19 familias de un pequeño pueblo, Bueu, en la provincia de Pontevedra, estaban al borde de un ataque de nervios, sus viviendas iban a ser derribadas el día 2 de noviembre. La sentencia condena al Ayuntamiento por actuaciones irregulares en el ámbito de los permisos concedidos para sus viviendas, pero como suele suceder en estos casos, la condena es al Ayuntamiento pero la pena y la condena real recae sobre familias con unas viviendas de VPO que no tienen culpa alguna.

El miedo, el sufrimiento, todo el aparato de la Administración contra ciudadanos inocentes ¿Qué hacer cuando una resolución del Ayuntamiento te ordena sacar todos tus enseres, todo lo que uno tiene en su casa y te ponen literalmente en la calle?, es decir el culpable, el que ha realizado actuaciones ilícitas es quien no te da ninguna solución y te destroza la vida.

Sólo la sensibilidad de una jueza que aplicando el nuevo artículo 108.3 de la LRJCA aprobado el pasado mes de julio, ha puesto un poco de sensatez, como se deduce del citado artículo, antes de poner en la calle a estas familias, el culpable tiene que darles una justa solución. Esto es, "el que rompe paga", y quien ha roto la legalidad vigente ha sido, sin ninguna duda, el Ayuntamiento porque así lo dice la propia sentencia.

No nos creemos en posesión de la verdad, y estamos abiertos a escuchar los razonamientos de los demás,  pero me voy a permitir discrepar de una serie de declaraciones que se están haciendo sobre la reforma del artículo 108.3 de la LRJCA, sobre sus supuestas consecuencias. Comentar que nosotros conocemos muy bien el artículo referido, ya que hemos sido unos de los impulsores del citado cambio legislativo, y no crean que ha sido fácil, todo lo contrario, hemos pasado muchas horas, para que fuera aprobado por consenso. Así 220 Senadores que representaban a todos los Grupos votaron a favor.

Hemos trabajado desde la humildad, pero también desde el convencimiento de la necesidad de que se tomen medidas legislativas, para proteger a los terceros de buena fe.  El citado artículo 108.3 sólo pretende dar seguridad jurídica a todos los ciudadanos, que si la Administración es condenada en sentencia firme asuma su responsabilidad y pague por ello.

No nos podemos llevar las manos a la cabeza cuando echan a la calle, desahucian, a una abuela que no tiene culpa alguna, normalmente lo realiza el mismo Ayuntamiento que es el condenado, y el que ha cometido el ilícito y/o delito, como ha pasado en Bueu. Tenemos que ser capaces de proteger a las familias para que no haya injusticias de este tipo. Nuestra Asociación lleva más de 10 años trabajando para conseguir una legislación más justa, que proteja a los ciudadanos ante los abusos de promotores, constructores... y de las propias Administraciones.

Siempre hemos partido de tres posibles soluciones, que son la base de los convenios entre el Gobierno de Cantabria y las víctimas de las sentencias de derribo.

a)    Donde la legalidad vigente permita regularizar, hágase; pero no se engañe, ni a los ciudadanos, ni a los afectados, diciendo que se va a legalizar donde no es posible. Ahora bien nunca entenderemos algunas sentencias que mandan derribar en un suelo urbano consolidado, donde posteriormente se puede volver a construir, incluso con más volumetría como sucede en algunas resoluciones que conocemos.

b)   Donde no sea posible esta regularización urbanística, se dé una vivienda de similares características y valor en el mismo municipio a la familia afectada.

c)    Cuando tampoco sea posible esta segunda opción, se indemnice a los afectados por el valor de mercado de su vivienda, sin que en ningún momento pueda existir pérdida patrimonial, ya que quien no tiene responsabilidad alguna no tiene que asumir las sanciones de quien ha incumplido las normas.

Esto es lo que pedimos en todos los casos,  que quien incumple las leyes asuma sus responsabilidades, y quien es víctima de los ilícitos no sea condenado injustamente. Creemos necesarios cambios normativos que nos den seguridad jurídica a todos, que la responsabilidad de los actos ilícitos no la paguen familias inocentes, que no destrocemos la vida a personas que simplemente trabajan por tener un futuro.

Les aseguro que sabemos de lo que hablamos, nuestra Asociación está compuesta por familias que llevamos décadas sufriendo un maltrato continuado de las Administraciones Públicas, Ayuntamientos, Gobierno Autonómico e incluso las propias resoluciones judiciales.  Durante muchos años nuestras familias que nunca hemos cometido un ilícito, que no tenemos responsabilidad alguna, pero que tenemos que soportar una cadena perpetua, como es estar siempre pendientes del derribo de nuestra vivienda, sin culpa alguna.

Hay incluso casos tan sangrantes como familias que han derribado su vivienda y viven precariamente en una lonja, otras que no pueden ir a su propia casa, porque los psicólogos les han recomendado que por el sufrimiento y el estrés que les produce es mejor alejarse de ese lugar. Personas en  largos y costosos tratamientos médicos, por el daño que se les ha infringido gratuitamente.

Cuando hablamos de víctimas lo hacemos como consecuencia de resoluciones judiciales de sentencias firmes, apoyadas por informes de peritos y expertos, leer los mismos es bajar al mundo de los infiernos y los miedos. Cualquiera puede comprender lo duro que es pensar que te pueden derribar tu hogar, sin estar condenado por nada, ni ser incluso parte del proceso. Les pedimos que vengan a hablar con nosotros a conocer a nuestras familias, a ver que somos gente sencilla que trabajamos para llegar a fin de mes, y que no merecen que nadie las maltrate de una forma tan cruel y reiterada,  que las Administraciones y la Justicia les han metido en este camino, siendo actores pasivos de un linchamiento totalmente injusto.

Actualmente, el Gobierno de Cantabria y los Ayuntamientos mediante resolución del Parlamento de Cantabria han pedido perdón a nuestras familias. La Justicia ha condenado a la Administraciones por los daños morales ocasionados a las familias, y el Gobierno de Cantabria está realizando unos convenios con los afectados donde asume la responsabilidad por el daño causado, pero este camino no es fácil, y queda todavía mucho por andar para que se haga justicia.  No podemos castigar a un sufrimiento sin límite temporal, a los que son buenos ciudadanos, y cumplen  con todos los preceptos legales y éticos.

Tenemos un grave problema, que desde la Asociación AMA y otras organizaciones como  AUAN, SOHA, CALU y FAUN, hemos denunciado y pedido reiteradamente a las instituciones tanto autonómicas, como estatales, e incluso europeas, cambios legislativos, que acaben la incertidumbre y las lagunas legislativas que existen en nuestro ordenamiento jurídico, y que afectan a la seguridad  jurídica en un momento tan importante como el de la adquisición de la vivienda.

Nos hubiera gustado que si alguien tenía reticencias sobre esta ley, las hubiera manifestado en su tramitación, que durante meses hemos estado escribiendo en los medios de comunicación pidiendo este cambio legislativo. Nos hubiera gustado que en los muchos años de sufrimiento de las familias por culpa de las Administraciones alguien nos hubiera ayudado a buscar soluciones o a paliar el daño producido; pero si hemos sido capaces de hacer pedagogía con todos los Senadores para que por unanimidad apoyaran el 108.3 de la LRJCA, cuya intención les aseguro que no es ir contra nadie, sino dar soluciones a situaciones tan duras e injustas sobre las que podemos contar largo y tendido. 

También queremos expresar nuestra postura con toda claridad, "que nadie nos ponga como escudos para sus tropelías, ni para aprovecharse del sufrimiento ajeno". El 108.3 LRJCA, tiene un claro interés general que en nuestra sociedad, y en nuestra legislación, tiene que ser compatible castigar al culpable, y restituir a la víctima por el daño sufrido. "El que rompe paga"

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